El grupo sanitario Quirón multiplicó por cuatro los pagos a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, tras iniciarse la relación con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Así se desprende de la contabilidad recopilada durante la investigación de la Agencia Tributaria que propició la denuncia de la Fiscalía contra el empresario, a quien un juzgado de Madrid ya investiga por dos delitos fiscales y un tercero de falsedad documental.
La relación de la pareja saltó a la prensa del corazón en mayo de 2021 con motivo de un viaje juntos a Ibiza. En ese ejercicio, las dos empresas que González Amador usó para facturar a Quirón ingresaron de la empresa sanitaria 1.049.500 euros. Esto prácticamente multiplicó por cuatro los ingresos que habían recibido en 2020 las firmas de González Amador del líder de la sanidad privada en España, propiedad del gigante alemán Fresenius.
Por un lado, los pagos de Quirón Prevención a la principal empresa de la pareja de Ayuso ascendieron a 722.180 euros en 2021 cuando se inició la relación. Es casi el triple respecto a los 275.273,83 euros que la sociedad de la pareja de Ayuso, Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el Fomento del Medioambiente SL, había facturado al gigante de la sanidad madrileña en 2020, el ejercicio anterior.
A esos más de 700.000 euros hay que sumar otros 327.000 euros procedentes de Quirón que González Amador facturó en 2021 a través de una empresa pantalla sin actividad que recibió encargos adicionales del grupo sanitario. Esta segunda sociedad, Masterman & Whitaker, había sido creada en 2008 por Fernando Camino, el presidente de Quirón Prevención. Según la documentación en poder de la Agencia Tributaria, González Amador la adquirió a finales de 2020.
El empresario intentó pagar menos a Hacienda pese a multiplicar por seis sus ingresos en la pandemia. En su intento de engañar al erario público, presentó facturas que él supuestamente habría abonado a terceros por trabajos que en realidad nunca se realizaron. El plan era restar los importes de esas facturas falsas a sus ingresos reales y declarar menos beneficios que los que realmente tuvo.
En el informe que motivó la querella de la Fiscalía de Madrid, la Agencia Tributaria concluye que una parte de este fraude a la Hacienda Pública está relacionado con “la percepción de unos ingresos cuantiosos facturados a su principal cliente desde hace años Quirón Prevención SL”. Quirón no figura entre las empresas denunciadas por la Fiscalía en esta trama de facturas falsas y sociedades pantalla.
Consultado por elDiario.es, un portavoz del grupo reconoce ese incremento de los pagos en 2021. Lo atribuye a que “no es lo mismo trabajar para Frater que para Quirónprevención”. Frater es la empresa que el grupo sanitario adquirió en 2015 y para la que González Amador ya venía trabajando como “consultor” desde hacía años. Ese portavoz recuerda que Quirónprevención da servicio a unas 170.000 empresas con más de cuatro millones de trabajadores. El mismo portavoz explica que González Amador “ha ido incrementando las auditorías y consultorías en clientes de Quirónprevención en Latinoamérica”.
El informe de Hacienda detalla cómo los ingresos que recibe Maxwell Cremona de Quirón aumentan considerablemente en 2021. Eso permitió a la empresa mantener un elevado nivel de facturación, tras la comisión de casi dos millones de euros que obtuvo González Amador en 2020 por intermediar entre una empresa gallega y otra catalana. Se da la circunstancia de que la empresa que compró esas mascarillas por valor de 42 millones de euros y propició la comisión, Mape, tiene en su consejo de administración al citado directivo de Quirón, Fernando Camino.
Quirón y el doble papel de Fernando Camino
El nombre de Fernando Camino está doblemente vinculado a Alberto González Amador: a través de su puesto en Quirón y las cuantiosas facturas que esta empresa firma para su amigo; pero también en otros negocios con la pareja de Ayuso que no están aparentemente vinculados con el gigante sanitario.
En este segundo apartado, el de los negocios al margen de Quirón, Fernando Camino facilitó esa comisión de dos millones a González Amador a través de su puesto en la gallega Mape. También creó una sociedad con la que la pareja de Ayuso desvió su facturación (Masterman & Whitaker). Además, constituyó antes de incorporarse a Quirón otra empresa más (Insumos Médicos del Pacífico) en el paraíso fiscal de Panamá de la que la pareja de la presidenta madrileña fue administrador hasta 2022, meses antes de que arrancase la inspección de Hacienda.
Alberto González Amador y Fernando Camino se conocen desde la época en la que este último era directivo de Frater Prevención, para la que González Amador ya venía trabajando como consultor desde antes de que la comprase Quirón en 2015.
Es la propia Agencia Tributaria la que describe la relación comercial de Alberto González Amador con Quirón en los ejercicios analizados. La pareja de Ayuso ofrecía al grupo “prestaciones profesionales de consultoría y auditoría” hasta 2021, año en el que habría comenzado –fue en mayo de ese año en el que aparecieron las primeras informaciones– la relación entre el empresario del sector sanitario y la presidenta madrileña. Ese 2021, añade el informe, González Amador amplía considerablemente sus trabajos para el gigante sanitario. “Inicia nuevas prestaciones” para Quirón, dice expresamente la Agencia Tributaria.
Una de esas “nuevas prestaciones” de González Amador para Quirón después de arrancar su relación con Díaz Ayuso está “orientada a la apertura del mercado latinoamericano (Expansión LATAM)”. Otra es una “propuesta de colaboración en Quirón Prevención para el desarrollo e implantación de la JCI (Joint Commission International) en la Fundación Jiménez Díaz”.
