415.000 euros. Es la cantidad que el comisionista Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, amenaza con reclamar en los juzgados a una decena de miembros del Gobierno y dirigentes del PSOE y Más Madrid a los que acusa de difamarle tras pronunciarse públicamente sobre el doble fraude fiscal que él mismo ha reconocido. Una ofensiva judicial que transcurre en paralelo a causa abierta contra él y a la que recientemente se ha sumado una pieza separada para investigar posibles delitos en su relación con el Grupo Quirón, el gigante de la sanidad privada que recibe cientos de millones de euros de adjudicaciones de la Comunidad de Madrid.
En la nómina de demandados por González Amador figuran el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cinco ministros —María Jesús Montero, Félix Bolaños, Isabel Rodríguez, Diana Morant y Óscar López—; el diputado socialista Javier Zaragoza; la portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot; su homóloga en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre; y el director de comunicación del PSOE, Ion Antolín. También ha denunciado a dos formaciones políticas: el PSOE y Más Madrid.
La mayor cuantía, un total de 100.000 euros, es la que González Amador amenaza con exigir al jefe del Ejecutivo, a quien le ha reclamado que se retracte tras haberle llamado “delincuente”. Si no lo hace, interpondrá contra él una querella por injurias y calumnias en la que le reclamará la citada cantidad, según la solicitud de conciliación presentada por el comisionista en los juzgados de Madrid, revelada por El Mundo. La solicitud de acto de conciliación es un acto previo a la presentación de una querella.
Las declaraciones que motivan la iniciativa del empresario se produjeron el pasado 17 de octubre, cuando Sánchez defendió al fiscal general del Estado tras la decisión del Tribunal Supremo de iniciar una investigación por la filtración de un correo relacionado con el caso de fraude fiscal del empresario. Sánchez afirmó que Álvaro García Ortiz había hecho su trabajo: “Perseguir al delincuente y combatir la desinformación y un bulo”. González Amador considera que esas declaraciones son una “infracción de los más elementales deberes” de “respeto y protección de los derechos fundamentales de un ciudadano español”.
La realidad es que el empresario confesó haber cometido un doble delito fiscal. Lo hizo en un correo enviado a la Fiscalía el 2 de febrero de 2024, más de un mes antes de que elDiario.es desvelara el caso, y que tenía como objetivo alcanzar un pacto que le permitiera cerrar pronto la investigación. “Ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública”, figura en el escrito, que expone también su voluntad de “resarcir el daño causado pagando íntegramente la cuota e intereses de demora” a la Agencia Tributaria. Se ofreció a pagar más de 500.000 euros. Los casi 351.000 euros del fraude fiscal, los casi 25.000 euros de intereses y los 140.000 euros de multa.
Al publicarse estas demandas, el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez ha llegado a mandar mensajes a periodistas en los que afirmaba que la multa de Hacienda la iba a pagar la oposición. “Si todo va normal, entre Gobierno y PSOE le pagarán tres veces más que lo que le pide Hacienda”, puede leerse en uno de esos mensajes.
González Amador había sido denunciado por defraudar más de 350.000 euros entre 2020 y 2021 a través de un entramado de facturas falsas y empresas pantalla. Facturó 3,7 millones de euros, de los que casi dos provenían de una única operación por mediar en un contrato de compraventa de mascarillas. Pero cuando llegó el momento de justificar esas ganancias ante Hacienda, trató de engañar al fisco. Lo hizo imputando gastos de cientos de miles de euros por trabajos que nunca existieron, pero que le beneficiaron fiscalmente.
Montero y Rodríguez, las primeras demandadas
La ofensiva judicial del empresario contra los políticos de izquierda que se pronuncian públicamente sobre sus problemas con la Justicia se inició con la vicepresidenta María Jesús Montero, a la que el empresario reclama 40.000 euros; y la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, a la que exige 20.000 euros. Los hechos se remontan al pasado marzo, días después de que elDiario.es revelara la existencia de la denuncia de la Fiscalía y que Ayuso y su pareja viven en un piso de un millón de euros que él compró tras el fraude fiscal.
