Las sombras de Pablo Casado: títulos académicos bajo sospecha y representante de Aznar para sus negocios con la Libia de Gadafi
- Casado, entonces funcionario como vocal asesor de la oficina del expresidente, fue la persona indicada por Aznar en su contrato de comisionista con Abengoa para ocuparse de “cualquier comunicación entre las Partes derivada del presente acuerdo”
Pablo Casado ha anunciado este lunes que quiere competir por liderar el PP. Es el mismo Pablo Casado que aprobó el 70% de Derecho en dos años, trabajando a la vez como asesor y con las asignaturas más duras pendientes. El mismo Casado que cursó entre 2008 y 2009 el máster en Derecho Autonómico y Local en el Instituto de Derecho Público, bajo la tutela del catedrático Enrique Álvarez Conde, en la URJC. Es el mismo título –solo cambió ligeramente por la reforma del Plan Bolonia–, el mismo centro, el mismo tutor y la misma Universidad que el máster de Cristina Cifuentes, solo que en una promoción anterior. A Casado le convalidaron 18 asignaturas de 22. Y el método con el que aprobó las cuatro asignaturas restantes fue igualmente peculiar.
El vicesecretario general del PP, además, aprobó todos sus “posgrados” en Harvard, Georgetown y otras universidades con apenas 40 días de clases y sin exámenes. El portavoz del PP aseguró que no le hacía falta un máster en la URJC porque ya tenía “cuatro posgrados” que le habían costado “un gran esfuerzo en tiempo y en dinero”. Todos estos títulos eran cursillos de entre dos y diez días, la mayor parte de media jornada, en total suman apenas 200 horas lectivas a lo largo de diez años. Pablo Casado fue becado en casi todas estas matrículas por ser parlamentario y no tuvo que aprobar un solo examen.
Pablo Casado, además, trabajó estrechamente con el anterior presidente del PP, José María Aznar. Tan estrechamente que, mientras era funcionario y vocal asesor de la oficina del Aznar, fue la persona indicada por el propio Aznar en su contrato de comisionista con Abengoa para ocuparse de la intermediación entre el ex presidente del Gobierno y la Libia de Muamar Gadafi.
El nivel 30 del grupo A1 es el máximo dentro de la función pública. El mismo que ocupaba Pablo Casado en septiembre de 2010 cuando el expresidente José María Aznar pactó una comisión del 1% con Befesa, una filial del grupo sevillano Abengoa dedicada a la construcción de desaladoras, depuradoras y otras obras públicas medioambientales, para conseguir adjudicaciones en la Libia de Gadafi.
Casado primero fue diputado autonómico en Madrid (2007-2009), después fue funcionario de Presidencia a las órdenes de Aznar (2009-2011) y más tarde, tras las victoria de Mariano Rajoy, entró al Congreso como diputado por Ávila.
Es decir, el 10 de septiembre, cuando Aznar firma el contrato con Abengoa, Casado, entonces vocal asesor de la oficina del expresidente, estaba asignado al Ministerio de Presidencia. Era la persona de nivel 30 cuando Aznar cobró un adelanto de 100.000 euros y rubricó el contrato en calidad de “persona con reputada experiencia en el mercado internacional y en particular en el libio”. El actual diputado por Ávila fue la persona indicada por Aznar para estar en copia de “cualquier comunicación entre las Partes derivada del presente Acuerdo”.
Los expresidentes del Gobierno, según establece de forma laxa su estatuto, “gozarán, a partir del momento de su cese, de la consideración, atención y apoyo debidos a quienes han desempeñado este cargo”. En virtud de ello, entre otras consideraciones, “se adscribirán a su servicio dos puestos de trabajo, uno de nivel 30 y otro de nivel 18, que serán cubiertos, a su propuesta, mediante el sistema de libre designación. Dichos puestos de trabajo se incluirán en la relación de puestos de trabajo correspondientes a la Presidencia del Gobierno prevista en la del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno”.
Sin embargo, a pesar de ser una “actividad profesional” de Aznar y de que “lleva 11 años fuera del servicio público”, la cláusula 11 del acuerdo, la relativa a “Comunicaciones”, incluye a un funcionario eventual grupo A1 nivel 30 del Ministerio de la Presidencia: “Cualquier comunicación entre las Partes derivada del presente Acuerdo se dirigirá a las direcciones que se establecen en el encabezamiento con copia a: D. Pablo Casado y D. Joaquín Fernández de Piérola [representante de Abengoa]”.
Según recoge su declaración de bienes ante el Congreso, Casado percibió 46.184,51 euros en 2011 en concepto de “salario de funcionario eventual Grupo A1 nivel 30 del Ministerio de la Presidencia” en virtud de su trabajo en la oficina de Aznar.
El contrato se firmó el 8 de septiembre de 2010, unos meses antes de la guerra civil y posterior intervención militar internacional que acabó con Gadafi. Befesa estaba interesada en conseguir las adjudicaciones de cuatro grandes desaladoras que quería construir el Ministerio de Servicios Públicos de Libia: en Tobruk, Misurata, Sirte y Yarafa. En total, las cuatro desaladoras sumaban una inversión de 950 millones de euros, según los propios cálculos de Abengoa, que figuran en este documento para inversores (página 94). Para conseguir esas adjudicaciones, Befesa contrató a Aznar como intermediario.
Para José María Aznar, Muamar el Gadafi era “un hombre extravagante, un hombre raro”, pero también “un amigo”. La buena relación entre el expresidente del Gobierno con el dirigente libio era algo conocido; incluso cenaron juntos en Sevilla, en 2007, cuando Aznar ya había dejado La Moncloa. El presidente de la fundación FAES y presidente de honor del PP fue uno de los pocos líderes europeos que, en marzo de 2011, se opuso a la intervención militar en Libia contra Gadafi, argumentando que era “muy difícil entender una política que deja que los amigos caigan y que los enemigos permanezcan en el poder”.
Un portavoz de Abengoa confirmó a eldiario.es que Befesa contrató a Aznar “como asesor”, pero que la guerra civil y posterior intervención militar en Libia frustraron las adjudicaciones. El asesinato de Gadafi el 20 de octubre de 2011 –un año después de la firma de este contrato– y el cambio de Gobierno dejaron a José María Aznar y a Abengoa sin un negocio millonario. En 2013, Abengoa vendió Befesa a un fondo de inversión.