El juez que investiga el saqueo del Palau de la Música ha dado por cerrada la instrucción del caso, en un auto en el que mantiene imputado al exdirectivo de Ferrovial Pedro Buenaventura, cuya defensa había pedido el archivo por prescripción, y exculpa al exdiputado de CiU Jaume Camps.
El titular del juzgado de instrucción número 30 de Barcelona ha vuelto a cerrar la instrucción del caso del Palau de la Música en un auto, al que ha tenido acceso Efe, después de que la Audiencia de Barcelona haya avalado la exculpación de Jaume Camps, que presuntamente ejerció de intermediario en el pago de comisiones a CDC, al entender que los hechos han prescrito.
En su auto, que es recurrible, el juez concluye que CDC cobró comisiones ilegales de la constructora Ferrovial a través del Palau de la Música, a cambio de la adjudicación de obra pública, mediante entregas en efectivo a los tesoreros del partido, facturación mendaz y convenios de colaboración con la Fundació Trias Fargas (actual Catdem).
La defensa de Pedro Buenaventura pidió al juez que archivara la causa contra su cliente, también por prescripción, pero el instructor desestima esa petición al entender que no ha transcurrido el plazo suficiente para que se haya extinguido la responsabilidad penal del exdirectivo de Ferrovial.
El juez rechaza el argumento de la defensa de que Buenaventura de que el imputado quedó sin capacidad alguna de decisión a partir de febrero de 2006, cuando cesó como director general de la compañía, “toda vez que no es extraña, como es sabido, la figura de administrador de hecho”, añade el auto.
La instrucción del caso Palau ya se dio por terminada en julio de 2013, pero la Audiencia de Barcelona reabrió después la causa para ordenar la imputación de los empresarios que facturaron a la entidad cultural las obras que llevaron a cabo en las casas de los saqueadores confesos Fèlix Millet y Jordi Montull.
El instructor concluye en su auto que CDC cobró entre los años 2000 a 2009 comisiones por adjudicaciones de obra pública, en virtud de un acuerdo fraguado en 1999 en el que intervinieron Millet y Montull, Pedro Buenaventura y el exdirectivo de Ferrovial Juan Elizaga, el extesorero de CDC Carles Torrent, su sucesor, Daniel Osàcar, y Jaume Camps.
En opinión del juez, la constructora abonaba, por regla general, una comisión del 4 % del importe de la obra pública adjudicada, del que un 2,5 % se asignaba a CDC y un 1,5 % se lo quedaban Millet y Montull por su labor de “intermediación”.
El juez resalta en su auto que “también Jaume Camps (cuya eventual responsabilidad criminal ha quedado extinguida por prescripción) recibió alguna remuneración por intermediación, al menos en una ocasión”, en que supuestamente cobró de Fèlix Millet 5,4 millones de las antiguas pesetas.
El acuerdo para el pago de comisiones a CDC a través del Palau fue posible, según el juez, “con la intervención de otros altos responsables del partido que ejercieron el necesario ascendente sobre los cargos públicos de la Generalitat y otros organismos públicos locales, vinculados al partido y que tenían la facultad de decidir las adjudicaciones de obra pública”.
“La identidad y concreta intervención de estos otros responsables del partido no ha podido ser desvelada en el curso de esta instrucción”, advierte el auto.
El juez acusa del expolio, entre otros, a Millet y Montull, la hija de este Gemma y la exdirectora del Palau Rosa Garicano, por saquear presuntamente la entidad musical cargando a la misma sus gastos particulares y desviando los fondos, gran parte de ellos mediante reintegros en cheques al portador.
Entre 2000 y 2009, sostiene el magistrado, los acusados hicieron desaparecer ilícitamente de las cuentas del Palau de la Música y el Orfeó Català -nutrido de fondos públicos- un total de 18 millones de euros, de los que Millet se habría quedado 7 millones y 1,3 millones Montull, “mientras que se desconoce el destino de los restantes 9,6 millones”.
Gran parte del expolio, sostiene el juez, se perpetró con “innumerables reintegros mediante cheques al portador cobrados en efectivo en ventanilla”, por lo que reprocha la “falta de colaboración, en absoluto legítima”, de las entidades bancarias que pagaron esos talones a la hora de identificar a los beneficiarios.