Ni unidad ni mucho menos unanimidad. La decisión tomada este jueves por el Comité Ejecutivo Nacional de Vox de romper los pactos de Gobierno con el PP en todas las comunidades autónomas, con la excusa de que no están dispuestos a aceptar el reparto de una cifra ínfima de menores migrantes llegados solos a Canarias, ha sacudido de nuevo los cimientos de la formación de extrema derecha. El partido vive una división interna que Santiago Abascal intenta minimizar pero cuyas consecuencias son aún desconocidas.
La decisión de romper con el PP se saldaba de inmediato con la insumisión del único consejero que tenía Vox en el gobierno de Extremadura: Ignacio Higuero, que anunció que se daba de baja en el partido para quedarse en el Ejecutivo de María Guardiola ocupando la misma cartera de Gestión Forestal y Mundo Rural. “Me llamabais el consejero de Vox y ahora soy el consejero de la Junta de Extremadura”, zanjaba en una comparecencia ante la prensa arropado por la propia Guardiola.
Pero Higuero no es el único que ha mostrado abiertamente su descontento con el órdago echado por Abascal. El malestar se extiende a algunos otros cargos que se sentían cómodos gobernando con el PP, como el consejero de Industria, Comercio y Empleo de Castilla y León, Mariano Veganzones, quien, según ha adelantado ABC, aunque sale del Gobierno de Mañueco, ha comunicado a Vox su decisión de abandonar la militancia en el partido. Su compañero y consejero de Cultura, Gonzalo Santonja, ha decidido mantener el pulso a Abascal y este viernes confirmaba que no iba a dimitir con el argumento de que el PP le había pedido que se quede en la cartera. El ya exvicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, reconocía en una comparecencia convocada para anunciar que él sí se marchaba y que “su deseo” era que todos los demás consejeros dimitieran, aunque reconocía que era “una decisión personal”. “Cada uno actuará con su sistema de valores”, asumió.
¿Qué va a pasar ahora?, es la pregunta que muchos se hacen en Vox. “Hay preocupación por la pérdida de poder institucional y a muchos nos gustaría saber por qué se rompe ahora y no antes”, asegura a elDiario.es una de las voces críticas que hay en Vox, que recuerda los numerosos agravios que han sufrido por parte del PP y del propio Alberto Núñez Feijóo. Unos agravios, que, en su opinión, eran motivos suficientes para haber originado antes ese divorcio. Entre otras cosas, cita que el líder del PP “intentó impedir” que se presentaran en Galicia, o el hecho de que les haya estado “ninguneando e insultando” en todas las campañas. Eso, añade esta voz crítica, por no hablar de la “deslealtad” que cree que los de Feijóo han demostrado con la ley de amnistía y su doble discurso: “Ponían el grito en el cielo mientras pactaban con los socialistas en Europa y se repartían aquí los organismos institucionales”.
Incluso hay quien va más allá y cree que Abascal se ha comportado como un “césar” imponiendo su criterio, “como suele hacer a menudo”. A juicio de este exdirigente del partido lo lógico es que la importante decisión se hubiera tomado de forma “sosegada” con todos los consejeros y cargos autonómicos implicados, sin tanta prisa. Abascal, sin embargo, se lanzó a amenazar con romper los pactos varios días antes de materializar la idea. La primera vez que envió serias advertencias al PP si aceptaba el reparto de inmigrantes menores en esos territorios fue el lunes pasado, después de la reunión con el Comité de Acción Política, en donde ya se planteó la cuestión pero no se tomó ninguna decisión en firme. No obstante, el líder de Vox ya había dejado caer algunas frases en ese mismo sentido mucho antes. Aquel lunes, en una comparecencia en la sede del partido, afirmó: “Abandonaremos esos gobiernos inmediatamente. No seremos cómplices ni de los robos, ni de los machetazos ni de las violaciones”. Los días posteriores continuó insistiendo en la misma idea hasta que este jueves por la noche la oficializó tras reunir a la dirección nacional.
Que la reunión fue tensa y que en ella hubo diversas voces discrepantes ha quedado patente. Según las fuentes de Vox consultadas por esta redacción, la decisión fue sometida al refrendo de la Ejecutiva y la consulta se saldó con “casi un 90% de apoyos” de los presentes. Es decir, que hubo al menos un 10% que no la respaldó. Hasta el propio Abascal, en una entrevista concedida el viernes a Telecinco, admitía que durante las cuatro horas y media que duró el cónclave –que fue el motivo por el que retrasó su comparecencia, prevista en un principio para las ocho de la noche– hubo un intenso debate y “diferentes posiciones” aunque al final la resolución se tomó “por mayoría” y de forma “colectiva”, porque Vox. según Abascal, “no es un partido norcoreano”.
