En el Congreso se acumulan las peticiones de comparecencia de miembros del gabinete de Mariano Rajoy. Las últimas solicitudes han llegado este miércoles tras la imputación de la delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa. PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos quieren que dé explicaciones en el Congreso.
Los grupos de la oposición han registrado las solicitudes de comparecencia en la Comisión Constitucional, que es la que le corresponde a Dancausa por su puesto en la Delegación del Gobierno. El PSOE quiere, además, que comparezca por este mismo asunto la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, de quien depende jerárquicamente.
El PSOE de Madrid exige la dimisión
Los socialistas madrileños han ido un paso más allá que el Grupo Socialista en el Congreso y han exigido la dimisión de Dancausa o que Rajoy la destituya. “Esta situación pone de manifiesto la necesidad de un cambio de políticas que posibilite una regeneración en las instituciones y muy concretamente en la Comunidad de Madrid”, ha expresado el número dos del PSOE-M, Enrique Rico.
El PSOE madrileño, que ha iniciado los contactos con Ciudadanos y Podemos para explorar las posibilidades de una moción de censura contra Cristina Cifuentes, creen que la imputación de Dancausa es un argumento más para que prospere. “No entendemos la actitud de Ciudadanos, que ante una situación como ésta rechazan hablar de ello y plantear alternativas”, ha dicho Rico ante la negativa de Albert Rivera a impulsar un cambio en Madrid.
El Juzgado de Instrucción nº15 de Madrid ha admitido a trámite la denuncia presentada por la Fiscalía por el fraude en una operación de Mercamadrid y ha notificado a los a los denunciados que les citará a declarar en calidad de investigados -antes imputados-. Entre ellos está la delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, y el hermano de Ignacio González, Pablo, en prisión por el caso Lezo.
También serán llamados a declarar como investigados un alto cargo de Cristina Cifuentes, José Enrique Núñez Guijarro, y un miembro del Consejo de Administración del Canal de Isabel II, Manuel Beltrán Pedreira. La denuncia se dirige contra un total de 16 personas por un presunto delito societario.