Parlament catalán aprueba con el voto del PSC la creación del fondo del Govern para los avales del Tribunal de Cuentas

Prevé el retorno del dinero una vez haya sentencia firme sobre los hechos

BARCELONA, 23 (EUROPA PRESS)

El Parlament catalán ha aprobado el Proyecto de ley de creación del Fondo Complementario de Riesgos de la Generalitat, dotado con 10 millones de euros, que se creó para contraavalar los avales emitidos desde el Institut Català de Finances (ICF) para las fianzas de 5,4 millones de euros que el Tribunal de Cuentas impone a 34 excargos del Govern por la política exterior de la Generalitat.

Se ha aprobado este miércoles en el pleno del Parlament con los votos favorables de PSC, ERC, Junts, CUP y comuns, excepto el 'no' de Vox, Cs y el PP.

El decreto de creación del fondo ya se aprobó en julio en el pleno pero el Parlament decidió tramitarlo como proyecto de ley para incorporar las modificaciones que sugería el Consell de Garanties Estatutàries (CGE).

El fondo prevé asumir las obligaciones legales que corresponden a la Generalitat en “riesgos no cubiertos por pólizas de seguros de responsabilidad civil, patrimonial y contable, suscritas por la Generalitat, para siniestros que puedan afectar a personas que tengan, o hayan tenido, la condición de personal al servicio de la Generalitat, incluidos altos cargos y miembros del Govern”.

El Govern puede encargar la gestión de este fondo a una “entidad gestora constituida a este efecto a una entidad gestora existente, o determinar que lo asuma el departamento competente en finanzas”, aunque el Institut Català de Finances (ICF) será quien asuma provisionalmente su gestión hasta que no se constituya esta entidad.

El proyecto establece una “obligación de retorno” del dinero si hay un pronunciamiento judicial firme después de haberse acogido al fondo y una vez agotadas todas las vías jurisdiccionales de impugnación, y para acogerse a él se deberá hacer una solicitud acreditando que aún no se tiene esta resolución judicial firme.

FONDO CONTRA “REPRESALIAS”

El conseller de Economía y Hacienda, Jaume Giró, ha puesto en valor la creación de este fondo porque evita “represalias contra personas que ejercen legítimamente las funciones de sus cargos”, y se ha mostrado convencido de que el Tribunal de Cuentas acabará aceptando los avales, por sentido común y justicia, en sus palabras.

El diputado de Junts Joan Canadell --que ha sido ponente redactor-- ha insistido en la necesidad de proteger a los servidores públicos con este fondo, “dado que actualmente se excluye la cobertura de determinados riesgos, como en el caso de las actuaciones del Tribunal de Cuentas”, lo que, para él, genera vulnerabilidad.

El socialista Jordi Riba ha afirmado que esta ley pretende restablecer la cobertura y no luchar contra “una supuesta represión del Estado”, y está de acuerdo con que el retorno del dinero se haga cuando haya sentencia firme.

Nacho Martín Blanco (Cs) ha tachado el fondo de ser un fraude de ley porque “rescata a políticos que atentan contra el ordenamiento jurídico”, e insiste en la propuesta de su grupo de una comisión sobre quién puede ser sujeto del fondo, aunque ha sido rechazada.

DEBATE

Antonio Gallego (Vox) ha criticado que el fondo se crea para “cubrir las espaldas de los golpistas de hoy y de los que habrá en el mañana”, lo ha tildado de aberración jurídica y no le ve sentido a la creación de esta cobertura.

La 'cupaire' Eulàlia Reguant ha sostenido que el Tribunal de Cuentas no es, a su juicio, un órgano judicial y ha criticado que sea “un organismo endémico y que decida arbitrariamente qué son gastos por acción exterior de la Generalitat y qué no”.

Desde los comuns, Joan Carles Gallego ha pedido abordar este debate no a partir de las razones que motivaron la creación del fondo, sino de sus objetivos, que pasan por “dar plena cobertura a los empleados públicos para el ejercicio de su profesionalidad al margen de presiones externas, sean políticas o las que sean”.

Lorena Roldán (PP) ha dicho al Govern que “poner este fondo en sus manos es como darle una cerilla a un pirómano”, y ha asegurado que la situación de Cataluña sería mucho mejor si se empleara el mismo empeño en los problemas de los catalanes que en asuntos como este, según ella.

El republicano Juli Fernàndez ha defendido el fondo porque garantizará el “ejercicio de la política, a pesar de un poder judicial ideologizado que se arroga la competencia de determinar quién es o no culpable, de unos hechos excepcionales fruto de la represión”, y ve necesario proteger a los funcionarios públicos.