El rey Juan Carlos, su examante Corina Larsen y al fondo, un paraíso fiscal. Esta vez la pista la ha dado la investigación de Pandora Papers, que ha revelado documentos según los cuales la comisionista alemana habría dado instrucciones para que en caso de que muriese se transfiriesen al anterior monarca el 30% del fondo hispano-saudí que Juan Carlos I patrocinó cuando todavía estaba en el trono.
Las revelaciones conocidas este domingo a través del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación - del que forman parte El País, La Sexta, en España, y elDiarioAR en Argentina - llegan en un momento clave para la triple investigación que la Fiscalía mantiene abierta en torno a la fortuna de Juan Carlos de Borbón. Después de varios años de pesquisas, el ministerio público tiene la lupa puesta sobre tres puntos de su millonario patrimonio: las comisiones del Ave a La Meca, la fortuna supuestamente oculta en Jersey y el uso de tarjetas de crédito a espaldas del fisco. Una investigación en la que hay cinco fiscales involucrados pero que por ahora no se ha traducido ni en denuncias ni en archivos.
Que no haya una causa abierta no implica que todo lo conocido no haya tenido consecuencias. El descrédito que estaba sufriendo la Corona con el goteo de escándalos motivó la salida del rey emérito del país seis años después de abdicar. La Casa Real anunció en agosto de 2020 que Juan Carlos I había abandonado España para instalarse, como se supo posteriormente, en los Emiratos. Una marcha que llegaba un mes después de que la Fiscalía del Tribunal Supremo anunciase públicamente que se hacía cargo de la investigación sobre su patrimonio con un equipo de fiscales comandado por Juan Ignacio Campos.
Las acusaciones de la Fiscalía han ido subiendo de tono progresivamente a lo largo del último año hasta llegar a los delitos de corrupción. Los distintos descubrimientos de los investigadores han convertido una pesquisa inicialmente centrada en el posible delito fiscal en un caso en el que se investiga blanqueo de capitales, cohecho y tráfico de influencias. Está por escrito en documentos de la Fiscalía que se enviaron a las autoridades suizas y que presuponen que el rey emérito ejerció como comisionista internacional.
Corinna y el rey
La empresa alemana Corinna Larsen mantuvo una relación sentimental con Juan Carlos de Borbón y su nombre también ha aflorado en las investigaciones en torno al patrimonio del monarca por parte de la Fiscalía del Tribunal Supremo. Según la investigación, los 65 millones que el entonces rey en activo cobró por sus gestiones en la adjudicación del AVE a La Meca fueron a parar a Larsen en 2012. Seis años más tarde la Fiscalía Anticorrupción analizaba unas grabaciones en las que Corinna Larsen reconocía haber sido utilizada como testaferro por Juan Carlos I. Larsen llegó a ser investigada por la Audiencia Nacional y acusada de contratar al comisario jubilado José Villarejo para espiar a una trabajadora a la que acusaba en ese momento de filtrar datos sobre su vida privada, pero el caso quedó archivado en octubre del año pasado.
Desde entonces el nombre de la empresaria alemana ha aparecido vinculada a todas las investigaciones en torno al padre de Felipe VI y en la actualidad se encuentra en un enfrentamiento directo con su antiguo amante. El pasado mes de julio Larsen denunció al rey emérito ante los tribunales británicos por amenazas: solicitó una orden de alejamiento y acusó tanto al monarca como al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de haber acosado a su familia desde 2012.
La Meca, tarjetas y Jersey
La primera línea de investigación fue bautizada por la Fiscalía como “AVE del desierto” y se refiere al presunto cobro de comisiones millonarias por parte de Juan Carlos I a cambio de intervenir en la adjudicación de la construcción del AVE a La Meca a un consorcio de empresas españolas. Unas comisiones que supusieron 65 millones de euros en 2008 para el rey emérito y que en 2012 transfirió a su entonces amante Corinna Larsen. Este caso es, por tanto, anterior a su abdicación lo que implica un obstáculo insalvable para poder denunciar al monarca por posibles ilegalidades en este cobro de comisiones. El foco de la Fiscalía está centrado en los posibles delitos fiscales derivados de esta fortuna millonaria y tal y como explicó este diario los investigadores no ven viable sentarlo ante la Justicia.
