La decisión de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) de mantener al Club Náutico de Ibiza (CNI) cuando después de 90 años había caducado su concesión tuvo un enorme consenso en las islas. El auto de la jueza que ha mandado a la cúpula del ente público a juicio desvela el respaldo que el Club Náutico tenía, empezando por las muestras de apoyo público de la entonces presidenta, la socialista Francina Armengol.
Pero también estaba por la labor en Madrid el entonces presidente de Puertos del Estado, José Llorca (nombrado por el PP) y su jefa de gabinete y el de la abogacía del Estado en Puertos. Ninguno de estos está señalado por la jueza como responsables del delito —sí los que firmaron y ejecutaron la orden de lo que, según la magistrada, tiene toda la apariencia de ser un amaño—. Pero el caso es interesante para conocer las tripas del Estado, cómo se peloteaban propuestas entre abogados del Estado para mantener al club en el puerto, los que daban órdenes verbales y los que se opusieron.
En febrero de 2016, el Club Náutico celebró su 90 aniversario. Los puertos son de titularidad pública, por lo que solo pueden operar como concesión. Aunque 90 años para una concesión es un plazo enorme, no era suficiente para los titulares. Ni para los partidos en las islas. En ese acto público, según relata la jueza, “reivindicó su continuidad como club y en la explotación del dominio público portuario que ocupaba, reivindicación que se hizo en presencia de autoridades como el alcalde de Ibiza Rafael Ruiz, el presidente del Consell de Eivissa, Vicent Torres, y la presidenta del Govern, Francina Armengol. En dicho acto, Armengol mostró su compromiso con la continuidad del club”.
En ese momento ya estaba en marcha la operación jurídica que podría haberse llamado ‘salvar al Club Náutico de Ibiza’. La APB, con el visto bueno de la abogada del Estado allí, Dolores Ripoll, fue aprobando documentación encaminada a mantener su permanencia. También ha habido eléctricas operando embalses cuando su concesión había caducado, generalmente porque no había competencia, es un proceso opaco y se trata de concesiones a menudo de principios del siglo XX de las que no quedan muchos papeles o están envueltas en sucesivos cambios legales.
Pero sobre el Club Náutico había una lupa enorme: otras empresas querían entrar a gestionar el lucrativo negocio que proporcionan todos los yates que acuden allí en verano y que tienen que pagar por atracar allí. Estas empresas fueron recurriendo y ganando en lo contencioso. Después de dos sentencias anulando los pliegos, Anticorrupción puso sus ojos en ese procedimiento y acabó estallando todo.
La jueza dice que el presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares, Joan Gual de Torrella, se movió para “permanecer en el cargo que tiene asignado un salario bruto anual de aproximadamente 100.000 euros más dietas” y que “era interés de los técnicos intervinientes en todo el procedimiento administrativo investigado agradar a su Presidente conociendo todos ellos que la solución que satisfacía al Presidente, dado el concierto previo existente, era la elección del Club Náutico como oferta ganadora”.
Sin embargo, hubo dos técnicos que no se sumaron. El abogado del Estado Enrique Braqueahis y el ingeniero de Puertos Javier Gesé. Antes de una reunión clave del consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Baleares, en julio de 2018, “Gual estuvo en contacto con el entonces presidente de Puertos del Estado, José Llorca, y con otras personas en orden a mover la voluntad de Gesé, contraria a la elección del Club Náutico”.
Un día antes, el ingeniero despachó con Begoña Ballano, jefa de gabinete de Llorca. Gesé, siempre según la jueza, que ha tomado declaración a todos los implicados, le planteó que debía votar en contra, especialmente porque habían metido para puntuar el criterio del “arraigo”, algo que solo podía cumplir el Club Náutico y que predeterminaba la adjudicación. Y ahí, según el auto, “recibió de la señora Ballano la instrucción, previamente consultada con Álvaro Sánchez Manzanares (recién nombrado Secretario General de Puertos del Estado) de votar a favor de la propuesta de adjudicar al Club Náutico o de no acudir al Consejo”.
Sánchez Manzanares acaba de cesar en Puertos del Estado por el caso Koldo, donde se investiga la compra de mascarillas en Puertos a la trama del exasesor del que fuera ministro José Luis Ábalos.
La orden de Sánchez “fue consultada previamente con [José Antonio] Morillo”, jefe de la abogacía del Estado en Puertos. “No compartiendo dicha instrucción, el señor Gesé presentó el mismo día su renuncia como vocal en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Baleares”.
De las declaraciones de estos como testigos, la magistrada destaca las confusas explicaciones y que el texto “suscitó serias dudas en cuanto a su aprobación”: “La señora Ballano declaró que le generaba dudas el arraigo, que le pareció ”muy singular“, pero que el jefe de los servicios jurídicos de Puertos del Estado ”dio verbalmente su visto bueno“.
“En su declaración prestada en sede judicial, [Ballano] no ha podido explicar de forma plausible jurídicamente las razones por las que dio el visto bueno a la aprobación de criterios posteriores a las ofertas que se apartaban del orden publicado y que valoraban decisivamente el arraigo en el lugar. La señora Ballano, tras una explicación confusa entre los criterios de selección y de valoración en contratación pública, reconoció finalmente que nunca ha visto usar el ‘arraigo’ dentro de criterios de valoración. Declaró la testigo que obtuvo el visto bueno del presidente, José Llorca, a quien ella misma indicó que tenía el visto bueno de los servicios jurídicos”. De esa testifical, la juez deduce que hubo “numerosos contactos entre el presidente Autoridad Portuaria de Baleares con José Llorca y también de Dolores Ripoll con Morillo para conseguir su visto bueno. La señora Ballano descargó toda la responsabilidad en el informe favorable de Ripoll”.
“Por lo que se refiere a esta actuación de Puertos del Estado a través de Ballano y de Morillo, ninguno de los dos pudo dar explicaciones razonables para justificar la no oposición a que se aprobaran unos criterios a posteriori, invirtiendo el orden de prioridad publicado e incluyendo el arraigo con peso determinante. De las diligencias practicadas cabe entender indiciariamente acreditado que las dos personas citadas conocieron el hecho de relevancia penal, tuvieron algunas dudas pero decidieron, por razones que no han querido explicar, no formular oposición expresa”, señala la jueza.
Al final es Ripoll la procesada, la abogada del Estado en la Autoridad Portuaria que sí avaló todo el procedimiento y aprobó los pliegos. Ella dio el visto bueno a los papeles que daban forma jurídica a la voluntad política. Y ella, en un caso sin muchos precedentes, tendrá que explicarlo. Sea o no delito finalmente, pocos autos como este para entender la importancia de la Abogacía del Estado. El texto deja claro que sin su colaboración no habría habido la polémica prórroga de la concesión que lanzó la investigación de Anticorrupción.
Fuentes de Puertos del Estado afirman a elDiario.es que están tranquilos ante este procedimiento, confían en que acabará en nada porque consideran que actuaron correctamente y porque las dudas sobre la concesión son solo discrepancias jurídicas.