La Cámara ha aprobado este viernes una declaración institucional que hace referencia a la sentencia del pasado 21 de diciembre del 2016 emitida por el Tribunal de Justicia Europeo (TJUE) en la que falló que el Sahara Occidental no forma parte del Reino de Marruecos.
El Parlamento vasco recuerda que este fallo significa que ningún acuerdo comercial entre la Unión Europea y Marruecos es aplicable en el Sahara Occidental, y que no se puede establecer ninguna actividad comercial, ni exportar los recursos naturales del Sahara Occidental, sin el consentimiento del pueblo saharaui.
Asimismo, ha señalado que esta sentencia es “de obligado cumplimiento por parte de las autoridades europeas y estatales”, y por ello es su deber, “además de respetarla, darla a conocer a su ciudadanía para su correcta aplicación”.
Por otro lado, ha recordado que el 26 de febrero de 1976 España puso fin a su presencia en el territorio del Sáhara Occidental, “dejando inconcluso el proceso de descolonización, que ya estaba en curso en el marco de la ONU”, por lo que considera que el Estado “tiene una responsabilidad histórica, jurídica y moral con el pueblo saharaui”.
Ante todo ello, el pleno del Parlamento vasco ha realizado un llamamiento a que se “respete y cumpla” la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que establece que los acuerdos de asociación y liberalización entre Marruecos y la Unión Europea no se aplican al territorio del Sahara Occidental.
También ha expresado su preocupación sobre la explotación de los recursos naturales del Sahara Occidental por parte de compañías europeas, “cuestión que entra en contradicción con el derecho internacional y el europeo” y ha insistido en recordar “la ilegalidad de cualquier actividad comercial con el Sahara Occidental sin el consentimiento del pueblo saharaui”.
En este sentido, ha realizado un llamamiento a compañías europeas, españolas y vascas para que actúen de conformidad con el derecho internacional y europeo, de forma que cesen las actividades que puedan favorecer a la perpetuación de la ocupación marroquí del Sahara Occidental y la explotación de sus recursos naturales --como por ejemplo actividades en las áreas de pesca, agricultura, extracción de fosfatos y arena, o energía renovable--, y urge a todas las autoridades a implementar la legislación vigente, sobre la base de la reciente sentencia del TJUE.
Finalmente, se ha sumado a la “corriente de solidaridad de la sociedad vasca que lleva años exigiendo una solución política, justa, duradera y mutuamente aceptable a través de un referéndum de autodeterminación que ponga fin al conflicto del Sahara Occidental”.