El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha presentado una querella por seis delitos contra Miguel Ángel Frontera Díaz, el “instigador” de las protestas que se suceden a diario desde hace al menos dos meses, según describe el escrito de su representación legal. En el mismo se atribuyen a Frontera presuntos delitos de coacciones, acoso, revelación de secretos, alteración del orden público, desobediencia a la autoridad y contra el medio ambiente.
Uno de los últimos episodios protagonizados por el querellado se produjo durante la pasada jornada electoral en Euskadi y Galicia del pasado 12 de julio cuando la familia y colaboradores del vicepresidente y la ministra de Igualdad, Irene Montero, descubrieron a Frontera encaramado a la tapia de su vivienda grabando el interior con un teléfono móvil. Como consecuencia de aquello, Frontera fue detenido horas más tarde.
Parte del relato de la querella procede de las propias redes sociales de Frontera, donde “se autoproclama instigador” de las protestas y publicita su actividad, habiendo puesto en marcha una campaña de recogida de fondos para financiarla. Así, Frontera desplaza un generador portátil y unos altavoces que coloca en lo alto de un cerro para hacer sonar el himno nacional mientras exhibe la bandera utilizada por los requetés que combatieron en el bando fascista en la Guerra Civil, con el consiguiente perjuicio para los vecinos y presunto atentado medioambiental, al tratarse de un parque natural. En otro vídeo aportado, Frontera se acompaña de una pancarta en la que se lee: “Irene Montero, ministra analfabeta cuyo mérito es tener las rodilleras gastadas”.
“Destacamos que la vivienda donde se producen los hechos también es la vivienda de tres menores de edad, que también están viviendo su vida alterada gravemente y con los perjuicios que conlleva las conductas delictivas que también sufren los menores”, recoge la querella.
Los abogados de Iglesias atribuyen el delito de desobediencia a la autoridad de Frontera porque durante el estado de alarma se estuvo desplazando desde su lugar de residencia, la localidad de Brunete, hasta Galapagar sin poder alegar ninguna de las excepciones que recogía el Real Decreto.
El escrito diferencia entre la “alteración del orden público” que protagoniza Miguel Ángel Frontera Díaz y la “intromisión y lesión” de los derechos de la familia Iglesias-Montero y de sus vecinos con “el legítimo derecho de reunión, manifestación y expresión consagrados en nuestra Constitución española”. Los abogados presentan un dosier en el que aparece reflejado que Frontera convoca las protestas bajo el lema “Vamos a la Gran Cacerolada al Casoplón del Chepas”. “No es una protesta política sino una animadversión personal y de odial al vicepresidente del Gobierno y su familia”, añaden.
La querella solicita varias diligencias a practicar y, de manera urgente, que el juzgado competente de Collado-Villalba requiera a la Guardia Civil de San Lorenzo de El Escorial la grabación incautada en el móvil de Frontera del interior de la vivienda familiar, así como el atestado por “insultos y amenazas” que levantaron agentes del instituto armado.