El “no” rotundo y habitual del PP volvió a resonar este martes en el hemiciclo durante el primer pleno que celebra este año el Congreso después de unas largas vacaciones parlamentarias. El debate giraba sobre la admisión a trámite de una ley aprobada por el Parlamento de Cataluña en julio de 2012, que contó con la unanimidad de todos los grupos parlamentarios -incluido el voto favorable del propio PP-, sobre medidas para proteger a las familias ante la ejecución hipotecaria de la vivienda habitual y que, entre otras cosas, contempla la dación en pago.
El portavoz Popular, Vicente Martínez Pujalte, se desmarcó del consenso. Utilizando argumentos similares a los que se usaron cuando se tramitó en el Congreso la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) traída por la Plataforma Antidesahucios (PAH), se negó siquiera a admitir a trámite la iniciativa autonómica alegando que “hay que proteger el mercado hipotecario para garantizar que los ciudadanos puedan acceder a él en el futuro”.
En su intervención, el portavoz popular hizo un verdadero alegato en defensa de las entidades financieras y de las “acertadas” medidas que a su juicio ha tomado el Gobierno para evitar los desahucios. Incluso se mofó de que venía “con buen rollo” por lo que no iba a “entrar en polémicas” con los portavoces de la oposicón que le habían precedido.
El objetivo de la ley, que fue defendida en el pleno del Congreso por tres representantes del Parlamento de Calaluña, uno de CiU; otro de ERC, y un tercero de IC-Les Verds, es corregir con urgencia el vacío legal que hay en relación al “sobreendeudamiento generado por las hipotecas” y “prevenir eventuales escenarios de concesión abusiva de crédito” por parte de las entidades financieras. Sin embargo, uno de los aspectos que menos ha gustado al PP es que la proposición incluye la liquidación de la deuda en caso de insolvencia, incluyendo la dación en pago.
La iniciativa, además, propone que el deudor en situación de insolvencia que esté en riesgo de perder su vivienda pueda dirigirse a la Comisión de Sobreendeudamiento correspondiente -que serán de ámbito autonómico- para iniciar una suspensión de la ejecución hipotecaria y el devengo de intereses de demora.
Uno a uno, los tres portavoces del Parlamento de Cataluña subieron a la tribuna del Congreso exhortando al PP a apoyar la tramitación de una ley que lo que busca es dar “una segunda oportunidad” a las familias que por culpa de la crisis se han declarado “insolventes sobrevenidos”. “No se les puede dar la espalda. Hay que ayudarles a empezar de nuevo”, clamó la representante de CiU, Meritxell Roigé. En su opinión, “no solo hace falta rescatar a los bancos, sino también a esas familias que se encuentran en una situación desesperada”. Una idea que fue machaconamente reiterada por el resto de los intervinientes en el debate, especialmente por Joan Coscubiela, diputado de IC y portavoz de la Izquierda Plural, que acusó al PP de usar “triquiñuelas y su mayoría absoluta” para tumbar cualquier iniciativa encaminada a paliar “estas situaciones dramáticas y desastrosas.” “Vendieron humo y no política social”, sentenció Coscubiela, que resaltó un dato: en estos dos años, según el Banco de España, el nivel de morosidad se ha duplicado y “hay más de 600 mil familias atrapadas por hipotecas que valen más que sus casas”.
También el portavoz socialista, Joan Ruíz, pidió al PP que se sumara al consenso, como hicieron en Cataluña, no sin antes reprocharles que “ni comen ni dejan comer” y de haber dejado a las familias “entre cuatro paredes, sin nada” por culpa de “de sus mentiras y los errores del Gobierno”.
Pero Martínez Pujalte se mostró inflexible. Acusó a su vez al PSOE nuevamente de “haber dejado a España en la ruina” y pidió al diputado del PSC que “no se preocupe tanto” porque su partido y el propio Gobierno “piensa a diario en las familias. Nadie tiene el monopolio de lo social solo por subirse a la tribuna sin corbata”. Pujalte llegó a decir que “hay que distinguir entre los que no pueden pagar” porque no tienen de verdad recursos, “y los que no quieren hacerlo o no consideran priopritario el pago de sus hipotecas”, lo que provocó abucheos en la oposición.