El Parlamento griego aprobó en la noche del miércoles la ley contra la crisis humanitaria, la primera norma que consigue sacar adelante el Gobierno de Alexis Tsipras y que tiene un gran simbolismo por ser uno de los puntos claves del programa electoral de Syriza.
La ley contó con el respaldo de la mayoría de los partidos, con excepción del centrista To Potami (El Río) y de los comunistas del KKE, cuarta y quinta fuerza parlamentaria, que se abstuvieron.
Los conservadores de Nueva Democracia y los socialdemócratas de Pasok aprovecharon sus discursos para reprochar al Gobierno que no haya presentado en el Parlamento el acuerdo que alcanzó con el Eurogrupo el pasado 20 de febrero.
“¿Cómo es posible que haya votaciones en otros Parlamentos sobre este acuerdo y en Grecia ni siquiera haya un debate sobre su contenido?”, se preguntó Kyriakos Mitsotakis, portavoz de Nueva Democracia, la principal fuerza de la oposición.
Esta ley también provocó ciertas tensiones con los representantes de la Comisión Europea (CE), con quienes el Ejecutivo de Tsipras mantiene negociaciones sobre las reformas que Grecia debe acometer.
Según una información del canal británico “Channel 4”, el representante de la CE para Grecia, Declan Costello, habría pedido a las autoridades griegas la retirada de la ley por ser una acción unilateral e “incompatible con los compromisos adquiridos” en especial con el acuerdo alcanzado con la eurozona, a lo que Tsipras respondió en su discurso.
“¿Hasta qué punto puede alguien ser insolente para escribir que hacer frente a la crisis humanitaria es un acto unilateral incompatible con las decisiones de las instituciones europeas?”, afirmó el primer ministro en su intervención en el Parlamento.
“Si algunos insisten en no respetar la soberanía popular, si quieren que no haya diputados elegidos, si quieren que todo continúe como antes, fracasarán”, dijo Tsipras.
El comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, Pierre Moscovici, negó cualquier injerencia por parte de la CE y aseguró que “no se trata de un asunto de vetar ninguna legislación humanitaria, como han dicho algunos medios de comunicación. Es algo bueno y necesario”.
Sin embargo, precisó que lo apuntado por Costello es “técnicamente correcto” y recalcó que Grecia debe consultar las medidas con las instituciones.
Según datos de la agencia de estadísticas griega Elstat, a mediados de 2014 un 23,1 % de la población griega vivía por debajo del umbral de la pobreza y la pobreza infantil llegaba al 28,8 %.
Unos dos millones y medio de personas tenían ingresos anuales inferiores a 5.023 euros y había familias que vivían con menos de 10.547 euros al año.
Las medidas que recoge la ley contra la crisis humanitaria tienen como objetivo ayudar a los hogares que viven en estado de extrema pobreza.
Incluyen cupones de comida que los beneficiados podrán utilizar en establecimientos determinados, electricidad gratuita hasta un máximo de 300 kilovatios hora al mes para los miles de hogares que actualmente viven sin luz o se han conectado ilegalmente a la red y ayudas al pago del alquiler para 30.000 hogares durante un año.
También se prevé ofrecer cobertura médica completa a todos los ciudadanos que le han perdido en los últimos años.
Alrededor de tres millones de griegos, en un país con cerca de once millones de habitantes, se han quedado sin acceso al sistema público de salud a causa de la crisis.
Se trata no solo de desempleados de larga duración, sino también de pequeños empresarios y trabajadores autónomos que suspendieron su actividad.
El Gobierno calcula que el coste de estas medidas asciende a 200 millones de euros, que se cubrirán reduciendo los gastos de la administración pública.
La ley incluye además como enmienda una amnistía fiscal para los que tienen deudas con Hacienda, de forma que las puedan abonar hasta el 27 de marzo en un solo tramo sin hacer frente a los intereses y a las sanciones correspondientes.
El Gobierno ha introducido esta enmienda para tratar de mejorar de inmediato la liquidez de las arcas públicas, pues los ingresos del Estado en los dos primeros meses del año presentan un agujero de más de 1.000 millones de euros respecto a los presupuestos aprobados el pasado diciembre.