La pareja de Ayuso ofreció un pacto a la Fiscalía para declararse culpable de los delitos y evitar el juicio

Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ofreció a la Fiscalía de Madrid un acuerdo antes incluso de que esta presentase la denuncia. El empresario, acusado de defraudar 350.000 euros mediante facturas falsas proporcionadas por otras empresas, quiso así evitar el juicio. La Fiscalía lo rechazó y presentó la denuncia.

Según ha avanzado La Sexta y ha confirmado elDiario.es, ese ofrecimiento se hizo a través de su abogado, que mostró la disposición de su cliente a asumir los delitos para alcanzar un acuerdo sobre la pena. La Fiscalía no aceptó el ofrecimiento y presentó la denuncia el pasado 5 de marzo. El escrito ha recaído en el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, que ahora tiene que decidir si, como pide el Ministerio Público, imputa a Alberto González Amador y a otros cuatro empresarios que le habrían ayudado con el falseamiento de las facturas.

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El jefe de Gabinete de la presidenta de la Comunidad, Miguel Ángel Rodríguez, ha asegurado que fue la Fiscalía quien se dirigió por mail a la pareja de Isabel Díaz Ayuso para ofrecerle. No es cierto, fue la defensa del empresario quien tomó la iniciativa de ponerse en contacto con la Fiscalía para ofrecer un pacto, que por ahora no se ha aceptado.

El ofrecimiento por parte de la defensa del empresario choca también con lo declarado hoy por su pareja, la presidenta madrileña. Díaz Ayuso dijo que “es falso que sea él quien debe a Hacienda 350.000 euros” y que es Hacienda quien le debe a él 600.000 euros: “Mi pareja no está en ninguna trama, está sufriendo una investigación salvaje de Hacienda sacada de quicio que se ha orquestado para dañarme a mí”. Ahora sabemos que su pareja estaba dispuesta a declararse culpable de las acusaciones.

González Amador ha sido denunciado por dos delitos contra Hacienda cometido en los ejercicios 2020 y 2021, que en total suman 350.000. Además, la denuncia añade un delito más de falsedad documental por haber intentado pagar menos impuestos presentando facturas por trabajos que no se realizaron nunca. El presunto fraude se cometió para pagar menos impuestos por los casi dos millones de euros que González Amador había ingresado por hacer de intermediario en una compraventa de mascarillas.

El Código Penal y la normativa tributaria recogen varias opciones para que un defraudador fiscal pueda evitar el banquillo o, al menos, ver reducidas sus condenas de manera sustancial. Por el momento, según Hacienda, Alberto González Amador no ha cumplido ninguno de esos requisitos. 

Uno de ellos, ya fuera de su alcance, es pagar la deuda antes de saber que se está siendo investigado. En este caso, las indagaciones de la Agencia Tributaria le fueron notificadas a él y a sus empresas en mayo de 2022 sin que, hasta la fecha, haya regularizado su situación, a tenor de lo recogido en los informes del caso. 

Otro camino es el de reconocer tanto el delito como pagar la deuda antes de que empiece un hipotético proceso penal. El artículo 305.6 del Código Penal establece que los jueces podrán imponer la condena “inferior en uno o dos grados” siempre que antes de que pasen dos meses desde su citación judicial como imputado el acusado pague su deuda tributaria y “reconozca judicialmente los hechos”. 

Alberto González Amador todavía no ha sido imputado. Un juzgado de Madrid, tal y como ha explicado este miércoles elDiario.es, ha recibido la denuncia de la Fiscalía contra él por fraude fiscal y falsedad documental, a la espera de que en las próximas semanas tome una decisión sobre si abre o no una causa y le imputa, tal y como pide el Ministerio Público. Todas estas posibilidades de beneficios penales afectarían a su acusación de delito fiscal, formulada por la Fiscalía en concurso con otro ilícito de falsedad documental por la supuesta falsificación de hasta 15 facturas.