Alberto González Amador reconoció por escrito ante la Fiscalía los dos delitos de fraude con los que intentó evadir impuestos tras haber cobrado una comisión de casi dos millones de euros por vender mascarillas en lo más duro de la pandemia. Previamente, tras saberse investigado por la Agencia Tributaria, había tratado de retirar facturas falsas y pagar parte de su deuda. Son movimientos encaminados a evitar las consecuencias del fraude y que evidencian que, a diferencia de lo que ha afirmado estos días Isabel Díaz Ayuso, el empresario lleva meses asumiendo ante los investigadores que varias de las facturas que presentó no son válidas y ha explorado, sin éxito, varias vías para evitar el banquillo.
La documentación del caso revela que González Amador trató de dar marcha atrás a parte de la ingeniería fiscal puesta en marcha para eludir impuestos por las millonarias comisiones de las mascarillas medio año después de saber que estaba siendo investigado por la Agencia Tributaria. El empresario trató de anular dos facturas que suman la mayor parte del fraude y tributar por ellas como si fueran nuevos ingresos en la declaración fiscal del año 2022, presentada en el verano de 2023.
El objetivo de ese movimiento fue regularizar su situación tributaria y evitar la denuncia que ya estudia un juzgado de Madrid. Pero la Agencia Tributaria afirmó que el intento de Gonzalez Amador no podía ser considerado “una regularización válida”. Su argumento fue que no había reconocido ni pagado la deuda tributaria al “completo”, pues sólo había abonado lo correspondiente a dos de las 15 facturas que Hacienda considera falsas; y que, además, lo había hecho cuando ya se le estaba investigando. En consecuencia, consideró que había “elementos suficientes” para apreciar los citados delitos.
La Fiscalía y Hacienda acusan a González Amador de presentar una quincena de facturas falsas por un valor de 1,7 millones de euros para camuflar supuestos gastos y, así, pagar menos impuestos. La mayor parte de ese montante procede de dos facturas: una de la empresa Gayani LTD –con sede en Costa de Marfil– por valor de 922.585,63 euros y otra de 620.000 euros girada por la sociedad mexicana MKE Manufacturing.
La primera está relacionada con una venta fallida de vacunas al Ejecutivo de Costa de Marfil. En teoría, esos 922.585,63 euros eran una comisión por lograr colocar esas vacunas al Ejecutivo del país africano, pero la operación nunca se cerró. Pese a ello, la factura terminó en la declaración fiscal de la empresa de la pareja de Ayuso. Hacienda solo dio por válido un pago de 27.000 euros por unas gestiones para la “apertura de mercado” en ese país.
Los otros 620.000 eran una supuesta contraprestación para que una empresa de México le abriera las puertas del mercado sanitario en ese país. Pero, durante la investigación, Hacienda acreditó que la factura nunca se llegó a pagar y que MKE Manufacturing no desarrolló ninguna labor comercial que permitiera a la pareja de Ayuso hacer negocios en México. La empresa de González Amador se vio obligada a admitir que la factura fue deducida “erróneamente”.
En sus alegaciones, la empresa del comisionista explicó que estas dos facturas habían sido “anuladas” y que, por tanto, no habían causado “ningún perjuicio a la Hacienda Pública”. Su argumentación fue que, además, los impuestos que adeudaba por esas dos facturas ya habían sido pagados posteriormente, en la citada declaración fiscal de 2022 (realizada en 2023).
Es un movimiento que Hacienda no da por bueno. “No puede ser considerada una regularización válida”, sostiene la Agencia Tributaria en su informe. Hacienda destaca, incluso, que anular y retirar facturas incide en su consideración de que, en realidad, eran falsas y su objetivo era reducir la factura fiscal de los años 2020 y 2021, cuando sus ingresos pasaron de ser escasos a ser millonarios. “Supone el reconocimiento de que nos encontramos ante una factura falsa cuya realidad no resulta para nada acreditada”, dice el informe sobre la factura de la empresa de Costa de Marfil.
Intentó pagar una vez abierto el caso
La normativa tributaria y penal abre la puerta a que, en algunas ocasiones, un defraudador fiscal pueda evitar el banquillo si paga sus deudas antes de que lo pida Hacienda o antes de que sepa que está siendo investigado. Pasó, por ejemplo, en el caso del rey emérito Juan Carlos I, a pesar de los diversos avisos de la Fiscalía de que había una causa en marcha. También se puede rebajar una hipotética condena si se reconoce el delito y se paga la deuda antes del juicio.
