La pareja de Ayuso mantiene ante la jueza que quiere pactar una condena por fraude fiscal que le evite la cárcel

La representación legal del empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ha informado verbalmente a la jueza que le investiga por fraude fiscal y falsificación de documentos que busca alcanzar un pacto con la Fiscalía para recibir una condena que no suponga su ingreso en prisión. La defensa de González Amador se dirigió el pasado febrero a la Fiscalía de Madrid para reconocer que había defraudado a la Hacienda Pública en dos ejercicios, al tiempo que proponía un acuerdo. Este lunes su abogado reiteró esas intenciones a la magistrada María Inmaculada Iglesias Sánchez, instructora del caso en el que está imputado.

Alberto González Amador estaba citado a las 10 de la mañana de este lunes para declarar como investigado. Tras una breve charla entre la defensa del imputado y el nuevo fiscal del caso, ambas partes han informado de la propuesta de González Amador para alcanzar una condena por conformidad y la jueza ha suspendido la declaración de la pareja de Ayuso hasta el próximo 24 de junio.

Según fuentes jurídicas, los hechos se han producido de la siguiente forma: el abogado de González Amador y el nuevo fiscal del caso han accedido a la sala de vistas para, en privado, mantener una conversación. Después, y ya en presencia de la jueza, han entrado junto a otras partes personadas que han acudido a la declaración. El abogado y el fiscal han aludido a esas futuras conversaciones, sin más detalle, y han propuesto el aplazamiento. La jueza no se ha pronunciado sobre el motivo pero ha acordado la suspensión alegando que la mayoría de las partes estaban de acuerdo, en alusión a Fiscalía, así como los abogados de González Amador y su empresa. La Abogacía del Estado no se ha pronunciado y la acusación popular se ha negado a pronunciarse en uno u otro sentido porque todavía no se le ha dado acceso a las actuaciones.

Varias fuentes consultadas aseguran que las conversaciones entre la defensa de González Amador y la Fiscalía se limitan, en este momento, a la comunicación que han hecho los abogados del imputado de sus aspiraciones al nuevo fiscal del caso, Diego Lucas. Este fiscal se ha hecho cargo de la causa después de que su compañero Julián Salto se apartara tras ser denunciado por Alberto González Amador por revelación de secretos. La denuncia del imputado por fraude fiscal y falsificación de documentos está relacionada con una nota de prensa de la Fiscalía Provincial de Madrid desmintiendo un bulo difundido por el Partido Popular, según el cual la Fiscalía habría ofrecido un pacto a González Amador, cuando en realidad fue al revés.

En la decisión de la jueza de aplazar la declaración de González Amador ha pesado igualmente el hecho de que el viernes pasado había comunicado la suspensión de la declaración prevista para mañana a los tres vecinos de Arahal (Sevilla) que habrían participado en la presunta trama de facturas falsas con las que Alberto González Amador habría engañado a Hacienda. El abogado de dos de ellos había pedido que declararan por videoconferencia desde un juzgado de Marchena y han vuelto a ser citados el 21 de junio. Las mismas fuentes aseguran que se volverá a cambiar la citación para que todos los investigados declaren el 24 del próximo mes.

Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, reconoció por escrito ante la Fiscalía los dos delitos fiscales de los que estaba acusado y propuso ser condenado a ocho meses de prisión. El escrito fechado a principios de febrero refleja que la defensa del empresario reconoce “íntegramente” que cometió dos delitos fiscales entre 2020 y 2021, que según la Agencia Tributaria suman más de 350.000 euros, en el Impuesto de Sociedades después de ganar varios millones de euros en comisiones salidas de la venta de mascarillas durante la pandemia. En el juzgado, y en el día de ayer, la defensa de González Amador sostuvo ante la jueza su voluntad de alcanzar un pacto sin más detalles. elDiario.es se ha puesto en contacto con uno de los letrados de González Amador pero no ha obtenido respuesta.

Una peluca y tres horas escondido

Fuera de este breve encuentro en el juzgado, la sesión estuvo marcada por una peluca gris y tres horas de escapismo de González Amador por los juzgados de Plaza de Castilla para evitar que los periodistas captaran su imagen tras ser llamado a comparecer ante la jueza que lo investiga por delitos de fraude fiscal y falsedad documental. Es la síntesis de la 'no declaración' ante la Justicia de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, prevista para este lunes.

El interrogatorio fue aplazado por la magistrada por los problemas para citar a los otros investigados, pero la actitud del comisionista evidenció su empeño en esquivar las cámaras tras semanas en el foco público por sus maniobras para pagar menos impuestos tras enriquecerse en la pandemia. Los acusados de colaborar en la elaboración de facturas falsas, además, habían pedido declarar por videoconferencia desde Sevilla.

