El caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, un defraudador fiscal y falsificador de documentos confeso, parece haber girado ya al caso del fiscal general del Estado, imputado este último el miércoles por haber autorizado una nota de prensa desmintiendo el bulo que había lanzado el entorno del citado delincuente, Alberto González Amador, cuya condena se aproxima.
Pero esa mutación de los hechos es solo en el plano político y mediático. En el judicial, el caso que está próximo a concluir con una condena segura es el de González Amador, empresario, comisionista y pareja de la presidenta madrileña, que intentó engañar a Hacienda con la colaboración de una trama de testaferros, según él mismo ha admitido.
Los dos casos se entrelazan, el del delincuente confeso y el del máximo responsable de la institución dedicada a perseguir delitos. Ambos son ahora investigados, con distinta intensidad y con sus respectivos casos en diferentes momentos procesales, pero sobre todo soportando acusaciones muy distintas.
A Álvaro García Ortiz se le acusa de un presunto delito de revelación de secretos por la filtración de unos correos que estaban en poder de una veintena de personas. Por su parte, González Amador burló a la Hacienda Pública para no contribuir con el porcentaje que le correspondía tras embolsarse una comisión de casi dos millones de euros por la compraventa de material sanitario en plena pandemia. También falsificó documentos para culminar la maniobra de engaño al fisco.
La condena a González Amador habría sido ya dictada, y sus antecedentes penales estarían vigentes, de no ser porque los principales partidos de la oposición madrileña, PSOE y Más Madrid, percibieron un perjuicio causado por el investigado mayor del que aprecian la Fiscalía y la Abogacía del Estado.
La misma mañana en la que se iba a alcanzar un acuerdo, propuesto por la pareja de Ayuso, para que se le condenase a una pena de cárcel que no implicara su ingreso en prisión y una multa, la acusación popular presentó el escrito pidiendo ampliar la investigación por nuevos delitos y eso imposibilitó el acuerdo. González Amador, que esperaba en un hotel próximo a los juzgados de la Plaza de Castilla de Madrid, vio frustrada su aspiración de obtener una condena lo antes posible y pasar página.
González Amador no llegó a pisar los juzgados ese día. El 20 de mayo anterior, con motivo de su primera citación como investigado, la pareja de Ayuso logró sortear a los periodistas a la entrada y ya dentro estuvo deambulando durante horas por el edificio. Alberto González Amador llegó a ponerse una peluca para no ser reconocido.
En septiembre, la titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid rechazó esa petición y la acusación popular que ejercen los dos partidos recurrió ante la misma magistrada, que ahora debe resolver. En el caso de que vuelva a desestimar la petición de PSOE y Más Madrid, la acusación popular recurrirá en apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid.
Los tiempos de la justicia apuntan a que si la decisión de la jueza es de nuevo negativa la instancia superior no se pronunciará sobre el recurso hasta finales de año o principios de 2025. En el caso de que los jueces de la Audiencia Provincial den la razón a la instructora de la causa todo quedará listo para culminar el acuerdo que a punto estuvo de consumarse el 24 de junio pasado.
El 12 de marzo de este año, elDiario.es desveló que Alberto González Amador defraudó a Hacienda 350.951 euros entre 2020 y 2021 valiéndose de una trama de facturas falsas y sociedades pantalla. El despegue de la empresa de González Amador se produjo en 2020, el año de la pandemia, cuando la pareja de Ayuso facturó 1.973.000 euros por una sola operación, consistente en poner en contacto a dos empresas españolas para la compraventa de mascarillas.
En una de esas empresas ocupa un sillón de su consejo Fernando Camino, el directivo de Quirón Salud con el que González Amador tiene una relación personal y profesional estrecha desde hace años. Quirón es el gigante de la sanidad, principal beneficiario de la política de privatización de la sanidad del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, y Alberto González ha multiplicado por cuatro su facturación a la empresa desde que mantiene una relación con la presidenta.
La ampliación de la investigación que proponen Más Madrid y PSOE va en esa dirección. La acusación popular pidió a la jueza, sin éxito, que requiriera los correos electrónicos entre González Amador y Quirón Prevención, así como la declaración del presidente de esta filial de Quirón, Fernando Camino. Los partidos de la oposición creen que a la acusación contra la pareja de Ayuso se deben sumar otros cinco delitos: dos de administración desleal, uno de falsedad contable, otro de corrupción en los negocios y otro delito contable.
Petición de acuerdo de González Amador
Un mes y medio antes de la exclusiva de elDiairo.es el abogado de González Amador había dirigido un correo electrónico a una dirección genérica de la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía de Madrid en la que reconocía los hechos. “Ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública”, admitía su abogado. Pese a ello, la presidenta de la Comunidad de Madrid y su jefe de Gabinete negaban en público la actividad delictiva y llegaban a afirmar que Hacienda debía dinero a González Amador.
El preacuerdo alcanzado, que se frustró el 24 de junio, ya incluía una ampliación del reconocimiento de los delitos por parte de la pareja de Ayuso, sumando la falsedad. “Los hechos narrados son constitutivos de dos delitos contra la Hacienda Pública en relación con el Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 2020 y 2021 del artículo 305.1 y 6 en concurso medial cada uno de ellos con un respectivo delito de falsedad en documento mercantil”, recogía el texto.
El citado preacuerdo, que se retomará si los jueces rechazan ampliar la investigación, recoge que Alberto González Amador es responsable de los hechos descritos “en concepto de autor de todos los delitos” (dos de fraude fiscal y uno de falsificación). Acepta cuatro meses de cárcel por cada uno de los dos delitos de fraude fiscal y pagar una multa del 40% de la cuota defraudada (60.000 euros por 2020 y 78.380,56 por 2021), así como la pérdida del derecho a recibir subvenciones o ayudas públicas o gozar de los beneficios o incentivos fiscales durante 18 meses.
El texto también recoge las condenas para sus “cooperadores”: el mexicano Maximiliano Niederer para esos tres delitos y David Herrera Lobato –al frente de la trama ubicada en Arahal (Sevilla)– que respondería como “cooperador necesario” en relación con el delito contra la Hacienda Pública de 2021 en concurso medial con el delito de falsificación en documento mercantil. Según el preacuerdo, la causa se archivaría para los otros dos investigados de la localidad sevillana de Arahal, personas sin recursos que prestaron su nombre y sus domicilios para falsear la existencia de empresas que nunca prestaron servicios.