Un plan de pensiones del Parlamento Europeo pone en peligro el futuro de Willy Meyer

Un plan complementario de pensiones existente en el Parlamento Europeo entre 1994 y 2009 ha colocado en una difícil situación al eurodiputado Willy Meyer. Los fondos de ese plan eran gestionados por una sicav, algo bastante habitual en este tipo de inversiones, pero que Izquierda Unida rechaza de forma tajante por entender que supone utilizar fondos públicos en mecanismos especulativos de inversión. En el Congreso, los diputados de IU renunciaron al plan de pensiones privado gestionado a través de un banco privado y facilitado por la Cámara.

La información apareció originalmente en Infolibre, que informó de que “un número indeterminado y secreto de eurodiputados mantiene un fondo de pensiones en Luxemburgo con una sicav”. Esa sociedad contaba al cierre de 2012 con un activo de 164,7 millones de euros. Sólo pagó 59,13 en impuestos ese año.

Esa sociedad existe, pero no recibe aportaciones de los eurodiputados desde 2009, cuando la Eurocámara decidió clausurar el sistema en medio de una fuerte polémica originada por la prensa británica. Todos esos fondos no han desaparecido. Siguen en la sociedad generando un beneficio para sus titulares, como cualquier otro plan de pensiones, y están fuera del alcance de sus titulares, que no pueden retirarlos hasta que cumplan 63 años, al ser esas las condiciones en que se suscribieron.

La rápida respuesta con la que Willy Meyer quiso cerrar el martes la polémica crea algunas dudas sobre si podrá llevarse a la práctica o si es sólo una forma de intentar poner fin a las críticas que ha comenzado a recibir dentro de IU.

Meyer ha remitido una carta a la Dirección General de Finanzas y Pensiones del Parlamento Europeo para que le dé de baja en este plan complementario de pensiones y le devuelvan sólo el dinero que aportó entre 2004 y 2009. El eurodiputado decide “reclamar la parte que corresponde a mis aportaciones y darme de baja del sistema a partir del día de hoy”, reconociendo que “la parte alícuota que la institución abonó se mantendrá dentro de ese fondo, pero ya no en mi nombre”.

Sin embargo, fuentes del Parlamento Europeo informaron a eldiario.es que el Parlamento se desligó por completo de la gestión de esa sociedad en 2009, y por tanto no está en condiciones de cumplir los deseos de Meyer. En realidad, años atrás la institución había hecho aportaciones a esa sociedad en nombre de muchos eurodiputados, pero nunca se dedicó a gestionar la sicav. Además, esas fuentes indican que los legisladores no pueden por decisión propia retirar los fondos, que se encuentran bloqueados hasta que cumplan los 63 años.

Las circunstancias políticas de Meyer no le servirán para reclamar que le devuelvan el dinero, con independencia de lo que ocurra con las aportaciones hechas por la institución.

Fuentes de la institución recuerdan que un grupo de diez eurodiputados, entre los que no había ningún español, quiso en 2009 retirar sus aportaciones, pero no lo consiguió ni siquiera recurriendo a los tribunales. Esas fuentes comentan que en su momento ningún eurodiputado pensó que esa inversión fuera inmoral o ilegal, pero admiten que en la situación actual de crisis será probablemente analizada de forma diferente por los partidos o ciudadanos.

La presencia de esta sociedad en Luxemburgo, con una legislación fiscal extremadamente favorable para las empresas, no tuvo por qué llamar la atención en esos años a los eurodiputados. Los servicios administrativos de la Eurocámara se encuentran en ese país, empezando por el departamento de recursos humanos y toda la gestión de nóminas y pensiones.

Este plan complementario de pensiones se originó en 1994 a propuesta de algunos eurodiputados de varios países y fue finalmente aprobado por la Mesa de la Cámara. La participación en él era voluntaria y contaba con la ayuda de la institución. Por cada euro que aportaba el Parlamento, el eurodiputado ponía dos, que salían de su nómina. La justificación que se dio es que en esa época la remuneración de cada legislador dependía de cada Estado miembro, y había grandes variaciones, también en relación a las pensiones.

El Parlamento Europeo siempre funcionó con mucha opacidad en este asunto. Como la participación de los eurodiputados era voluntaria, la Cámara se negó a facilitar los nombres. Una web británica hizo pública una lista de los eurodiputados que tenían suscrito el plan a diciembre de 2007. En ella aparecen 38 de los entonces 54 eurodiputados españoles, entre los que estaba Willy Meyer, además de políticos del PP y del PSOE.

Elena Valenciano, eurodiputada del PSOE, ha confirmado a eldiario.es que suscribió ese plan, como muchos de sus compañeros de escaño. Sólo le pareció un plan de pensiones normal, en el que eran los funcionarios de la Cámara los que se ocupaban de “llevar los papeles”. Valenciano ha recordado que la sicav es una fórmula jurídica propia de España, y que no tiene por qué ser idéntica a la gestora de los fondos que existía en Luxemburgo.