La JCI es un certificado de esta organización internacional que acredita que un centro ha alcanzado el nivel óptimo en asistencia, seguridad del paciente y eficacia de sus procesos. Quirónsalud anunció la obtención de este certificado el 26 de octubre de 2022, un día después de que González Amador, ya en plena inspección de Hacienda, constituyera una sociedad en Florida junto a uno de sus socios. Esa empresa, de actividad desconocida, está administrada por un abogado especialista en negocios inmobiliarios.
La Fundación Jiménez Díaz es el hospital insignia del Grupo Quirón y el máximo exponente de la “colaboración público-privada” que impulsaron los diferentes Gobiernos del PP en Madrid en materia sanitaria. La semana pasada, el PSOE pidió la dimisión de Ayuso por “asignar” desde Madrid “400 millones a Quirón, el mejor cliente de su pareja”, en alusión a los 393 millones de euros aprobados entre noviembre y diciembre de 2022 en los distintos consejos de gobierno para abonar al grupo sanitario deudas adquiridas desde 2015 con los hospitales de Móstoles, Villalba y Valdemoro, gestionados por la filial de la alemana Fresenius.
Los contratos que hicieron sospechar a Hacienda
Para justificar las facturas ahora bajo la lupa del juzgado, González Amador aportó en un primer momento dos contratos “de consultoría estratégica y organizacional” con Quirón Prevención. La empresa de la pareja de Ayuso realizaría auditorías internas de sistemas de gestión de calidad, medioambiente o seguridad del paciente, entre otros trabajos.
El primero de esos contratos se firmó el 5 de septiembre de 2017 y el segundo, un “Contrato Marco de Servicios a Gran Cuenta”, se rubricó el 1 de enero de 2018. “Con posterioridad”, en el transcurso de la inspección, González Amador aportó a la Agencia Tributaria un tercer contrato, “prácticamente idéntico al anterior indicando que se trata de la renovación de fecha 1 de enero de 2020”.
A ese contrato se aferró González Amador para justificar la cesión de trabajos a la sociedad pantalla que adquirió a finales de 2020, Masterman Whitaker, a la que, según explicó, entregó en diciembre de 2021, y a cambio de 600.000 euros, la facturación por un “proyecto para la Expansión del Grupo Quirón SL en Latinoamérica” y “la parte de JCI”.
La Agencia Tributaria comprobó que esa segunda firma sin empleados de González Amador no tenía medios para realizar los trabajos. “Desde un punto de vista económico, la sociedad Masterman SL no aporta ningún valor añadido” y recibe una cesión de tareas “carente de sentido”. El objetivo era, según la Agencia Tributaria, generar un gasto deducible a futuro que le permitiera una desgravación fiscal artificial cuando empezase a declarar beneficios.
Además, Hacienda constató que el importe facturado en 2021 por Masterman a Quirón fue en realidad muy inferior a esos 600.000 euros que la principal empresa de la pareja de Ayuso se apuntó como un gasto ficticio en ese ejercicio. En 2021 la cifra se quedó en 327.320 euros, en concepto de “Consultoría Expansión LATAM” por trabajos facturados a Quirón a finales de ese año.
Y eso es todo lo que facturó Masterman en 2021 en ese ejercicio, según sus últimas cuentas depositadas en el Registro Mercantil. No tuvo más clientes que Quirón.
Una parte muy importante de esas tareas adicionales de Alberto González Amador para el grupo sanitario se abonó ya en 2022, ejercicio que no forma parte de los dos denunciados por delito fiscal. Ese año Masterman declaró una facturación de algo más de 700.000 euros, según sus cuentas de 2022.
El informe de la Agencia Tributaria refleja que cerca de la mitad de esa cifra, 336.000 euros, correspondió a trabajos de “Consultoría Joint Commission International” para Quirón Prevención. El último pago que Masterman recibió de Quirón por esos trabajos se produjo ya en 2023, el pasado 22 de julio, y “a requerimiento de la Inspección”, señala el informe.
Los inspectores mostraron su extrañeza por ese acuerdo de 600.000 euros procedentes de Quirón rubricado en diciembre de 2022: “Se aporta un acuerdo de cesión de contrato entre Masterman, Maxwell y Quirón Prevención SL por un importe estimado, sin que en el acuerdo se indiquen tarifas, ni formas de cuantificación empleadas, que pudieran determinar con claridad que el importe de la factura debiera ser precisamente de 600.000,00€ y no de cualquier otra cantidad, quedando a la discrecionalidad del socio único”, esto es, la pareja de Ayuso.
El empleo de esa empresa pantalla para desviar los encargos de Quirón fue una de las vías que utilizó González Amador para defraudar a Hacienda, junto al uso de testaferros y facturas falsas para deducirse gastos inexistentes por 1,7 millones de euros. Entre ellos, supuestos trabajos de asesoramiento y consultoría inmobiliaria para Quirón Prevención en Andalucía que se habrían subcontratado a presuntos testaferros de la Sevilla rural. Personas sin aparente relación con la consultoría sanitaria a las que, según expuso la pareja de Ayuso, se recurrió porque el personal que ya tenía subcontratado en Maxwell “no puede llegar físicamente” para entregar todo lo que le encarga Quirón.
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