La mayoría de los grupos parlamentarios de la oposición han puesto este martes en duda en el Senado que la eliminación del papel en los Juzgados, prevista en la Ley de Enjuiciamiento Civil que se tramita en la cámara alta, llegue a buen puerto en la fecha prevista, 1 de enero de 2016.
El PSOE, IU, PNV han tachado la iniciativa como una misión “imposible” que, lejos de facilitar la modernización de la Justicia, provocará conflictos. Así, el senador socialista Rodríguez Esquerdo ha indicado que la moficación de la norma que propone el Gobierno “privatiza y mercantiliza la justicia civil”.
Por su parte, el senador del PNV Jokin Bildarratz ha asegurado que todos los partidos son conscientes “de las verdaderas dificultades” existentes para que la iniciativa llegue a buen puerto. “Otro desaguisado más”, ha dicho.
El representante de IU Jesús Iglesias ha precisado que pretender que a 1 de enero sea posible prescindir del papel y funcionar sólo con nuevas tecnologías “resulta imposible”. “Otra reforma abocada a generar frustración”.
Tras el debate de los vetos, la Comisión de Justicia ha rechazado con los votos del PP los cinco planteados contra la reforma por los grupos parlamentarios mixto, catalán y socialista. La senadora popular María del Carmen Dueñas ha recordado, por su parte, que los Presupuestos Generales del Estado prevén aportar 64,62 millones al Plan de aceleración de la Justicia en entornos digitales, avanzar hacia el papel cero y la Justicia en red, un 35,7% más.
El Proyecto de Ley de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil marca la obligación de que los Juzgados trabajen exclusivamente a través de medios electrónicos a partir del 1 enero de 2016.
El proyecto pretende la implantación del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en diferentes trámites y procesos judiciales. Tras su aprobación hoy, el texto pasará al Senado para su tramitación correspondiente.
COMUNICACIONES ENTRE PROFESIONALES
La nueva norma obliga a que las comunicaciones entre profesionales de los órganos judiciales se realicen de forma exclusiva a través de medios informáticos a partir del próximo año y en todos los órdenes jurisdiccionales.
Así, los jueces podrán emplear datos de correo electrónico y de número de teléfono para localizar a los demandados. De esta forma, el Ministerio de Justicia defiende que se hará habitual en la Administración de Justicia la recepción electrónica de las notificaciones que hasta ahora se recibían en papel. Además, se podrá informar mediante aviso por SMS al teléfono móvil de la persona interesada de que se le ha de practicar una notificación.
En relación a los profesionales que colaboran con la Administración de Justicia, los colegios de procuradores estarán obligados a habilitar los medios necesarios de forma que pueda garantizarse el envío y recepción de notificaciones electrónicas en todo el territorio nacional.
En cuanto a la presentación de escritos y documentos, a partir del 1 de enero de 2016, tanto los profesionales como los órganos judiciales estarán también obligados a emplear los medios electrónicos existentes para realizar esta actividad. Para hacerlo efectivo, la administración competente deberá de habilitar los medios técnicos necesarios antes de dicha fecha.