El Parlamento Europeo (PE) aprobó hoy una resolución que reclama a la UE que se sume a la iniciativa de varios países americanos para que la Corte Penal Internacional (CPI) investigue al Gobierno venezolano por supuestos crímenes de lesa humanidad.
La resolución sobre Venezuela, la octava de la actual legislatura de la Eurocámara, fue aprobada por 268 votos a favor, 25 en contra y 26 abstenciones.
Solo este año, los eurodiputados pidieron en febrero extender las sanciones de la UE contra Maduro y la cúpula militar venezolana; en mayo reclamaron suspender las elecciones presidenciales, y en julio que se preste ayuda urgente a los venezolanos que huyen del país.
El nuevo texto “apoya plenamente la declaración preliminar de la CPI sobre los crímenes generalizados y los actos represivos perpetrados por el régimen venezolano contra sus propios ciudadanos” para que sus “responsables rindan cuentas” ante la justicia.
La citada petición se refiere a la iniciativa presentada por Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Perú, Paraguay y Costa Rica para que la Fiscalía de CPI investigue esos presuntos crímenes de lesa humanidad.
Los eurodiputados también reclamaron “una investigación inmediata e independiente del Gobierno” que incluya una autopsia internacional sobre la muerte del concejal Fernando Albán, que falleció cuando se encontraba bajo custodia del servicio de inteligencia del Estado.
Revalidaron, además, su llamamiento para que Caracas libere de forma inmediata a todos los presos políticos.
Entre las consideraciones de la resolución política del hemiciclo europeo se recoge que “en Venezuela existe un clima de violencia creciente y total impunidad debido a que las autoridades no exigen responsabilidades a los autores de graves violaciones de derechos humanos, incluido el asesinato”.
En el texto está presente el contexto del éxodo de venezolanos hacia países vecinos, de forma que una delegación de eurodiputados debe viajar a Perú en 2019 para evaluar el impacto de la crisis migratoria desde Venezuela tras una visita similar el pasado julio a las fronteras con Colombia y Brasil.
La resolución también subraya que el 87 % de la población venezolana vive en la pobreza y llama a las autoridades a permitir la entrada de ayuda humanitaria en el país.
En el debate previo a la votación, celebrado el martes, la alta representante para la Política Exterior de la UE, Federica Mohgerini, dijo que no se dan las condiciones para un diálogo o una mediación en Venezuela, si bien señaló que deben intentarse todas las opciones pacíficas para atajar la crisis política, económica y humanitaria en ese país.
Mogherini subrayó en varias ocasiones en su intervención ante el hemiciclo que la solución a la grave crisis venezolana deber pasar por ser política, pacífica, democrática y estar “en manos de los propios venezolanos”.
En ese sentido, volvió a rechazar en cualquier caso una intervención en Venezuela, si bien dejó claro que la UE no suavizará sus sanciones hasta que no mejore la situación en el país.
La jefa de la diplomacia europea también dijo que “seguirá explorando la opción de un grupo de contacto que establezca las condiciones que pueden darse para intentar un diálogo”, aunque añadió que de momento el planteamiento “es solo de explorar” y que no quiere “despertar muchas expectativas” al respecto.
La resolución aprobada en el pleno recoge esa posibilidad, que celebró el eurodiputado español del PSOE Ramón Jáuregui, presidente de la Asamblea Eurolat, quien insistió en que la comunidad internacional debe seguir “apostando por una solución política para Venezuela”.
Por su parte, en el debate del martes, el eurodiputado español Luis De Grandes (PP) dijo que discrepa de cualquier vía que abogue por el diálogo “porque esa es la tesis de (el expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez) Zapatero”.
En ese mismo intercambio, el eurodiputado español Javier Couso (IU) llamó la atención sobre que se haya celebrado un nuevo debate sobre Venezuela y no así de la crisis en Honduras y acusó a la UE de “buscar únicamente un cambio de Gobierno” en referencia a Nicolás Maduro, cuya legitimidad defendió como presidente venezolano.
De los españoles presentes durante el voto, se pronunciaron contra la resolución los europarlamentarios de Izquierda Unida Couso, Marina Albiol, Paloma López Bermejo y Ángela Vallina, así como los eurodiputados de Podemos Xabier Benito, Tania González, Miguel Urbán y Lola Sánchez.