El nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se ha partido por la mitad para renovar su presidencia. Después de cinco años de bloqueo para designar a 20 vocales, ahora la obstrucción se traslada al trámite interno de designar a uno de los siete candidatos y candidatas para ponerse al frente del órgano de gobierno de los jueces. A la candidatura de la magistrada Pilar Teso, impulsada por la mitad progresista del pleno, se ha sumado con el mismo número de apoyos conservadores Pablo Lucas, compañero de sala del Supremo y autor de algunas de las sentencias más relevantes del citado tribunal en la última década: desde paralizar y avalar la exhumación de Franco hasta tumbar los nombramientos de Magdalena Valerio y Dolores Delgado en el Consejo de Estado y la fiscalía de sala de memoria democrática, respectivamente.
Pablo María Lucas Murillo de la Cueva (Salamanca, 1954) es magistrado de la sala tercera del Supremo desde 2001 y como juez de mayor antigüedad es presidente del departamento de forma interina. Históricamente ha sido considerado de perfil progresista aunque sus candidaturas a distintos organismos han sido esgrimidas también por el sector conservador de la judicatura. Por ejemplo, cuando el grupo más a la derecha del anterior CGPJ lo propuso como candidato al Tribunal Constitucional en su pelea para bloquear esa renovación parcial. La situación es similar a la actual para elegir la nueva presidencia del Consejo.
Catedrático de Derecho Constitucional, Lucas fue nombrado subdirector de Documentación en el Centro de Estudios Constitucionales en 1987. Entonces, durante la primera legislatura del socialista Felipe González, el organismo dependía del Ministerio de Relaciones con las Cortes. Cinco años después, el Poder Judicial que comandaba el progresista Pascual Sala le aupó a los departamentos técnicos del órgano de gobierno de los jueces. En 2001, por el turno de juristas, un Consejo recién renovado bajo la presidencia del conservador Francisco José Hernando le nombró magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo para ocupar una vacante por jubilación.
Su primera sentencia de relevancia pública fue firmada siete años después de desembarcar en el Supremo, cuando condenó a AENA a tomar medidas para que cesara el ruido de los aviones que sobrevolaban a diario la urbanización de Santo Domingo, al norte de Madrid. Una década después participó en el pleno que adjudicó al cliente y no al banco la obligación de pagar el impuesto hipotecario, firmando un duro voto particular en el que reprochó a sus compañeros que el Supremo dijera, con el lapso de unos pocos días, “una cosa y la contraria”.
Su figura en la sección cuarta de lo contencioso adquirió especial notoriedad cuando en el verano de 2019 llegaron a su mesa los recursos contra la exhumación del cadáver del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos. Fue el ponente del auto que paralizó de forma cautelar el traslado del féretro a Mingorrubio y también de la sentencia que, unos meses después, dio luz verde al proceso.
En los últimos años también ha sido ponente de sentencias como la que obligó a incluir los toros en el Bono Cultural Joven, la que avaló la retirada de nombres franquistas del callejero de Madrid así como de resoluciones que han anulado nombramientos públicos de calado: el de Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado y el de Dolores Delgado como fiscal de sala de memoria democrática.
La presidencia del Consejo de Estado
El Tribunal Supremo, en su cruzada contra los nombramientos discrecionales, anuló el pasado mes de noviembre el de la exministra Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado. La razón: no puede ser considerada una “jurista de reconocido prestigio”. El recurso no fue presentado por otro aspirante al cargo, sino por una fundación llamada Hay Derecho a la que, previamente, Pablo Lucas y el resto de la sala habilitaron para presentar esta acción judicial aunque no tiene relación directa con el pleito ni es una asociación profesional del sector. Lo hizo, además, sin apartarse del caso, como sí ha hecho en otras causas cuando coincide en espacios jurídicos con la presidenta de la fundación recurrente.
La sentencia que anuló el nombramiento de Valerio argumentó que Hay Derecho “no es una pantalla instrumental creada para litigar, sino una entidad que se ha hecho un lugar propio en el conjunto de formaciones de la sociedad civil española que persiguen finalidades de claro interés público o social”. El texto repasó sus diez años de existencia para destacar “su actuación constante, mantenida regularmente en el curso de los años, de promoción y participación en iniciativas rigurosas de estudio y reflexión de los principios e instituciones que distinguen al Estado de Derecho con el fin de promover los primeros y de fortalecer y mejorar las segundas”.
Desde finales de 2021 el magistrado formaba parte del comité asesor de la cátedra de Buen Gobierno de la Universidad de Murcia, que desapareció a principios de este año. En dicho comité compartía asiento con Elisa de la Nuez, abogada del Estado y secretaria general de la fundación Hay Derecho, cuyo recurso tumbó el nombramiento de Valerio. En conversación con elDiario.es, De la Nuez afirma que ni siquiera sabía que habían formado parte del mismo comité y asegura que nunca ha mantenido ningún tipo de relación profesional ni personal con el ponente de la sentencia.
Esa circunstancia no fue planteada por la Abogacía del Estado a la hora de impugnar el recurso, ni tampoco por el propio Lucas como ponente del caso y la sala dictó la sentencia por unanimidad. Más recientemente, el magistrado que hoy opta a presidir el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo sí se ha apartado de un recurso sobre otro nombramiento: el recurso de Vox y la Fundación DENAES contra la designación de Carmen Calvo como sucesora de Magdalena Valerio al frente del Consejo de Estado. Un recurso recientemente rechazado, precisamente, por la falta de legitimación activa de ambos recurrentes.
En ese caso, el pasado mes de abril Pablo Lucas sí se apartó de las deliberaciones para “preservar la apariencia de imparcialidad” del Supremo y evitar “toda duda o sospecha de falta de imparcialidad”. El motivo: los dos coincidieron en la Universidad de Córdoba y, además, formó parte del tribunal de oposición que concedió a Calvo la plaza en el centro. Este motivo ya fue esgrimido sin éxito por la Fundación Franco en 2019 en el caso de la exhumación.
El espionaje a Pere Aragonès
El nombre de Pablo Lucas ha sonado en varias ocasiones como uno de los candidatos del espectro progresista llamados a optar a la presidencia del órgano de gobierno de los jueces, aunque considerado de un perfil más moderado que otros candidatos. En los últimos meses, una de sus facetas hasta ahora menos conocidas también ha cobrado protagonismo: su papel como juez que ejerce un control previo sobre determinadas actuaciones del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
Fue elegido por primera vez por el Consejo en 2009 para desempeñar este cargo: dar el visto bueno y autorizar diligencias del espionaje español cuando implican la invasión de los derechos fundamentales del investigado. Y la investigación de un juzgado de Barcelona ha destapado que, entre otras, autorizó los pinchazos telefónicos con el software 'Pegasus' a varios líderes independentistas, entre otros al actual president catalán en funciones, Pere Aragonès.
En ese momento, según la investigación, se justificaron las intervenciones telefónicas en que el CNI acusaba al dirigente de ERC de ser el líder “en la clandestinidad” de los Comités de Defensa de la República (CDR). Un asunto por el que nunca ha sido imputado judicialmente.