El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha presentado una querella por delitos de injurias y calumnias contra Diego Camacho López-Escobar, coronel de Infantería retirado, por vincularle con el narcotráfico y el terrorismo en un artículo de opinión y dos intervenciones difundidas a través de YouTube. El militar jubilado también resaltó el peligro para la seguridad nacional que supone la presencia de Iglesias en el Gobierno y acusó al líder de Podemos de haber recibido financiación de Venezuela y de Irán, según describe el escrito de su representación legal.
Camacho hizo estas valoraciones en un artículo publicado en la página web elcorreodeespana.com y en dos entrevistas difundidas a través de YouTube. La primera de ellas, en un programa de 'El Club de los viernes', una asociación que se autodefine como “liberal” pero que se ha mostrado abiertamente en contra de los derechos del colectivo LGTBI y ha negado la existencia de la violencia de género; y la segunda en ‘Aquí la voz de Europa’, una emisión vinculada al partido de ultraderecha Democracia Nacional.
“Lo que sí hay contrastado es la vinculación del señor Iglesias con el narcotráfico de Venezuela, con la financiación de Venezuela, con la financiación de Irán. Hay en España un vicepresidente que ha estado a sueldo de dos potencias extranjeras (...). Está en peligro la seguridad nacional de España. Porque hay un vicepresidente que tiene acceso a una serie de información y no se sabe para quién trabaja”, dijo en el programa de 'El Club de los viernes', del 30 de mayo de 2020, según el texto de la querella.
La segunda intervención, en ‘Aquí la voz de Europa’, que tuvo lugar el 13 de julio de 2020, redundó en el peligro para la seguridad nacional que supone Iglesias, tanto por su presencia en el Gobierno como por su supuesta relación con la que fuera su asistente en el Parlamento Europeo, Dina Bousselham, a la que vinculó con el servicio de inteligencia marroquí. “Lo que afecta gravemente a la seguridad nacional no es lo que pueda haber de sexual o de sentimental o de romántico en esa relación, o político, sino esas vinculaciones de Dina Bousselham con su país de origen y la información clasificada a la que tiene acceso Pablo Iglesias”, afirmó.
Todas estas consideraciones las había hecho previamente en el artículo de elcorreodeespana.com, publicado el 15 de mayo de 2020, en el que aseguró que “las vinculaciones con el narcotráfico, el terrorismo y los intereses marroquíes de un miembro del Consejo de Ministros afectan gravemente a la seguridad nacional e inciden negativamente en la eficacia e imagen del Ministerio de Defensa y del CNI, instituciones encargadas de protegerla”.
Militar y exintegrante del CESID
En la querella, la representación legal de Iglesias sostiene que estas afirmaciones no constituyen “una crítica a su actuación política o en cuanto miembro del Gobierno”, sino que se acusa al vicepresidente de “trabajar para potencias extranjeras (lo cual constituiría un delito de traición), de facilitar información clasificada a terceros países, ya sea de forma dolosa o imprudente (delito de revelación de secretos relativos a la defensa nacional), de tener vinculaciones con el narcotráfico, el terrorismo internacional y el blanqueo de capitales”. Sus abogados sostienen que las afirmaciones del coronel “no sólo dañan su honor e imagen personal y política, sino como integrante del Gobierno”.
La representación legal del vicepresidente denuncia que “no puede haber ataque más grave a la integridad moral de un gobernante que afirmar que el mismo trabaja para potencias extranjeras”. Y da relevancia al hecho de que el autor de estas afirmaciones sea un militar y exintegrante del CESID, lo que le dota de “un aura de ética y credibilidad que hace presumir que sus manifestaciones son veraces”. La querella resalta también que estas aseveraciones se han realizado de forma pública y han tenido una “importantísima difusión”.
A juicio del querellante se cumplen los dos elementos que ha considerado la doctrina para considerar que hay delito de calumnias: la imputación de hechos que presenten caracteres delictivos y que la acusación sea concreta y terminante, sin que basten “atribuciones genéricas, vagas o analógicas”. Según el escrito, los hechos que el querellado imputa a Iglesias son encuadrables en los siguientes delitos: complicidad o cooperación con delitos de narcotráfico, blanqueo de capitales, colaboración con organización terrorista, delitos de traición, contra la paz e independencia nacional y de descubrimiento y revelación de secretos e informaciones relativas a la defensa nacional.
Los abogados de Iglesias niegan, por tanto, que estas afirmaciones estén amparadas por los derechos fundamentales a la libertad de expresión o información porque, a su juicio, no cumplen el requisito de proporcionalidad que se exige para que prevalezcan estos derechos sobre el derecho al honor. “Las expresiones que utiliza son objetivamente vejatorias en cuanto suponen la atribución de delitos deleznables y no contienen crítica alguna a la actividad política ni a la gestión de Gobierno del Sr. Iglesias”, defiende el escrito.