Los contratos y facturas que este jueves pidió la Guardia Civil en tres organismos de la Comunidad de Madrid fueron firmados con dos empresarios que están en el centro de la trama Púnica, como se conoce a la red desarticulada a finales de octubre y que tenía entre sus cabecillas al antiguo número dos del PP madrileño Francisco Granados. El juez Eloy Velasco definió entonces a esos dos empresarios, Alejandro de Pedro Llorca y José Antonio Alonso Conesa, con una misma expresión: “cabeza de un entramado de tráfico de influencias”.
Ese entramado necesitaba de contactos en el lado de la Administración y allí estaba, entre otros, José Antonio Martínez Nicolás, consejero delegado de la Agencia de Informática (ICM) de la Comunidad de Madrid. Fue detenido el 27 de octubre y quedó en libertad con cargos tras declarar ante el juez Velasco. El empresario De Pedro no tuvo tanta suerte. El juez lo envió a prisión incondicional por su relevante papel en el entramado. En el auto de prisión, el juez consideraba “acreditado” que las empresas de De Pedro “servicios de reputación en Internet para autoridades políticas” y que éstas intentaban ocultarlo ya que eran pagados de forma irregular con dinero de la Administración.
¿Quiénes son esas “autoridades políticas”. Según 'El País', durante la declaración ante el juez, el jefe de informática de la Comunidad de Madrid señaló a quién le daba las órdenes. Martínez Nicolás habría señalado al consejero de Presidencia, Salvador Victoria, como el cargo que le ordenó pedir a Indra, otra empresa adjudicataria de la Comunidad, que abonara a De Pedro los 10.000 euros que debían por uno de esos trabajos inconfesables de fomento de la reputación en Internet. Victoria era presidente del Consejo de Administración de la ICM y, como tal, jefe directo de Martínez Nicolás. El número dos del Gobierno de Madrid niega rotundamente haber ordenado ese pago.
A pesar de las afirmaciones del juez en sus autos, negro sobre blanco, la Comunidad de Madrid niega esos trabajos de promoción de sus cargos en la red porque serían “ilegales”. Fuentes del Gobierno de Madrid aseguran que los encargos estaban dirigidos a realizar el clipping de noticias (resumen de prensa) y el posicionamiento de las informaciones del Ejecutivo en la Red.
Segunda fase
Casi dos meses después de las detenciones, el juez ha dado un nuevo impulso a la investigación. En la sede de la Unidad Central Operativa (UCO) en el barrio de Barajas se apilaron durante semanas las cajas de la ingente documentación incautada en los 200 registros practicados. Cuando se procedió a su apertura, en presencia del secretario judicial, comenzó una ardua labor de búsqueda de datos y análisis. Con sus resultados, la primera decisión relevante del juez ha sido el envío de la Guardia Civil a la sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid.
El juez ha optado por enviar a los agentes a tres organismos de la Comunidad de Madrid: Área de Contratación, la Oficina de Comunicación y la Agencia de Informática (ICM). Los guardias del Grupo de Delitos contra la Administración de la UCO llevaban requerimientos para recabar todos los contratos y facturas de este organismos con cinco empresas, dos de De Pedro y otras tres de otro “cabeza de entramado” José Antonio Alonso Conesa en los últimos cinco años. De Pedro consiguió contratos con el Gobierno del PP a través de sus empresas Madiva Editorial y Eico Online. En la primera De Pedro no figura, pero la Guardia Civil no alberga dudas de que se encuentra detrás de ella. En Eico Online aparece como presidente.
El otro empresario 'conseguidor' al que afecta la documentación, José Antonio Alonso, fue alcalde de Cartagena con el mismo Popular. Su nombre está en tres empresas: Apsara, Atalia y Centro Audiovisual de Inversiones, según fuentes de la investigación. El exalcalde está imputado por un total de seis delitos como “cabeza de un entramado de tráfico de influencias, habiéndose acreditado que se ha concertado con diversas autoridades de Murcia, León y Madrid para la adjudicación de contratos”.
Los agentes de la UCO se pudieron de llevar de las tres visitas realizadas este jueves una parte menor de la documentación requerida, la que los funcionarios tenían a mano en ese momento, según las fuentes consultadas. La Comunidad de Madrid se comprometió a aportar las facturas y contratos restantes a lo largo de la próxima semana. Si no quieren un registro, no tienen otro remedio: el juez ha puesto el viernes 30 como fecha límite.
Esta nueva fase de la 'Operación Púnica' se produce en fechas próximas a la designación de candidatos para las próximas elecciones autonómicas, que se celebrarán en primavera. El actual presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha expresado públicamente su intención de repetir como candidato.