La pareja de Ayuso asume en su escrito que la devolución de Hacienda responde a que intentó pagar fuera de plazo

Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, reconoció por escrito a la Fiscalía que intentó pagar en 2023 lo defraudado a Hacienda a través de una fórmula que no contempla la normativa. Y así lo admitió expresamente su abogado. Así figura en el documento de ocho páginas que envió al Ministerio Público para llegar a un acuerdo y evitar el juicio.

Como contó elDiario.es, la pareja de Ayuso intentó retirar varias facturas falsas tras saber que Hacienda le investigaba por los ejercicios 2020 y 2021. Lo hizo ya el 24 de julio de 2023, al presentar el Impuesto de Sociedades de 2022, cuando la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) ya tenía muy avanzada la investigación que derivó en la querella por sus dos delitos fiscales y otro de falsedad documental.

Un movimiento ante el que la AEAT mostró su sorpresa y le recomendó, tras esta “supuesta regularización”, colaborar, entregar pruebas, reconocer el delito y pagar su deuda antes de que pasen dos meses desde su posible citación judicial como imputado. 

El escrito del abogado de González Amador fechado a finales de febrero en el que el representante de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid propuso aceptar ocho meses de cárcel y asumió “íntegramente” su fraude fiscal de 350.000 euros a cambio de una multa de medio millón de euros y de no entrar en prisión indica lo siguiente: “El contribuyente ha ingresado ya en la AEAT las cuotas defraudadas a través de la autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades 2022, aunque una vez iniciado el procedimiento inspector y por lo tanto sin darse lo indicado en el art. 305.4 del Código Penal (así se reconoce expresamente)”. 

Ese artículo señala que “se considerará regularizada la situación tributaria cuando se haya procedido por el obligado tributario al completo reconocimiento y pago de la deuda tributaria, antes de que por la Administración Tributaria se le haya notificado el inicio de actuaciones de comprobación o investigación”. No después de que se le haya abierto una inspección que, en el caso de González Amador, llevaba ya en marcha desde hacía más de un año.

Como indica un fiscalista consultado, “eso no es ninguna regularización”, ya que se produce en un año distinto y cuando ya se ha iniciado el procedimiento inspector. Se trata de una estrategia muy inusual que perseguiría, apunta este experto, conseguir algún tipo de atenuante de reparación del daño. 

El escrito del abogado de González Amador admite eso, que este pago en el Impuesto de Sociedades de 2022 “no es una regularización voluntaria”, como le recordaron durante la inspección las funcionarias de la Agencia Tributaria. “Estamos completamente de acuerdo”, dice su abogado.

Pero pide que “se dé traslado” a la AEAT para que “se pronuncie expresamente [sobre] si las cuotas defraudadas por el Impuesto sobre Sociedades 2020 y 2021 a que se refiere la LVD [liquidación vinculada a delito], ya han sido pagadas a la AEAT por el Impuesto sobre Sociedades 2022”. Y se indica que se ha pedido a la Agencia Tributaria que le aplique “el importe que resulte a favor de Maxwell ingresado de más por el Impuesto de Sociedades 2022”. De ahí que Isabel Díaz Ayuso haya asegurado que a su pareja Hacienda le “debe” 600.000 euros. 

El escrito explica que en la declaración de Sociedades de 2022 la principal empresa de González Amador, Maxwell Cremona, “anuló” las facturas falsas emitidas por una sociedad mexicana, MKE Manufacturing, y otra de Costa de Marfil, Gavani LTD, por supuestos trabajos para intentar colocar vacunas contra el Covid en ese país africano y para abrir puertas en el mercado sanitario de México, respectivamente.

Y esto explica una situación muy anómala en las cuentas de Maxwell Cremona de 2022: que la partida de “aprovisionamientos”, que suele ser un coste para la empresa, fuera positiva en ese ejercicio: ascendió a 895.585,63 euros, procedentes “de la factura correspondiente a Gayani, LTD”, explica el escrito de su abogado. Esto propició que el beneficio antes de impuestos de la empresa se disparase en ese ejercicio por encima de los 2,5 millones de euros después de reducir su facturación un 24%.

En el caso de la factura falsa de la sociedad mexicana, los abogados de González Amador indicaron que se la dedujo por “error” y que “no hubo ninguna intención de cometer un fraude delictivo”. “En cuanto se conoció la gravedad de los hechos se procedió a ingresar esas cantidades en la Hacienda Pública” mediante su “anulación”.

El autor del escrito en el que la pareja de Ayuso aceptó en febrero el fraude para no entrar en prisión es, según las propiedades del documento, Juan de Dios Nieto, inspector de Hacienda en excedencia.

Ese intento extemporáneo de regularizar fue utilizado por la Comunidad de Madrid para dar a entender que es Hacienda la que debe dinero a González Amador y no al revés. Lo dijo la propia Isabel Díaz Ayuso el pasado 13 de marzo, dos días después de que elDiario.es revelase el fraude de su pareja. Y todavía la pasada semana su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, filtró a algunos medios que esa devolución era la prueba de que la pareja de Díaz Ayuso no cometió delitos, sino que se trataba de discrepancias con Hacienda, que arrojaban un saldo a favor del comisionista. Y atribuían el fraude a una operación del Gobierno de Sánchez que implicó a “todos los poderes del Estado”.

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En elDiario.es somos conscientes de que publicar noticias como esta no es fácil, que puede haber consecuencias. Al menos ya sabemos a qué nos enfrentamos esta vez. Nos lo han dejado claro y por escrito: “Os vamos a triturar, vais a tener que cerrar”. Las amenazas de Miguel Ángel Rodríguez, la mano derecha de la presidenta de Madrid, no son solo un calentón. No es siquiera la primera vez que recurre a presiones así para evitar que se publique una información.

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