El 12 de marzo, la vicepresidenta Montero fue preguntada por este asunto en el Senado y afirmó que esa revelación periodística requería que Ayuso diera “explicaciones” y actuara con transparencia “respecto a si está viviendo en un piso que se pagó con fraude de la Hacienda Pública y con las comisiones respecto a las mascarillas”. Por su parte, la ministra Rodríguez afirmó el 19 de marzo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que “la mayoría de españoles y españolas no cometen delitos para acceder a la vivienda”.
Esas declaraciones dieron lugar a sendas demandas por supuesta vulneración del derecho al honor por parte de la pareja de la presidenta madrileña. Tanto Montero como Rodríguez han rechazado llegar a un acuerdo de conciliación, por lo que se espera que en próximas fechas el empresario presente sendas demandas contras ambas ante el Tribunal Supremo, el órgano judicial ante el que están aforadas por su condición de miembros del Ejecutivo.
“Delincuente confeso”
Otros ministros contra los que González Amador ha presentado demandas por intromisión en el derecho al honor por llamarle “delincuente confeso” son Félix Bolaños, al que amenaza con reclamarle 50.000 euros; y Óscar López, al que planea exigirle otros 50.000 si no se retractan de sus declaraciones.
En el caso de la ministra Diana Morant, a la que pide 15.000 euros, cuestiona que haya tratado de involucrar a su pareja en “una trama de corrupción inexistente”, según desveló El Confidencial. En realidad, lo que hizo la ministra fue cuestionar el “silencio atronador” de Díaz Ayuso y la falta de “explicaciones sobre la relación de su pareja con una de las empresas que más se está beneficiando de esa privatización salvaje de la sanidad en la Comunidad de Madrid”, en alusión a Grupo Quirón. Esta compañía multiplicó por cuatro los pagos a González Amador tras iniciarse la relación con la presidenta madrileña.
Las acciones legales de González Amador también se han dirigido contra Más Madrid, el primer partido de la oposición tanto en la Asamblea como en el Ayuntamiento de la capital. En este caso, las demandas se dirigen contra sus portavoces en ambas instituciones, Manuela Bergerot y Rita Maestre. La diputada regional difundió la iniciativa del empresario en sus redes sociales. “Acabo de recibir una querella del novio de Ayuso y pretende pedirme 20.000 euros. Una querella para intentar silenciarnos, para que no digamos lo que sabe ya toda España. Señor Amador: ya tiene mucha tarea en los juzgados como para andarse querellando. Ojo con Quirón”, publicó en X.
El comisionista le pide que se retracte de un mensaje publicado en esa misma red social el pasado 24 de octubre en el que lo llamó delincuente y que se comprometa a no volver a difundir “informaciones falsas y/o manifestaciones difamatorias, vejatorias, injuriosas, calumniosas u ofensivas” vinculadas a su persona. Si no lo hace, la demandará en los juzgados y le exigirá 20.000 euros.
Casi dos meses antes, González Amador también había amenazado con demandar a Maestre después de que la concejala publicara un mensaje en X en el que hacía una serie de preguntas en relación al uso y disfrute por parte de Ayuso y su pareja de un ático situado justo encima del piso que ambos comparten y que está a nombre de una sociedad del abogado del empresario.
“¿Quién ha pagado el ático de Ayuso y su novio y a cambio de qué? ¿Por qué oculta Ayuso el nombre de su generoso mecenas?”, se preguntaba la portavoz. “Ni me voy a callar ni voy a dejar de hacer mi trabajo”, afirmó Maestre en una intervención en Al Rojo Vivo (laSexta) tras recibir la demanda de conciliación. Si no se retracta, el comisionista presentará una demanda contra ella y le exigirá 15.000 euros, la misma cantidad que a su formación, Más Madrid.
Más Madrid no es la única formación a la que ha demandado González Amador. El empresario también exige 30.000 euros al PSOE y otros 30.000 al director de comunicación del PSOE, Ion Antolín, al que responsabiliza de las notas de prensa que ha publicado la formación sobre su caso de fraude fiscal. En las filas socialistas, la ofensiva judicial de la pareja de Ayuso también se ha dirigido contra el diputado José Zaragoza, por un comentario en X en el que aparecía una fotografía de González Amador y otras personas con el siguiente mensaje: “la trama PPopular de Corrupción”. Si no se retracta, a él le reclama 10.000 euros.