Eso es lo que, según Hacienda, trató de hacer la empresa de González Amador. Sin embargo, lo hizo sin cumplir los requisitos legales. La Agencia Tributaria explica que Maxwell Cremona —su sociedad principal— fue adaptando su estrategia a medida que los investigadores iban deshaciendo el ovillo de facturas falsas.
De hecho, la Agencia Tributaria no oculta su sorpresa por la forma en la que la sociedad de González Amador intentó evitar su responsabilidad fiscal. En primer lugar, dice, porque lo intentó solo con respecto a dos facturas supuestamente falsas, las que acumulan la inmensa mayoría del supuesto fraude fiscal investigado. Pero se dejó fuera el resto.
“No se ha producido un completo reconocimiento de la deuda tributaria al no regularizar todas las operaciones calificadas como presuntamente falsas o falseadas”, explica Hacienda. Además, ha pagado porque “se han iniciado actuaciones de comprobación”, no de forma espontánea, requisito legal para que pagos como estos sirvan para exonerar a un supuesto defraudador fiscal.
La documentación de Hacienda también explica a González Amador lo que tiene que hacer si, de cara a un futuro y posible juicio por este fraude fiscal de 350.000 euros, quiere evitar una condena alta: colaborar, entregar pruebas, reconocer el delito y pagar su deuda tributaria antes de que pasen dos meses desde su posible citación judicial como imputado. Porque, hasta ahora, su alegada “regularización” tampoco sirve para “entender satisfecha la responsabilidad civil derivada de estos delitos”, dice el informe.
Para poder hacerlo así, dicen las inspectoras, debe actuar según dice el artículo 305.6 del Código Penal, “de cuyos efectos atenuantes todavía puede beneficiarse”. Ese artículo abre la puerta a condenar a un defraudador fiscal pero con “la pena inferior en uno o dos grados” cuando reconozca el delito y pague antes de ser citado colaborando además activamente en la investigación.
Esas explicaciones están en la documentación del caso y han sido repetidas recientemente por la Fiscalía. La defensa del propio González contactó con el Ministerio Público, reconociendo por escrito los dos delitos fiscales y solicitando un pacto. “Ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública”, dijo su defensa. La respuesta de la Fiscalía fue presentar la denuncia el pasado cinco de marzo.
Los servicios que nunca se prestaron
La estrategia fallida de González Amador y su principal empresa a lo largo de la inspección fiscal ha sido librarse de una posible acusación relativa a las dos facturas que acumulan casi todo el fraude. La más cuantiosa es la que imputó gastos falsos de casi un millón de euros por parte de la empresa Gayani LTD. Está relacionada con una supuesta venta de vacunas para la COVID-19 a las autoridades de Costa de Marfil.
La documentación del caso es clara: la venta nunca se produjo. Aunque, efectivamente, existieran contactos con el Ejecutivo marfileño y desestimara la operación por ser demasiado caras. Pero los servicios de Gayani LTD a la empresa de la pareja de Ayuso, en el mejor de los casos, se quedaron en 27.000 euros: el dinero que gastó esa sociedad en “gestión y desplazamiento”. Por lo demás, dice Hacienda, no se cree la versión de González Amador: “Lo que ha quedado meridianamente claro es que Gayani no realizó en favor de Maxwell Cremona ninguna prestación comercial de venta de vacunas”.
Además, no considera creíbles las explicaciones de la empresa mediante las que alegó que todo respondía a servicios reales. “El hecho de presentar mucha documentación y muchas explicaciones no son elementos probatorios suficientes para demostrar que los servicios existieron”, sostienen las inspectoras.
Algo similar sucede con la segunda factura, de 620.000 euros, girada por una sociedad mexicana. La empresa de González Amador alegó que existía un contrato para vender los servicios de su empresa en México, que se hicieron viajes a ese país y que hubo reuniones con “personalidades y autoridades políticas”, aunque esas gestiones “no llegaran a buen término”.
En este caso, Hacienda explica Maxwell Cremona no aportó ni una sola prueba de lo que alegó en su descargo más allá de justificantes de viajes de avión. Además, las autoridades fiscales de México no encontraron tampoco una factura equivalente en los registros de ese país. En medio de ambas facturas sospechosas aparece la misma persona: Maximiliano Eduardo Niederer, representante de esas dos mercantiles.
En sus declaraciones ante Hacienda, este ciudadano mexicano no supo dar explicaciones convincentes para las inspectoras: “No es capaz de aportar explicaciones plausibles, coherentes y razonables sobre los supuestos servicios facturados ni las mercantiles cuestionadas”, escribieron las funcionarias en su informe.
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