Operaciones Bolívar y Venus: el testimonio de una jefa de la Policía sobre la guerra sucia a Podemos

La inspectora de Policía que viajó a Nueva York para recabar información de un exministro de Chávez contra Podemos y que indagó en el dosier parapolicial PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima) ha confesado a la Audiencia Nacional que se introdujo en bases de datos restringidas para investigar la actividad del entonces líder de Podemos, el tercer partido con mayor representación entonces en el Parlamento español.

En un escrito al que ha tenido acceso elDiario.es, la inspectora jefe de la UDEF desvela el nombre y el objetivo de dos de las maniobras que la Policía desplegó en 2016, cuando Podemos apuntaba a gobernar en coalición con el PSOE. Se trata de las operaciones Bolívar y Venus. Ambas tenían carácter “secreto” y se llevaron a cabo bajo un Gobierno del PP.

La inspectora ha revelado a la Audiencia Nacional que fue enviada a Estados Unidos por la Dirección de la Policía en abril de 2016, que a su regreso consultó bases de datos reservadas para descubrir posibles viajes de Pablo Iglesias a Venezuela y que la Fiscalía rechazó después abrir una investigación con unos indicios tan endebles. 

Aquella operación fue bautizada por la UDEF como ‘Bolívar’ y decayó a los tres meses. Para entonces, el diario ‘Abc’ había publicado las acusaciones contra Podemos, a tan solo seis semanas de las elecciones generales. 

El nuevo frente que quería abrir el Ministerio del Interior a Podemos se centraba en una supuesta financiación procedente de Venezuela y su ocultación a la Hacienda española. El ‘modus operandi’ fue el mismo que en otras operaciones de la brigada política del PP: acusaciones policiales publicadas en la portada de un medio que nunca llegan a investigarse en un juzgado. 

El diario ABC reprodujo en su edición del 13 de mayo de 2016 un extracto de la declaración que el exministro de Finanzas de Venezuela, Rafael Isea, habría hecho ante “dos agentes” de la Policía española el mes anterior en Nueva York. En su declaración, Isea aseguraba, “sin ningún tipo de duda”, que Hugo Chávez en persona firmó pagos por más de 7 millones de euros a la fundación CEPS, con la que habían estado vinculados fundadores de Podemos. La ocultación de esos ingresos a la Hacienda pública constituían el verdadero interés de los policías. 

Tendrían que pasar tres años para que trascendiera que no fueron “dos agentes” los que entrevistaron a Isea aquel día en Nueva York. Así lo puso de manifiesto una grabación publicada el 3 de abril de 2019 por moncloa.com. En ella aparece hablando el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, uno de los puntales de la brigada política. La voz de la inspectora y su inmediato superior en la UDEF no se oye. Pero sí la de Fuentes Gago diciendo al exministro chavista que él está allí con “un mandato” del entonces presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy. 

En alusión a Podemos, Fuentes Gago afirma: “Si evitamos que llegue [Podemos] al Gobierno, mejor para todos”. José Ángel Fuentes Gago declaró como investigado el pasado 29 de octubre en la causa por la guerra sucia a Podemos a la que ahora se incorpora el testimonio de la ahora inspectora. Ante el juez Santiago Pedraz, Fuentes Gago declaró no reconocer su voz en esa grabación.

La UDEF blanquea dosieres

elDiario.es pudo identificar en mayo de 2016 a los dos policías que firmaban el acta de declaración de Rafael Isea, a partir de los números de carnet profesional que aparecían en las fotos de documentos que Abc reproducía. No eran dos policías cualquiera. Se trataba del jefe de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), José Manuel García Catalán, y de una inspectora, que actuaba como jefe de grupo en la misma unidad. 

Es esa inspectora, de nombre Silvia, quien acaba de informar a Pedraz de los motivos por los que aparece en las bases de datos policiales consultando información sobre Pablo Iglesias. En apenas cinco párrafos de su escrito, la inspectora intenta dar apariencia de normalidad al viaje a Nueva York. Pero en tan poco espacio afloran todos los mimbres con los que se fabricó la guerra sucia contra Podemos durante el Gobierno del Partido Popular.  

La UDEF es una estructura central de la Policía dedicada a los grandes casos de corrupción. La utilización de una unidad así, destinada a trabajar a las órdenes de un juez, fue un mecanismo recurrente para blanquear las informaciones de confidentes o las notas que elaboraban Villarejo y otros comisarios en la brigada política, sobre Catalunya y después contra Podemos.

La inspectora Silvia explica que ella y su jefe, José Manuel García Catalán, fueron “comisionados” para viajar a Nueva York por la Dirección Adjunta Operativa de la Policía, estructura donde anidó la brigada política y en la que estuvieron destinados los mandos que van a ser juzgados por el espionaje parapolicial a Luis Bárcenas. 

El objetivo del viaje era, según explica la inspectora, “tomar declaración a una persona de nacionalidad venezolana residente allí, la cual había ocupado un puesto de gran responsabilidad en el Gobierno de su país, ya que quería denunciar unos hechos que él consideraba delictivos”. 

Una vez recabado el testimonio de Rafael Isea, Silvia y los otros dos policías regresaron a Madrid. La inspectora jefa asegura que fue entonces, el 14 de abril de 2016, cuando se abrió oficialmente la Operación Bolívar. “Su objetivo era comprobar la veracidad de lo expuesto en la denuncia y continuar con las investigaciones si procedía”, según el testimonio de la inspectora jefe. 

