Miles de ciudadanos tratarán este sábado de lograr una de las 391 plazas que oferta el Ministerio de Justicia en las pruebas de selección que tiene previsto realizar el departamento que dirige Rafael Catalá. Unas oposiciones que se han puesto en entredicho por sindicatos y aspirantes por la polémica que ha suscitado en los últimos días el hecho de que se haya forzado la renuncia de uno de los miembros del tribunal calificador por supuestas incompatibilidades.
Fue el pasado martes, a cuatro días de los exámenes, cuando el Boletín Oficial del Estado publicó los nombres de los nuevos integrantes de los tribunales calificadores de los citados procesos selectivos, escogidos a raíz de las renuncias de los miembros iniciales. En la orden se nombra “vocal del tribunal Titular del Tribunal Calificador Único a D. Miguel Bueno Benedí, Letrado de la Administración de Justicia” en sustitución de Inmaculada Concepción Rejas de Francisco. A raíz de la publicación, el sindicato CSIF recibió “numerosas quejas de opositores” que identificaron a Bueno Benedí “como preparador de oposiciones”. Es decir, esas denuncias sostenían que quien iba a evaluar las pruebas de los aspirantes era, a su vez, quien había preparado a muchos de ellos para esas pruebas.
El sindicato recordó entonces que la normativa establece “con total claridad” que no podrán formar parte de los tribunales “quienes hubieran realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de la correspondiente convocatoria”. Y por ello, se dirigió al ministerio “alertando de que ese miembro del Tribunal pudiera no cumplir con ese requisito” y, en consecuencia, solicitando que se procediera “a su sustitución”. Además, se hizo pública en la plataforma change.org una petición –firmada hasta ayer por 4.852 personas– para lograr que el proceso selectivo al Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia fuera “limpio y transparente”.
El jueves, el ministerio reaccionaba publicando una nota en la que aseguraba haber tomado distintas medidas “para garantizar la seguridad jurídica” del proceso. Entre ellas, el departamento de Rafael Catalá aceptaba la “renuncia” presentada por Bueno Benedí, “así como la declaración que efectúa de no haber llegado a participar, en ningún momento, de manera efectiva en labores de preparación de oposiciones de aspirante alguno”. No obstante, reconocía la realización de las “actuaciones oportunas para aclarar lo sucedido, determinar su alcance y las responsabilidades en que, eventualmente, hubieran podido incurrirse”.
Asimismo, y “a fin de asegurar el pleno cumplimiento de los principios de igualdad, mérito y capacidad que deben presidir todo proceso selectivo, y asegurar su adecuado desarrollo”, Justicia decidía reunir al tribunal calificador “para elaborar un nuevo cuestionario” de las oposiciones, asegurando, según el departamento, “la objetividad, neutralidad e independencia de la actuación de todos los miembros del tribunal calificador que intervienen en el mismo”. Mantenía, además, la fecha prevista para las pruebas –este sábado–, y lamentaba “las molestias que una situación puntual, imprevista y ajena, por completo, a su voluntad”, hubiera podido causar a los aspirantes.
Muchos de ellos no se contentaron con las explicaciones y lanzaron una nueva petición a través de change.org al entender que la prueba final “ha podido estar en manos de un miembro del tribunal cesado por incompatibilidad por ser preparador de oposiciones de este mismo cuerpo”. Pedían por ello a Justicia que anulara el examen de este sábado “y que un Tribunal Calificador Único sin conflictos ni incompatibilidades de ningún tipo, rehaga el examen”.
Fuentes del Ministerio de Justicia defendieron ayer la legalidad del proceso y explicaron que las medidas adoptadas el jueves se pusieron en marcha precisamente “para no tener que anular la convocatoria” de este sábado.