Preocupación por la pérdida de poder institucional
La principal preocupación ahora es, por un lado, esa pérdida de poder institucional justo cuando Vox más necesitaba visibilidad política al surgirle un competidor como el agitador ultra Alvise Pérez, líder de Se Acabó La Fiesta, que ya les hizo un roto en las recientes elecciones europeas. Y puede hacerles otro si a alguno de los barones del PP se le ocurre convocar elecciones en su autonomía, algo que parece que los de Feijóo descartan. Pero, por otro lado, está la situación personal en la que se quedan los miembros que salen de esos Gobierno que mantenían con el PP. No todos son parlamentarios por lo que se quedan sin nada, como los consejeros de Agricultura e Industria de Castilla y León, Gerardo Dueñas y Mariano Veganzones, que han sido cesados por Mañueco y han abandonado Vox. Su compañero Gonzalo Santonja, que tampoco tiene acta, por el contario, ha desoído a Abascal y se queda al frente de la Consejería de Cultura en un gobierno en solitario del PP. Y el hasta ahora vicepresidente castellano leonés, García-Gallardo, verá mermados considerablemente sus ingresos y no tendrá ya coche oficial ya que pasará a ser un simple procurador en la oposición aunque cobrará un plus como portavoz del grupo en las Cortes regionales.
Los tres consellers valencianos de Vox, el vicepresidente primero y responsable de Cultura y Deporte, Vicente Barrera; la consellera de Justicia e Interior, Elisa Núñez, y el de Agricultura, Ganadería y Pesca, José Luis Aguirre, que tampoco eran diputados, han sido cesados por el presidente, Carlos Mazón por lo que tendrán que replantearse su futuro. En Murcia, el único que tiene una acta en la Asamblea es José Ángel Antelo, que, obedeciendo a Abascal, dimitía este viernes como vicepresidente del Gobierno y será nombrado casi con toda seguridad portavoz del grupo parlamentario. El consejero de Fomento, José Manuel Pancorbo, en cambio, se queda sin nada y previsiblemente volverá a su trabajo como ingeniero.
En Aragón, el hasta ahora vicepresidente del Gobierno, Alejandro Nolasco, sí es diputado, por lo que mantiene el acta. Sin embargo, el responsable de Agricultura, Ángel Samper, no lo era, así que se queda sin cargo alguno.
La versión de Abascal es que ninguno de los exvicepresidentes autonómicos que acudieron a la reunión del jueves del Comité Ejecutivo Nacional “mostró apego por los cargos”. “Todos exhibieron una posición heroica y digna y son personas de gran humanidad”, aseguró. La pregunta es si la dirección del partido ahora les recompensará de alguna forma por su 'sacrificio' con algún complemento extra. No obstante, los daños económicos no son solo para estos cargos públicos, sino que colateralmente afectan a las personas que ficharon para sus equipos, que previsiblemente serán despedidos o, si tiene suerte, acomodados en otros departamentos. Personas que, según Abascal, “en muchos casos, habían dejado sus trabajos, que habían dado un paso al frente y que después de sólo un año de gobierno, se ven fuera de esas responsabilidades y probablemente con situaciones personales difíciles”. Sin embargo, el líder de Vox ha presumido de que las decisiones en su partido “no se toman por sillones, sino por principios”.
A pesar de esa aparente “comprensión” hacia aquellos que no estaban de acuerdo con la decisión tomada, las críticas contra los primeros disidentes no se hicieron esperar. El eurodiputado y jefe de la delegación en Bruselas, Jorge Buxadé, cargaba por la mañana contra el extremeño Ignacio Higuero por decidir seguir en el cargo pese a la orden de ruptura dada por el líder nacional. Buxadé admitía en una entrevista en La Hora de la 1, de TVE, que había “una posibilidad” de que algunos de los consejeros de Vox optaran por “quedarse pegados al sillón y no defender los valores de Vox” pese a que “la decisión del partido era salir de los gobiernos”. “Entiendo que se queden. Desde el punto de vista personal lo podemos entender, aunque no desde el punto de vista político”, afirmó. Pero tanto él como Abascal han dejado claro que los disidentes serán expulsados de forma “inmediata” del partido. “Si esas personas se quedan, no serán de Vox”, sentenciaba el líder de la extrema derecha.
A lo largo de todos estos días Abascal ha estado intentando justificar su arriesgada apuesta de romper definitivamente con el PP insistiendo en que “la inmigración ilegal es un problema para la seguridad en las calles. Es un problema de carácter económico, para los servicios sociales, para la atención sanitaria, y para los presupuestos regionales”. “No se trata de 300 o 400 ilegales a los que ustedes llaman niños y que son jóvenes ya mucho más fornidos que nosotros. Se trata de una avalancha continua y en cuanto esos se reparten, entran otros. Se trata del efecto llamada que nosotros queremos detener y en algún momento hay que poner pie en pared”, zanjaba durante su entrevista en Telecinco. Sus argumentos, aunque compartidos por todos en Vox, no han terminado por convencer a los que se quedan en sus cargos con el PP.
Tras la decisión de romper en las autonomías ahora está por ver si Vox también rompe todas sus alianzas con los de Feijóo en los Ayuntamientos donde cerraron acuerdos o solo lo hace en algunos. El PP ya ha adelantado que, por su lado, piensa mantenerlos.