El repunte de los desahucios en España que está acompañando a la segunda oleada de la pandemia ha llevado a Unidas Podemos a mover ficha. El vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, presiona para que el Ejecutivo apruebe una nueva moratoria que congelaría la mayoría de los lanzamientos que se están produciendo como consecuencia de la crisis económica provocada por las medias aprobadas para intentar frenar la expansión del coronavirus. La propuesta del socio minoritario del Gobierno, que ya está sobre la mesa del PSOE, pasa por aprobar una moratoria a los lanzamientos sin alternativa habitacional para los impagos hipotecarios. En el caso de los alquileres, también se congelan siempre que “el dueño del piso no sea una persona en situación vulnerable”, explican fuentes de la Vicepresidencia de Derechos Sociales a elDiario.es.
Cada día se producen en España 250 desahucios, según los cálculos que hace la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. La PAH denunció este miércoles, junto a otros colectivos por el derecho a la vivienda, que los dos decretos aprobados por el Gobierno de coalición son insuficientes ya que solo contemplan la moratoria de los lanzamientos provocados por una situación de vulnerabilidad como resultado de la pandemia. Si la vulnerabilidad era previa, los decretos no aplican.
La situación ha comenzado a ser seria, como han venido advirtiendo desde Unidas Podemos en los últimos meses. Ya durante la negociación inicial de la moratoria, cuando se decretó el primer estado de alarma, hubo una dura pugna entre los socios de la coalición por el alcance de la medida. Entonces, los de Pablo Iglesias aceptaron una propuesta que consideraban descafeinada ante el riesgo de que no se aprobara nada. La lucha se volvió a producir durante la negociación de la prórroga de la moratoria, que quedó como estaba.
Pero la reactivación de las medidas de confinamiento y la perspectiva de que la crisis económica y social aparejada al parón económico puede prolongarse y ampliar sus efectos ha llevado a Unidas Podemos a volver a poner sobre la mesa un asunto que está en el ADN de la formación, muchos de cuyos integrantes, y algunos de sus dirigentes, provienen precisamente de la PAH. Es el caso de la ministra de Igualdad, Irene Montero, o del coportavoz de Podemos, Rafael Mayoral.
Este mismo lunes Mayoral y la otra coportavoz del partido, Isa Serra, reclamaban en una rueda de prensa “valentía” al Gobierno. Además, interpelaban a los grandes propietarios (incluidos bancos, fondos buitre, o el Estado, a través de la Sareb) para que detengan lo desalojos mientras persista la pandemia.
En dicha rueda de prensa Serra mencionó el desahucio producido en el madrileño barrio de Carabanchel que dejó a una familia en la calle justo cuando entraba en vigor el toque de queda. Desde Unidas Podemos denuncian la incongruencia de desahuciar sin alternativa habitacional mientras se insta a las personas a quedarse en casa.
El desahucio de esta familia tuvo una gran repercusión en redes sociales y llegó al Congreso, donde el ministro de Transportes y Vivienda, José Luis Ábalos, dijo estar “impactado” porque “en teoría, no tiene que plantearse ninguno porque los suspendimos durante el estado de alarma”. El desahucio se produjo en una vivienda propiedad de la entidad pública Sareb. Y no es el único de las últimas semanas.
El decreto, sin embargo, no amparaba ese desahucio. Ni tantos otros. Por eso, aseguran desde Unidas Podemos, la Vicepresidencia de Derechos Sociales presiona para que el Gobierno los prohíba de forma efectiva. Esta misma semana, la secretaria de Estado para la Agenda 2030 y una de las principales negociadoras en materia de vivienda, Ione Belarra, aseguraba en una entrevista en La Información que “el Gobierno debe tomar medidas” y que debe “hacerlo de forma urgente”.
Desde la Vicepresidencia recuerdan que “actualmente están prohibidos los desahucios hasta el 31 de enero, pro sólo para aquellas personas que están en situación de vulnerabilidad por la COVID-19”.
Pero la prolongación de los problemas económicos está agudizando situaciones de precariedad previas, que no se pueden justificar solo en la pandemia. “En las últimas semanas se están ejecutando muchos desahucios de familias que ya estaban en situación de vulnerabilidad antes. Hemos visto decenas de desahucios en las últimas semanas, algunos de ellos muy graves con niños y niñas”, añaden las mismas fuentes.
El detalle de la propuesta señala que se prohíban todos los desahucios por impago de hipotecas siempre y cuando la familia afectada no tenga alternativa habitacional. Además, se plantea congelar “los desahucios por impago del alquiler o por fin del contrato del alquiler”, siempre y cuando el dueño del piso no sea una persona en situación vulnerable. También, informan las mismas fuentes, aplicaría para “aquellas familias que estén en precario, sin alternativa habitacional, y vivan en pisos de grandes tenedores de vivienda como fondos o bancos”.
Además, la propuesta de Unidas Podemos reclama que durante el estado de alarma no se corten los suministros básicos (luz, agua, gas). “No tiene sentido pedirle a la gente que se lave las manos permanentemente y que se estén produciendo cortes de suministros. Para que una vivienda se pueda considerar digna, los suministros tienen que estar garantizados”, concluyen las fuentes gubernamentales consultadas por elDiario.es.