Cuando el confinamiento acabe “habrá que exigir mucho más al Parlamento y adaptarlo a las maneras de 2020”. Son palabras del politólogo Julio Embid, que plantea una reforma de los reglamentos del Congreso, Senado y parlamentos autonómicos para que un pleno virtual tenga el mismo valor que uno presencial.
En una entrevista a Efe, Embid extiende esta reforma a la Constitución que, a su entender, deberá incluir el acceso a internet como un derecho fundamental porque “el derecho a tener datos es tan importante como el derecho a la protección de la salud”, más cuando en el confinamiento se ha impuesto el seguimiento de las clases en la red y un 15 por ciento de los hogares carece de conexión.
Este escritor y exsubdirector del Laboratorio de la Fundación Alternativas defiende que ambas son reformas sencillas que no tendrían oposición política y que suponen acoplarse a los nuevos retos: “La sociedad civil está avanzando y la etiqueta parlamentaria no se puede quedar en los tiempos de Cánovas y Sagasta”, explica.
Embid, autor del artículo “Ideas para acortar la distancia. Parlamentos en emergencia”, publicado por la Fundación Felipe González, sostiene que los servicios informáticos de las cámaras baja y alta deberán implementar un programa que permita a los diputados trabajar desde casa, “ya sea a través de plenos, comisiones permanentes o extraordinarias”.
Este politólogo tiene claro que una vez superada la crisis del COVID-19 a los parlamentos hay que exigirles más. “¿O es que sirven sólo para gestionar los períodos de vacas gordas?”, se pregunta.
Si fuese así, admite, “entonces no estaríamos ante un Parlamento, sino ante un Consejo de Administración que presenta un programa de trabajo y una cuenta de resultados”.
Esta reforma legal “para futuras cuarentenas” impediría, asegura, que la acción parlamentaria se frenara por el confinamiento domiciliario.
Luego, Embid aborda la otra reforma, la constitucional, “más ambiciosa” pero igual de inevitable para adaptarse a los tiempos.
No sólo el acceso a internet como derecho fundamental también el derecho a la privacidad en la red. Esto incluye, dice, “no ser vigilado, el derecho a utilizar cifrado y el derecho al anonimato”.
Así la Carta Magna debería ponerse al día y recoger un texto que contemple que “todo el mundo tiene derecho a la protección de datos, incluyendo el control sobre la recolección, retención, transformación, eliminación y divulgación de sus datos personales”.
“Y cuando este fin de semana de cuatro o cinco semanas acabe”, Embid cree que también muchos países pondrán en valor a sus gobiernos y aquí cita a Estados Unidos, con elecciones en noviembre que, en su opinión, podrían pasar factura a la gestión del actual presidente, Donald Trump.
No es el caso de España “donde queda mucho para el próximo periodo electoral”, señala.
A su juicio, la credibilidad en el gobierno tendrá más que ver con la gestión de los socios y la unidad que sean capaces de mantener, “más allá de un hipotético adelanto electoral”.
“Mientras el Gobierno esté unido es más fácil que la legislatura avance”, asegura.
Lo que sí cree este politólogo es que en España habrá gente que pierda el europeísmo.
“España era uno de los países más europeístas pero la UE no puede fallar y limitarse a temas menores. Tiene que tomar medidas financieras y de crédito común para que la parte más pobre de Europa no se vea enajenada por los países del norte”, comenta.
Y sobre el resurgir de los nacionalismos, Embid admite que cabe esa posibilidad si bien en el caso de Cataluña cree que el debate volverá, en términos similares, una vez se ponga la fecha a las elecciones autonómicas.
E igual circunstancia, dice, vale para las comunidades de Galicia y el País Vasco, que han tenido que posponer sus elecciones autonómicas por el avance del virus.
Begoña Fernández