La pareja de Ayuso anuncia una querella contra la Fiscalía, Montero y Hacienda por las informaciones que publicó elDiario.es
Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso denunciado por un doble fraude fiscal que él mismo ha reconocido, prepara acciones penales por la filtración de datos de su caso. Según informa El Español, su representación jurídica estudia una posible querella contra la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, contra la inspectora de Hacienda que llevó su caso, y finalmente contra la Fiscalía de Madrid por emitir una nota de prensa en la que contestaba a las acusaciones de persecución de la propia presidenta madrileña. El País especifica que, en cualquier caso, no será el abogado que lleva la parte fiscal de su caso sino otro letrado el que impulse estas actuaciones.
El empresario Alberto González Amador, tal y como reveló en exclusiva elDiario.es, fue denunciado por la Fiscalía a principios del mes de marzo por un doble fraude fiscal de más de 350.000 euros. Un “entramado” de facturas falsas, según Hacienda y la Fiscalía, para reducir su factura del Impuesto de Sociedades que él mismo ha reconocido al proponer un pacto al Ministerio Público incluso antes de ser imputado.
Según publica el digital, la defensa del novio de la presidenta madrileña tiene intención de presentar acciones penales por un posible delito de revelación de secretos contra varias personas e instancias, algunas de las cuales han tenido un papel protagonista en la investigación que ha llevado a su denuncia.
Una de ellas es la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a quien el PP atribuye declaraciones sobre el caso antes de que algunos detalles, según su versión, fueran hechos públicos. También, según esta información, el empresario planea querellarse contra la inspectora de Hacienda que investigó su tributación, sus empresas y su trama de facturas falsas.
Otra de sus acciones penales se dirigirá contra la Fiscalía de Madrid por un comunicado en el que el Ministerio Público detallaba algunos hitos de la tramitación del caso para responder a las acusaciones, precisamente, de Isabel Díaz Ayuso. Acusaciones en las que la presidenta madrileña acusaba a la Fiscalía y otros estamentos del Estado de poner en marcha una cacería contra él, además de informaciones que apuntaban a que había sido la Fiscalía la que había ofrecido un trato al empresario cuando había sido al revés: la defensa de Alberto González reconoció los dos delitos fiscales por escrito y se ofreció a pactar.
Pendiente de la admisión
Las acciones penales de la Fiscalía contra Alberto González Amador se encuentran a la espera de que el juzgado de instrucción 19 de Madrid admita o no a trámite la denuncia y llame o no a declarar al empresario junto con los otros cuatro querellados. La Fiscalía también pide que se ofrezca la personación a la Abogacía del Estado en representación de Hacienda, como es habitual en estos casos, y que comparezcan las inspectoras que investigaron las declaraciones fiscales de sus empresas.
Según las conclusiones de Hacienda y la Fiscalía, reveladas en exclusiva por elDiario.es, la sociedad Maxwell Cremona de Alberto González Amador pasó de tener ingresos de 300.000 euros anuales a tener un volumen de negocio de más de dos millones anuales con la llegada de la pandemia: comisiones a cambio de facilitar la compraventa de mascarillas por parte de empresas.
Para que la factura fiscal no creciera tanto como la nómina de ingresos, según la denuncia, González Amador ideó un sistema de facturas falsas para imputar gastos a la entidad y rebajar el dinero que había que pagar por el Impuesto de Sociedades. Un total de 15 facturas por un valor de 1,7 millones de euros por trabajos que esas empresas nunca realizaron.
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