El Parlamento venezolano rechazó hoy “por inconstitucional” el decreto de “estado de excepción y emergencia económica” que emitió el presidente Nicolás Maduro el viernes pasado para hacer frente a supuestas amenazas de golpe de Estado.
“Es un decreto que desconoce la Constitución y, lo más doloroso, desconoce el dolor de la familia venezolana”, dijo el diputado opositor Julio Borges en la sesión.
El decreto, publicado la víspera en la Gaceta Oficial, permite “dictar medidas y ejecutar planes especiales de seguridad pública que garanticen el sostenimiento del orden público ante acciones desestabilizadoras”, entre otros aspectos.
Borges, líder de la mayoritaria bancada opositora, criticó en la norma no establezca atender el desabastecimiento, la inseguridad y otros problemas que, señaló, afectan a los ciudadanos, y consideró que, al contrario de lo que espera la alianza chavista, los agravará.
A su juicio, “lo único que le interesa” al presidente Maduro es “perpetuarse en el poder”, pero, advirtió, “el pueblo venezolano lo va a revocar a través del voto”.
El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, consideró que “este Gobierno está en una situación muy comprometida, muy frágil y muy endeble y tiene que hacer mano de un disparate como este (...) para tratar de simular que tiene fuerza para mantenerse en el poder”.
A su juicio, Maduro “está en situación de desespero” y no aplica la Constitución “por decreto, que es una norma de rango sublegal”.
“Aquí hay una serie de normas que desaplican directamente la Constitución, por ejemplo, no se pueden dictar mociones de censura, este poder no aprueba créditos adicionales, luego el presidente puede gastar manos libres sin ningún control”, dijo Ramos Allup.
Por su parte, el diputado chavista Elías Jaua acusó a la mayoritaria bancada opositora de legislar sin pueblo, e indicó que con el decreto Maduro está evitando una “guerra civil” que, dijo, la oposición y “el imperialismo” promueven.
“Este decreto de estado de excepción es para proteger a los venezolanos, para garantizar el derecho a la vida que tienen los venezolanos”, señaló.
El decreto, oficializado el lunes, es una norma con la que Maduro pretende hacer frente a supuestas amenazas de golpe de Estado que se fraguan desde Estados Unidos, según aseguró recientemente, con la ayuda de la oposición venezolana y el apoyo del ex presidente colombiano Álvaro Uribe.
“Se declara el estado de excepción y emergencia económica (...) dadas las circunstancias de orden social, económico, político, natural y ecológico que afectan gravemente la economía nacional, el orden constitucional, la paz social, la seguridad de la nación”, señala el artículo 1 del decreto.
La norma permite “dictar medidas y ejecutar planes especiales de seguridad pública que garanticen el sostenimiento del orden público ante acciones desestabilizadoras que pretendan irrumpir en la vida interna del país o en las relaciones internacionales de este”.
Asimismo, se instruye a la Cancillería auditar convenios firmados por personas naturales o jurídicas nacionales con entidades u organismos extranjeros para la ejecución de proyectos en el país “y ordenar la suspensión de los convenios cuando se presuma su utilización con fines políticos o de desestabilización”.
El decreto se apoya, entre otros aspectos, en la “consideración” de que el Parlamento de mayoría opositora supuestamente pretende “el desconocimiento de todos los Poderes Públicos” y promueve “la interrupción del periodo presidencial establecido en la Constitución por cualquier mecanismo a su alcance fuera del orden constitucional”.