El Parlamento polaco inició hoy el debate de una tercera y controvertida reforma judicial que afectará al Tribunal Supremo y que volvió a unir a la mayoría de la oposición, que acusa al Gobierno nacionalista de Ley y Justicia de atacar la independencia de los jueces y la división de poderes.
Los líderes de las formaciones liberales de centro-derecha Plataforma Ciudadana, Nowoczesna y Partido Campesino escenificaron hoy con una reunión en el Parlamento su pacto para intentar frenar las reformas del Ejecutivo, que cuenta con mayoría absoluta en las dos cámaras.
Tras modificar el año pasado el funcionamiento del Tribunal Constitucional y aprobar la semana pasada una nueva regulación del máximo órgano de autogobierno del poder judicial, hoy comenzó a debatirse una nueva reforma que, en opinión de los opositores, servirá para dar la puntilla a la democracia en Polonia e imponer una autocracia.
El nuevo proyecto de ley pretende que los miembros del Tribunal Supremo también sean nombrados por el Parlamento, lo que supondría el cese de los integrantes actuales de este organismo.
Durante el debate de esta medida, la presidenta del Tribunal Supremo, Malgorzata Gersdorf, denunció “un ataque sin precedentes contra el poder judicial”, y afirmó que la reforma convierte a esta institución en “un tribunal del ministro de Justicia”.
Al bloque opositor también se han unido organizaciones ciudadanas, entre ellos el Comité en Defensa de la Democracia (KOD), que el pasado domingo convocó una masiva manifestación en las principales ciudades polacas contra los planes del Gobierno de modificar el sistema judicial.
Sólo el movimiento populista Kukiz 15', que aboga por una reforma de la Justicia protagonizada por los ciudadanos y no por los políticos, ha renunciado a formar parte de este bloque.
La contraofensiva de parte de la oposición polaca es una respuesta a las dos normas aprobadas el pasado miércoles por el Sejm (Parlamento), dos leyes que, según los críticos, suprimen la autonomía del máximo órgano de autogobierno del poder judicial, sometiéndolo al control del Gobierno, y extienden el control del Ministerio de Justicia a los tribunales regionales y de apelación.
Según esta norma, todos los presidentes de los tribunales superiores de cada región y de los de apelación ya no serán elegidos por los propios jueces, sino por el ministro de Justicia de turno.
Las dos leyes fueron aprobadas con los únicos votos de Ley y Justicia, en el poder desde 2015, que como en ocasiones anteriores ha ignorado las protestas de la parte de la ciudadanía y de las instituciones de la Unión Europea, desde donde también se sigue la situación “con preocupación”, según señaló ayer el portavoz del Ejecutivo comunitario, Margaritis Schinas.
Bruselas ya abrió el pasado año un procedimiento contra Polonia para determinar si anteriores reformas violan el Estado de derecho y las normas básicas de la democracia.
Según parte de la oposición, las leyes aprobadas el pasado miércoles violan la Constitución polaca, que consagra la autonomía del poder judicial y la separación de poderes, y se suman a la polémica reforma del Tribunal Constitucional de diciembre.
La situación es “muy preocupante”, dicen desde Plataforma Ciudadana y Nowoczesna, ya que poco a poco se eliminan los órganos de control de la constitucionalidad de las leyes que proponga el Gobierno, que tendrá así las manos libres para usar como un rodillo su mayoría parlamentaria.
Por su parte, el partido Ley y Justicia, que llevaba la reforma profunda del sistema judicial en su programa electoral, ha criticado en numerosas ocasiones el funcionamiento de los tribunales, las demoras de los juicios y el corporativismo de los magistrados, a los que se ha acusado de estar alejados de la realidad y los problemas de los ciudadanos.
Para este partido, la reforma es necesaria si se quiere ofrecer a los ciudadanos una Justicia ágil y eficaz.