En el relato ante el juez la inspectora cuenta que solo tres meses después la operación Bolívar, en julio, la investigación pasó al estado de “pasiva” porque “no se encontraron indicios suficientes de delito”. Antes, los fiscales de la Audiencia Nacional habían escuchado a Silvia, quien les presentó la declaración de Isea “en una reunión informal”. El Ministerio Público consideró que no había indicios de delito y contestó que no pensaba abrir unas diligencias de investigación con un testimonio tan endeble. 

La pata mediática

La operación había fracasado en su supuesto objetivo de esclarecer un presunto delito, pero no en el real: perjudicar a un partido con representación parlamentaria y opciones de gobernar. 

La brigada política –cuya existencia nunca reconoció Interior– había obtenido una información según la cual el exministro Isea podría colaborar en ofrecer información de un rival del Partido Popular, formación que gobernaba entonces. Con la promesa de refugio en España para él y su familia, Isea realizó una serie de afirmaciones que nunca se confirmaron. Era lo de menos. Un periódico publicó las graves acusaciones de financiación chavista de Podemos a un mes de las elecciones generales. El daño ya estaba hecho. 

El escrito remitido por la inspectora jefe al juzgado de la Audiencia Nacional es relevante por una segunda cuestión: en él, un mando policial reconoce haber realizado las consultas de las bases de datos reservadas que el partido ha denunciado y que investiga Pedraz como parte de las maniobras contra Podemos. 

En este sentido, la inspectora jefe Silvia asegura que consultó si Pablo Iglesias, entonces parlamentario y portavoz del tercer partido con mayor representación, “había viajado a Venezuela en alguna ocasión y/o si había tenido contactos con alguna autoridad venezolana en territorio español”.

La causa abierta en la Audiencia Nacional

El Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional investiga una querella presentada por Podemos contra responsables políticos y funcionarios del Ministerio del Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy. Por el momento están imputados el que fuera número dos del departamento, Francisco Martínez, y varios policías de la brigada política. 

En el marco de esa operación afloraron miles de consultas a las bases de datos policiales en los años 2014 y 2015 sobre diputados de Podemos. En un escrito al juzgado, Martínez asegura que responden a consultas rutinarias de la Policía, que muchas son sobre personas que se llaman igual o con apellidos de dirigentes de Podemos y que incluso otras están relacionadas con funciones de protección a los políticos en aquel momento. 

Una de las operaciones investigadas en el Juzgado de Pedraz es el viaje a Nueva York, sufragado con fondos públicos, de al menos tres funcionarios de la Policía en abril de 2016. También la redacción y publicación del informe PISA, sobre la supuesta financiación de Podemos por Irán y Venezuela a través de una productora audiovisual.

En 2019, tras publicarse la grabación que realizaron los policías españoles a Rafael Isea, el exministro de Chávez explicó a La Sexta que lo que le mostraron los policías para que ratificara fue una copia de un documento, y no el original, en el que reconoció su propia firma y la del comandante Chávez.

El documento en cuestión fue un supuesto pago de 7,1 millones de euros a CEPS en 2008 por el conjunto de los servicios de asesoramiento prestados en el país caribeño a diversos ministerios y organismos públicos por parte de la fundación. En CEPS figuraron antes de crear Podemos la mayor parte de los fundadores de Podemos, caso de Pablo Iglesias, Íñigo Errejón, Carolina Bescansa o Juan Carlos Monedero.

Operación Venus: salvar el informe PISA

La inspectora jefe Silvia ha desvelado al juez que uno de sus subordinados y ella misma también hicieron otras consultas sobre Pablo Iglesias a partir de otra investigación, la que intentó blanquear el informe PISA. Aquel dosier, cuya autoría nadie reconoce, fue entregado por la propia Policía a la UDEF para que arrancara una investigación que también fracasó. Diez meses estuvieron investigando los agentes de la UDEF, entre febrero y diciembre de 2016.

La dinámica se repite. El Confidencial y Okdiario publicaron el contenido del dosier en enero de 2016, coincidiendo con el inicio de las negociaciones entre PSOE y Podemos para formar un Gobierno de izquierdas. La investigación de la UDEF fue bautizada en este caso como Operación Venus. 

Las sospechas de financiación procedente de Irán y Venezuela que recogía el dosier habían sido despreciadas por el Tribunal Supremo en abril de 2016 y por la Audiencia Nacional en julio. Poco importó para que la UDEF siguiera investigando el dosier hasta diciembre de ese año, según revela en su escrito la inspectora jefe Silvia. 

La Operación Venus había arrancado en febrero de 2016. Ese mismo mes, la UDEF había remitido las sospechas contenidas en el informe PISA al Tribunal de Cuentas, en medio del escándalo por el carácter apócrifo del dosier publicado en los medios afines al Gobierno del PP. Ahora se conoce que la unidad especializada siguió investigando en secreto hasta diciembre de ese año. 

En su versión de los hechos, la inspectora jefe Silvia afirma que uno de sus subordinados incluyó el nombre de Pablo Iglesias Turrión en la aplicación Personas de la Policía Nacional. Con posterioridad, Silvia decidió que, “dada la sensibilidad de las personas investigadas, sólo ella procedería a consultar en bases de datos”.