El empresario Alberto González Amador se dirigió por escrito a la Fiscalía para asumir su fraude fiscal de 350.000 euros y buscar un pacto. “Ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública”, dijo su abogado. El camino hasta un acuerdo como el que busca la pareja de Isabel Díaz Ayuso tiene un objetivo: evitar la cárcel. Pero también tiene unos requisitos y unas consecuencias: tendrá que reconocer todos los delitos cometidos además de pagar las multas y el dinero que debe a las arcas públicas. A cambio será condenado aunque sin peligro de pisar la prisión y sin que eso garantice que el juicio no se vaya a celebrar igualmente por la existencia de más personas acusadas que, a día de hoy, no han expresado si querrán pactar tan rápidamente como González Amador.
El novio de la presidenta madrileña ha planteado la posibilidad de pactar con la Fiscalía más pronto de lo habitual: recién denunciado y sin que el juzgado que ha asumido el caso haya decidido ni siquiera abrir diligencias e imputarle. Lo más común, en casos de delito fiscal y de otros capítulos del Código Penal, es que estos posibles pactos se exploren cuando el asunto se encuentra a las puertas de juicio oral, una fase muy lejana al estado actual de su caso de fraude fiscal. Su causa todavía tiene que atravesar una fase de investigación que en algunos casos se prolonga durante años, ya sea por la complejidad del caso o por el atasco judicial generalizado.
Si la defensa de Alberto González Amador mantiene ese ímpetu conciliador con la Fiscalía los plazos de instrucción se pueden acortar drásticamente. Reconocer el delito cuando sea llamado a declarar y aportar toda la documentación necesaria puede ahorrar, por ejemplo, meses de farragosas peticiones de información a organismos como la Agencia Tributaria. Pero nada de eso evita que cualquier pacto entre acusado y acusaciones se tenga que plasmar en una sentencia y, para eso, se tiene que llegar al trámite de juicio oral, aunque finalmente no se celebre.
El caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso es algo más complejo. La Fiscalía, en caso de abrirse diligencias judiciales, no será la única personada en el caso: la Abogacía del Estado, en representación de la Hacienda Pública, también podrá solicitar su participación en el proceso como acusación y también tendrá que aceptar el pacto, algo que no suele suponer un problema. Y Alberto González no es el único potencial acusado: la Fiscalía ha denunciado a cuatro personas más.
Eso no implica que Alberto González Amador no pueda pactar si otros imputados rechazan hacerlo y eligen defender su inocencia en un juicio. Así lo ha explicado la propia Fiscalía, rechazando formalizar cualquier acuerdo en esta fase del proceso pero sin considerar que “la existencia de otras personas implicadas en la defraudación pudiera ser un obstáculo para alcanzar una conformidad penal”.
Que haya más implicados no obstaculiza su posible acuerdo, pero sí puede cambiar el escenario: el proceso podría ralentizarse y el posible juicio se celebraría con mucha más exposición pública que si se sellara un acuerdo total de todas las partes antes de esa fase. Todo ello a la espera de saber si los otros cuatro implicados están dispuestos a reconocer que participaron en la trama de facturas falsas o si preferirán defender su inocencia.
Los requisitos de un pacto: pagar y reconocer
Existen varias vías para que un defraudador fiscal evite el banquillo de los acusados o, al menos, rebaje una hipotética condena y esquive la cárcel: reconocer los delitos y pagar. La vía previa para evitar completamente cualquier acusación ya ha quedado cerrada, según la Fiscalía y Hacienda.
Esa vía es la que recoge el artículo 305.4 del Código Penal. Alguien que reconozca y pague sus deudas tributarias “antes de que la Administración Tributaria haya notificado el inicio de actuaciones o investigación” no podrá ser perseguido penalmente. Ni por el fraude fiscal ni, en este caso, por la falsedad documental de facturas. Pero Alberto González Amador sabe desde mayo de 2022 que está siendo investigado y eso cierra esa puerta exoneratoria.
A partir de ahí, hay que saltar al artículo 305.6 para encontrar la opción más viable para el empresario. Una condena por delito fiscal se puede ver rebajada “en uno o dos grados” si, antes de que pasen dos meses desde su citación como imputado, paga lo que debe y reconoce los hechos. Eso también se puede aplicar a los cooperadores del delito, en este caso los autores de las facturas falsas, si colaboran en la investigación.
Alberto González Amador tiene tiempo para considerar esta opción: la denuncia de la Fiscalía ha llegado ya a un juzgado pero por el momento ni se han abierto diligencias ni ha sido imputado. La exhaustiva investigación de Hacienda ha llevado al Ministerio Público a pedir tan solo diligencias de carácter personal fáciles de llevar a cabo: la declaración de los imputados y la de las inspectoras de Hacienda para ratificar o aclarar sus informes sobre el caso.
El caso de Diego Costa
Un pacto con la Fiscalía, en cualquier tipo de delito, tiene doble cara: deja rastro en los antecedentes penales de quien pacta, pero suele evitar su ingreso en prisión. Y las estadísticas reflejan que la inmensa mayoría de las condenas por fraude fiscal no alcanzan los dos años de cárcel.
Según los últimos datos disponibles recopilados por el Consejo General del Poder Judicial relativos al año 2022, ese año España registró 1.059 personas condenadas por delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social. De esos, 1.031 condenados fueron sancionados con dos o menos años de cárcel, lo que abre la puerta a que no tengan que entrar obligatoriamente en prisión. Solo 29 condenas superaron los dos años de presidio.
Más de un 97% de los condenados por fraude fiscal en España, por tanto, tuvieron la opción de evitar la cárcel, aunque las estadísticas no reflejan cuántos llegaron a esa sentencia a través de un pacto. Los datos de la Fiscalía revelan que, ese año, se presentaron 179 escritos de calificación en casos de fraude fiscal y que no se pidieron medidas cautelares de prisión para ningún defraudador.
El caso de Alberto González Amador tiene un último fleco que hace más complejos los cálculos de un posible pacto: la Fiscalía considera que cometió falsedad documental en concurso con el fraude fiscal, por la falsificación de facturas. Eso implica que el cálculo del pacto debe incluir ambos delitos.
Un ejemplo de cómo un pacto puede evitar la entrada en la cárcel de un evasor fiscal es el de los múltiples futbolistas que han pasado por el banquillo de la Audiencia Provincial de Madrid acusados de no tributar correctamente sus derechos de imagen. La Fiscalía, por ejemplo, aceptó que Diego Costa fuera condenado a seis meses de prisión por un fraude de 1,1 millón de euros a cambio de que reconociera los hechos y pagase una multa de medio millón.
El exdelantero del Atlético de Madrid y de la selección española pagó su deuda fiscal 59 días después de ser llamado a declarar como imputado. Fue un día antes de que venciera el plazo que otorga el Código Penal para rebajar la condena de un defraudador fiscal que reconoce sus delitos y paga. En su caso, incluso, la condena de cárcel se sustituyó por una multa de 36.000 euros que pagó para evitar cualquier opción de pisar el presidio.
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