La pareja de Ayuso admite que la obra de la casa donde viven es ilegal y trata de regularizarla

Alberto González Amador se dirigió formalmente al Ayuntamiento de Madrid el pasado 21 de marzo para intentar legalizar las obras realizadas en uno de los dos pisos que disfruta junto a Isabel Díaz Ayuso en el mismo edificio del distrito de Chamberí, según revelan a elDiario.es fuentes conocedoras del procedimiento. 

La presentación del escrito de González Amador se produjo tras desvelar elDiario.es el caso de fraude fiscal que le afecta y tras el que compró la vivienda, y también después de publicar este medio que la pareja disfruta de un segundo piso, un ático situado justo encima del que adquirió y que está a nombre de una sociedad administrada por su abogado y de la que se desconoce su verdadero dueño. En aquellos días esta redacción desveló tambíén que tanto el concejal de distrito como la funcionaria que denegaron el permiso de obras a la pareja de la presidenta madrileña fueron relevados de sus puestos.   

El escrito para regularizar la situación de la vivienda, que reconoce la ilegalidad de las obras, se registró un día después de que Más Madrid denunciara la “infracción urbanística” cometida por la pareja de Díaz Ayuso en la reforma de la casa, realizada sin los permisos necesarios. 

Esa denuncia motivó, de forma automática, la apertura de un expediente cuya tramitación incluye la visita de un inspector a la vivienda y que podría derivar en un procedimiento sancionador. De conseguir González Amador regularizar las obras ilegales, la pareja conseguiría el cierre del expediente antes de que se produjera la inspección del funcionario del Ayuntamiento de Madrid. Consultada la Delegación de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, una portavoz ha dicho que el Consistorio no ofrece información sobre particulares.

Los dos pisos que disfruta la pareja representan un foco de atención dentro del escándalo suscitado a raíz de la exclusiva de elDiario.es. El 12 de marzo pasado, este medio desveló que la Fiscalía se había querellado contra Alberto González Amador por dos delitos de fraude fiscal que le habrían ahorrado el pago de 350.951 euros en concepto de Impuesto de Sociedades.

La Fiscalía de Madrid acusa de un tercer delito de falsificación documental al empresario, en relación con las facturas falsas que emitió dentro de las maniobras para engañar a Hacienda en los ejercicios 2020 y 2021 y no tributar lo que debía tras una comisión de más de dos millones de euros por la venta de mascarillas en pandemia.

En esa primera información se explicaba que la presidenta madrileña y el defraudador fiscal conviven desde el pasado verano en un piso de 180 metros cuadrados adquirido por él tras haber cometido el doble fraude fiscal. Este es el piso cuya reforma es ilegal y que es objeto de un expediente. El valor de mercado del piso reformado roza los 1,2 millones de euros.

El 13 de marzo, dos días después de la primera información, elDiario.es desveló que la pareja disfruta también de un ático de lujo, de similares dimensiones, situado justo encima. Hasta ahora, ni la presidenta madrileña ni su equipo han hecho mención a esta segunda vivienda, tampoco para desmentir que Ayuso disponga de ella. Del ático solo se sabe que pertenece a Babia Capital SL, una sociedad que administra Javier Luis Gómez Fidalgo, el fiscalista que representó a González Amador ante Hacienda. 

Pero más de dos semanas después de que este medio revelara que la pareja disfruta del ático de lujo sigue sin conocerse quién es su verdadero dueño y si la pareja paga un alquiler por él. Tampoco si las obras incluyeron unir el piso que compró González Amador en el sexto piso con este ático situado en el séptimo. Áticos de esas dimensiones se venden por encima del millón y medio de euros en el distrito de Chamberí, uno de los barrios más caros de la capital.

La regularización de las obras ilegales realizadas en el piso de la sexta planta, que ahora intenta el empresario, evitaría la inspección del Ayuntamiento y que quede constancia en el expediente si se acometió la supuesta unión de ambas viviendas. De haberse producido esa obra habría dado lugar a una sola residencia de más de 380 metros cuadrados en uno de los distritos más caros de Madrid. 

Un piso comprado en plena investigación de Hacienda

La vivienda de la sexta planta, la de las obras ilegales, fue adquirida por González Amador el 27 de julio de 2022, tras cometer el fraude a Hacienda y cuando la Agencia Tributaria ya había abierto una inspección fiscal contra él.  

A la semana siguiente de formalizar la compra, Alberto González Amador informó al Ayuntamiento de que iniciaba las obras. Era 4 de agosto de 2022. Con posterioridad, el empresario desobedeció dos requerimientos del Consistorio, de 2 de noviembre y de 13 de diciembre de ese año, para que paralizara la reforma “de inmediato”. Sin embargo, y según ha publicado El País, las obras siguieron al menos hasta el 29 de diciembre, pese a los requerimientos del Ayuntamiento. 

No ha sido hasta que ha estallado el caso y se ha publicado su imputación judicial cuando Alberto González Amador ha decidido regularizar la situación del domicilio que comparte con la presidenta madrileña. Concretamente, 12 días después de que elDiario.es desvelara el fraude fiscal y al día siguiente de que el principal partido de la oposición madrileña forzara la futura visita de un inspector al domicilio. 

Las obras en su domicilio fueron objeto de debate en el pleno de la Asamblea Madrileña este jueves. El País ha publicado un vídeo que muestra los graves daños que provocó la reforma en un restaurante situado en el bajo del edificio. Isabel Díaz Ayuso se mofó de las informaciones sobre la reforma de su casa y dijo que el destrozo causado en el restaurante fue en realidad “una gotera”. Según la información de El País los daños obligaron a la pareja que regentaba el local a abandonar el negocio después de que el seguro de González Amador indemnizara a los hosteleros con 6.000 euros. Ellos, que tuvieron que cerrar el inmueble un mes, habían cifrado las pérdidas en 22.000.

Sanciones de 30.000 a 600.000 euros

Alberto González Amador intenta regularizar las obras dentro del “procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística” abierto por el Ayuntamiento de Madrid a raíz de la denuncia de la oposición. El modo de legalizar la reforma es presentando una declaración responsable que adjunte un proyecto técnico, aunque la obra ya esté hecha. Puede ser presentada directamente por el dueño de la vivienda o por una Entidad de Colaboración Urbanística (ECU), de carácter privado y habilitada para verificar el cumplimiento de la legalidad urbanística.

El Ayuntamiento suele evitar abrir un segundo proceso, de carácter sancionador, cuando los propietarios proceden a regularizar la obra, pero en este caso Alberto Gonzalez Amador se enfrenta a una denuncia expresa de Más Madrid, lo que debería obligar a la apertura del segundo expediente. Las multas previstas van desde los 30.001 hasta los 600.000 euros.

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En elDiario.es somos conscientes de que publicar noticias como esta no es fácil, que puede haber consecuencias. Al menos ya sabemos a qué nos enfrentamos esta vez. Nos lo han dejado claro y por escrito: “Os vamos a triturar, vais a tener que cerrar”. Las amenazas de Miguel Ángel Rodríguez, la mano derecha de la presidenta de Madrid, no son solo un calentón. No es siquiera la primera vez que recurre a presiones así para evitar que se publique una información.

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