Los palestinos darán mañana en La Haya el primer paso hacia “el fin de la impunidad israelí”, según avanzaron hoy en Ramala, en la víspera de la presentación ante la Corte Penal Internacional (CPI) de pruebas sobre supuestos crímenes de guerra cometidos por Israel.
“Estamos presenciando el principio del levantamiento de la impunidad de la que Israel ha disfrutado desde 1948”, la fecha de su creación, aseguró en Ramala el miembro del Alto Comité Nacional Palestino, Mustafá Barguti, a cargo del proceso de recopilación de las alegaciones que el ministro de Exteriores palestino, Riad al Malki, entregará mañana personalmente en la CPI.
El pasado enero los palestinos solicitaron su adhesión al tribunal, tras el fracaso del enésimo proceso negociador con Israel y su decisión de apostar por la internacionalización del conflicto, que les llevó a solicitar la adhesión a numerosos acuerdos y tratados.
La petición se hizo efectiva en abril y abrió la puerta a esta corte a juzgar crímenes de guerra o contra la humanidad cometidos en los territorios palestinos ocupados, además de dar la opción a los palestinos de poder referir casos.
También en enero el liderazgo palestino decidió acogerse al artículo 12.3 para dar jurisdicción retroactiva al tribunal desde el 13 de junio de 2014, fecha del inicio de una intensa campaña militar israelí en Gaza, Jerusalén y Cisjordania que desembocó en una fuerte ofensiva israelí contra la Franja que causó la muerte de más de 2.200 palestinos (en su mayoría civiles) y de 73 israelíes (casi todos ellos soldados).
Tras su adhesión a la corte y por iniciativa propia, la fiscal del tribunal Fatou Bensouda decidió abrir un examen preliminar sobre posibles violaciones o crímenes de guerra cometidos en Palestina que podría derivar en una investigación formal en el caso de que se encontraran evidencias suficientes.
Palestina creó de inmediato un comité para recopilar información sobre violaciones del derecho internacional, que se centró en cuatro temas: la campaña militar iniciada en junio, la posterior ofensiva sobre Gaza, los asentamientos en Cisjordania y Jerusalén Este, y los presos palestinos encarcelados por Israel.
La entrega de mañana “representa una primera tanda de información y nuestra contribución a la oficina del fiscal para convencerles de que Israel ha cometido crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad”, explicó Barguti en una rueda de prensa.
Los palestinos esperan que, con esta documentación, la Fiscalía decida seguir adelante y dar inicio a una investigación criminal.
“Nuestras pruebas, que incluyen la destrucción de infraestructuras, ataques a civiles (en particular niños), uso desproporcionado de la fuerza militar, castigo colectivo, limpieza étnica, persecución, arrestos arbitrarios y tortura, pretenden demostrar que las violaciones israelíes han sido extensas y continuadas”, explicó el veterano líder palestino.
Estas violaciones son, acusó, resultado de una política “predeterminada, intencional, sistemática y generalizada”.
El objetivo palestino en la CPI será apuntar a la responsabilidad de “las esferas más altas de las cúpulas militar, política, económica del Estado israelí”.
Una vez presentada la documentación, al ser un proceso iniciado “motu proprio” por la Fiscalía, será Bensouda quien decida si cuenta con evidencias suficientes y quién y qué debe ser investigado por el tribunal.
Israel ha decidido no colaborar con la CPI y no ha respondido a sus preguntas, argumentando que la corte no tiene legitimidad para investigar porque entiende que Palestina no es un estado reconocido.
La corte incluye en su examen posibles crímenes palestinos, que podrían ser juzgados por el lanzamiento de cohetes por parte de las milicias armadas de Gaza contra población civil israelí.
Un reciente informe de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU publicado esta semana ha constatado que tanto Israel como los grupos palestinos han podido incurrir en crímenes de guerra durante el conflicto del pasado verano.
Los palestinos quieren ver a altos cargos israelíes sentados en el banquillo en La Haya y han advertido de que, si este examen preliminar no deriva en la apertura de una investigación criminal, harán uso de su derecho como miembro de la corte para pedir la investigación de casos particulares.