La segunda línea de investigación en torno a la fortuna de Juan Carlos I fue desvelada en exclusiva por elDiario.es. El uso de tarjetas de crédito con fondos opacos al fisco por parte del monarca emérito, la reina Sofía y otros miembros de su familia entre los que no se encuentran los actuales reyes Felipe y Letizia. El dinero, según la investigación, está ligado al empresario mexicano Allen Sanginés-Krause. Las cantidades supuestamente defraudadas superan el umbral de los 120.000 euros y pueden constituir, por tanto, un delito fiscal aunque el monarca ha intentado paliar las consecuencias con una regularización.
La tercera línea de investigación pivota en torno a la isla británica de Jersey, ubicada en el Canal de la Mancha y considerada un paraíso fiscal por España hasta 2014. Un informe del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) puso en conocimiento de la Fiscalía la existencia de una “fortuna oculta” del rey emérito en Jersey, algo que el monarca ha negado. El informe detallaba que el padre de Felipe VI acumuló casi diez millones de euros en un 'trust' anglosajón.
Pagos a Hacienda
Paralelamente a todas estas ramificaciones de la investigación, el monarca y su defensa han intentado hacer las paces con Hacienda pagando hasta cinco millones de euros en declaraciones voluntarias. Pagos que deben ser validados por la administración y que también están siendo analizados por la Fiscalía para saber si le pueden librar de una posible denuncia por delito fiscal. Pagos que también suponen admitir, en la práctica, que en su momento el monarca no abonó todo lo que debía a las arcas públicas aunque sin que de momento no se haya admitido un origen ilícito del dinero.
La primera regularización llegó en diciembre del año pasado cuando Juan Carlos I pagó 678.393 euros por una deuda tributaria correspondiente al periodo entre 2016 y 2018. El dinero procedía, tal y como reveló este periódico, del uso de tarjetas bancarias por parte del monarca y algunos familiares con fondos opacos de un empresario mexicano. El movimiento de esos capitales está en centro de lo que investiga la Fiscalía del Tribunal Supremo.
El segundo y más voluminoso pago llegó dos meses y medio más tarde, en febrero de 2021, cuando el monarca abonó 4.395.901,96 euros. Un caso que supuso una nueva veta en las sospechas sobre su fortuna ya que procedía de los vuelos que la Fundación Zagatka le pagó durante años. En total más de ocho millones de euros en vuelos en jets privados sufragados hasta 2018 por esta fundación ligada a su primo lejano Álvaro de Orleans, que ha llegado a ser interrogado por la Fiscalía española en este procedimiento. Casi cuatro millones y medio de euros aportados por empresarios amigos del monarca que, según dijeron en su momento al diario El País, fueron canalizados como un préstamo y no una donación para evitar pagar en torno a un 40% en impuestos.
Avisos y notificaciones
Varios años después de que Anticorrupción pusiera la lupa por primera vez en la fortuna del rey emérito, la Fiscalía sigue sin denunciar al monarca o sin archivar las diligencias que mantiene abiertas sobre él. Tal y como ha explicado elDiario.es, las pesquisas se han desarrollado de una manera muy particular: con notificaciones a la defensa del monarca y ofrecimiento de acciones rechazadas por su defensa que ejerce el letrado Javier Sánchez-Junco. Las notificaciones oficiales han discurrido en paralelo a informaciones publicadas por los medios de comunicación explicitando el objetivo de la Fiscalía.
Una de las dudas es si, por tanto, estas regularizaciones van a servir de algo a Juan Carlos de Borbón y si le ayudarán a evitar el banquillo por delito fiscal. La teoría dice que zanjar las deudas con Hacienda antes de ser requerido o antes de ser notificado sobre una investigación permite hacer borrón y cuenta nueva. El Tribunal Supremo también tiene dicho que no vale cualquier cosa y que pagar después de recibir algún tipo de aviso por parte de la Fiscalía o de los jueces anula este comodín.