González Amador acudió a los juzgados con un evidente cambio de imagen respecto a la última fotografía suya publicada el pasado abril, cuando se le vio en un bar del distrito de Barajas (Madrid) con el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano. En esta ocasión compareció sin barba y con el cabello casi rasurado. También intentó despistar a los periodistas poniéndose una peluca de color canoso, según han podido presenciar varios testigos y desveló Europa Press. Tras comparecer ante la jueza pasó tres horas en las dependencias de los juzgados para evitar ser captado por las cámaras. No lo logró a pesar de que salió por una de las puertas laterales de los juzgados y lo hizo tapándose la cara con el teléfono móvil y con una de sus manos.

La suspensión de su declaración como imputado después de haber reconocido un fraude fiscal de más de 350.000 euros y la dificultad para captar imágenes más explícitas de su llegada y salida a los juzgados sí devuelven el foco a otro hito que tendrá lugar este viernes: la ratificación de la querella que ha presentado contra dos fiscales de Madrid a los que atribuye un delito de revelación de secretos por emitir un comunicado que refutaba un bulo difundido por el equipo de la presidenta. 

La decisión de la magistrada de aplazar su declaración ha convertido la semana de la imputación de Alberto González en otra en la que podrá presentarse como víctima ante la Justicia. Mientras su causa por doble fraude fiscal queda ralentizada hasta dentro de más de un mes, las diligencias por revelación de secretos contra la Fiscalía están en marcha y tendrán su primer hito este viernes: la pareja de Isabel Díaz Ayuso tendrá que ratificar sus acusaciones ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. 

De imputado a denunciante

Después de esconderse de las cámaras con disfraces y carreras para evitar la foto de su imputación, Alberto González Amador está citado el viernes al mediodía para acudir físicamente y refrendar la querella que interpuso. De imputado a víctima, el empresario del sector sanitario aparca temporalmente la causa de fraude fiscal e impulsa unas diligencias en las que el juez instructor apunta directamente al “máximo responsable” del comunicado sobre el pacto que su abogado ofreció a la Fiscalía para evitar el banquillo. 

Esta causa sostiene el discurso político de Isabel Díaz Ayuso y el Partido Popular frente al fraude fiscal confeso de 350.000 euros de Alberto González Amador: la supuesta persecución por parte de los poderes del Estado contra un ciudadano anónimo y particular que ha llevado a la Fiscalía a revelar las tripas de su estrategia de defensa. El fiscal general es la pieza de caza mayor de una querella apoyada por el Colegio de Abogados de Madrid. 

Los dos procesos judiciales cruzan sus caminos y todo lo que ocurra en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid tendrá eco en la Plaza de Castilla. Si la pareja de Ayuso decide no seguir adelante con su estrategia inicial de reconocer los hechos y pactar, cualquier avance en la acusación penal contra la Fiscalía que le denunció será un arma valiosa para pedir la nulidad del caso. 

Una parte relevante de sus acusaciones en la querella de revelación de secretos pivotan en torno al daño que, alega, se le hizo: el Ministerio Público reveló datos clave de su ofrecimiento para pactar y eso disminuye su capacidad para defenderse ante la jueza instructora, que ya sabe gracias a ese comunicado que ha reconocido ambos delitos fiscales por escrito. 

La querella de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, apoyada por el Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), omite varios aspectos claves del desarrollo del caso: el primero en difundir la existencia de negociaciones, aunque a través de un bulo y con información falsa, fue el propio Miguel Ángel Rodríguez –jefe de gabinete de Ayuso– en sus redes sociales. Varios medios de comunicación difundieron también lo contrario a lo que estaba pasando: que era la Fiscalía la que ofrecía un pacto a González Amador, pacto que además habría sido frenada por la cúpula del Ministerio Público. 

La querella de González Amador tampoco explica que fue su propia defensa la que meses antes de hacerse público el caso intentó retirar dos facturas de 1,5 millones de euros y pagar sus deudas con Hacienda en la declaración fiscal de 2022. Algo que para la Agencia Tributaria suponía ya entonces un reconocimiento implícito de algunas de las irregularidades.

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En elDiario.es somos conscientes de que publicar investigaciones como la de la pareja de Ayuso no es fácil, que puede haber consecuencias. Al menos ya sabemos a qué nos enfrentamos esta vez. Nos lo han dejado claro y por escrito: “Os vamos a triturar, vais a tener que cerrar”. Las amenazas de Miguel Ángel Rodríguez, la mano derecha de la presidenta de Madrid, no son solo un calentón. No es siquiera la primera vez que recurre a presiones así para evitar que se publique una información.

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