Los últimos documentos enviados por el Ministerio del Interior al juez del espionaje al entorno de Luis Bárcenas no identifican al mando que pudo ordenar los seguimientos al entorno del extesorero, ni aparecen encabezados con un nombre que pueda hacer reconocible la operación. Son las notas que cerca de setenta agentes del Área Especial de Seguimientos (AES) redactaron sobre el trabajo de campo realizado en el verano y el otoño de 2013 con la familia y otras personas próximas a Bárcenas, quien había ingresadon en prisión provisional el 13 de junio de ese año, han informado a eldiario.es fuentes del caso.
El Área Especial de Seguimientos (AES) pertenece a la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), que en ese momento mandaba el comisario principal Enrique García Castaño, conocido en la Policía como ‘El Gordo’. La UCAO es la unidad encargada de los seguimientos, los medios tecnológicos de investigaciones y la captación de fuentes. Enmarcada en la Comisaría General de Información (CGI), estructura antiterrorista de la Policía, trabaja sin embargo para cualquier unidad especializada que requiera de sus capacitaciones.
Las fuentes consultadas explican que las “notas de seguimiento”, como se refirió a ellas Fernando Grande-Marlaska en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, recogen los seguimientos realizados por hasta ochenta agentes de la AES en distintos turnos y días. No se trataba, precisan esas fuentes, de un control de 24 horas sobre Rosalía Iglesias y otras personas del entorno porque no es el método de trabajo que se aplica. A los policías de la AES se les marcaba el objetivo y ellos se limitaban a reflejar sus averiguaciones.
Los documentos que se han encontrado en la Comisaría General de Información a raíz de la petición de los jueces del caso Villarejo y el caso de la caja B no aclaran quién ordenó los seguimientos ni por qué. Al menos los que estaban en los archivos cuando se han ido a buscar. Cabe destacar que ni los mandos policiales ni los políticos del Ministerio del Interior son los mismos que cuando se ordenó el espionaje a Bárcenas. Por el momento ha sido imposible determinar si se han hecho desaparecer documentos o si los encontrados han sido modificados.
Los mandos que dirigieron la Operación Kitchen han explicado esta semana al juez que se trató de un dispositivo oficial encaminado a descubrir los testaferros y el dinero que supuestamente escondía Luis Bárcenas después de haber entrado en prisión. Juez y fiscales creen que fue una operación para robar documentación y adivinar los próximos movimientos de Bárcenas, que un mes después de su entrada en la cárcel reveló al juez veinte años de financiación irregular del Partido Popular.
El entonces jefe de la UCAO, Enrique García Castaño, ha explicado que intentó contactar con el chófer, que este se negó a tratar con él y que fue el policía asesor de Cospedal en esa época, Andrés Gómez Gordo, quien terminó por captar al conductor, con el que había coincidido en la Consejería de Justicia de la Comunidad de Madrid, a las órdenes de Francisco Granados. Gómez Gordo ha explicado que fue Pino quien le ordenó el trabajo y que el fin era aportar a la investigación judicial que se seguía por el caso Gürtel y la caja B del PP.
Es más, Gómez Gordo ha dicho al magistrado Manuel García-Castellón que los seguimientos y el trabajo del topo permitieron identificar a los testaferros de Bárcenas. Según fuentes jurídicas ha señalado al exsenador del PP y amigo de Bárcenas Javier Sánchez Lázaro como una de las personas que escondía el dinero del extesorero. Sin embargo, Sánchez Lázaro no aparece en los informes policiales del sumario ni fue llamado a declarar, ni como imputado ni como testigo.
Los responsables de la investigación del espionaje a Bárcenas ya han constatado que la UDEF, unidad de policía que trabajaba a las órdenes del juez Pablo Ruz en el caso Gürtel, nunca fue informada de las supuestas averiguaciones de la brigada política en la Operación Kitchen, pese a que los mandos policiales defienden lo contrario. García Castaño ha dicho que ese apelativo fue un invento del “canalla” de Villarejo por el aspecto del chófer, que le recordaba a “un cocinero”.
El juez García-Castellón ha imputado a Villarejo y a García-Castaño por dirigir la operación de infiltración del chófer y pagarle con fondos reservados; a Gómez Gordo por captarle y a Eugenio Pino como máximo responsable en tanto en cuanto director adjunto operativo de la Pollicía en ese momento y jefe directo de todos los demás. A todos ellos se les atribuye indiciariamente los delitos de robo, cohecho, malversación y prevaricación. Excepto a Gómez Gordo, y por el momento, también se les investiga por el asalto de un falso cura armado a casa de los Bárcenas, por los que se les atribuye presuntamente un delito de allanamiento de morada.