El Partido Popular ha pedido este miércoles al tribunal del caso Gürtel que anule el juicio por un cúmulo de irregularidades cometidas, según él, durante la instrucción. Su abogado, Jesús Santos, se ha adherido a la petición de nulidad de pruebas del resto de las partes, incluida la principal, las escuchas que el exconcejal José Luis Peñas llevó en 2008 a la Fiscalía Anticorrupción para denunciar la trama de corrupción de la que él mismo había participado.
La segunda jornada de la vista ha sido la última para que las partes presenten sus cuestiones previas, consistentes en pedir al tribunal de que se incorporen nuevas pruebas o testimonios, o que se anulen los que ya figuran en el proceso. El primero en plantear la nulidad de las grabaciones de Peñas y del proceso entero fue Pablo Crespo, a través de su abogado Miguel Durán. A partir de ahí se han ido adhiriendo la mayoría de los acusados, incluido Luis Bárcenas.
Crespo tuvo la oportunidad de dibujar el terreno de juego porque el principal imputado, Francisco Correa, rechazó plantear cuestión previa alguna cuando correspondió a su abogado intervenir en primer lugar. Es parte de su nueva estrategia de colaboración destinada a obtener los atenuantes que pueden rebajar la petición de condena.
Las acusaciones y las defensas de los 37 acusados viven pendientes de hasta dónde llegará Correa, si cambiará sus declaraciones hasta la fecha y elevará las responsabilidades en la trama de corrupción a miembros de la plana mayor de Aznar.
Y así discurría una jornada anodina, en la que los argumentos de las defensas se repetían una y otra vez con alguna pequeña matización, cuando ha llegado el turno de Jesús Santos, el abogado del PP. Santos ha revolucionado la vista al adherirse a toda la carga pesada que las defensas habían dedicado el martes y el mismo miércoles para intentar que el tribunal anule el caso antes de que arranquen el lunes las declaraciones de los acusados.
De prosperar su petición, el PP habrá contribuido a que no se juzgue a la trama de corrupción en Madrid desde 1999 a 2005. Ha sido una apuesta arriesgada, toda vez que la petición de nulidad de todo un proceso rara vez suele prosperar en esta fase procesal. La abogada de Ana Mato, por ejemplo, se ha limitado a solicitar que el tribunal, como hace ya con su representada, le exima de acudir a las sesiones del juicio que no le afectan.
Antes que Santos intervino la letrada que representa a Ana Mato, también señalada como beneficiaria a título lucrativo. La abogada Julia Muñoz no se adhirió a las peticiones de nulidad y solo pidió que no se le obligue a asistir a las sesiones que no le afecten, como ocurre ya con su representada.
El PP recuerda a Garzón
En cualquier caso, Santos ha anunciado “algunas matizaciones” a las peticiones de nulidad que habían presentado los demás. A la ilegalidad de las grabaciones de Peñas, sumó las que costaron a Baltasar Garzón la condición de juez. Garzón fue condenado por autorizar escuchas a los principales imputados con sus abogados en prisión.
Recuperando lo que aquella sentencia concluyó, Santos ha calificado las escuchas de “uno de los mayores atentados al Estado de Derecho, que recuerda a los estados totalitarios”. Santos ha recurrido a ellas porque no le basta con que fueran anuladas y no incorporadas a la causa ya que, ha dicho, “lo que no se ha borrado fue el conocimiento” que facilitaron a la UDEF, la Fiscalía y el juez. “¿De qué manera ha podido afectar a los posteriores actos de investigación a la información obtenida ilegalmente?”, se ha preguntado el letrado, para concluir que han tenido un “efecto contaminante” de la causa.
Al mismo tiempo, Santos ha cargado contra la Fiscalía, a la que ha acusado de verter acusaciones “genéricas” y “ambiguas” de las que, considera, es imposible defenderse. La formación de Mariano Rajoy aparece en el escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción en el apartado de responsables civiles, como beneficiario a título lucrativo. En concreto, con 245.000 euros en los ayuntamientos de Majadahonda y Pozuelo de Alarcón, epicentros de la trama de corrupción.
En una silla alejada del tribunal
Santos ha venido a decir que la cantidad es pequeña, como la supuesta responsabilidad del proceso, de lo que da cuenta el lugar que ocupa su representante en la última fila de las defensas, sin contacto visual con el tribunal más allá del circuito de vídeo, ha señalado.
Anticorrupción acusa al PP de gastar esa cantidad de dinero de la corrupción en campañas electorales locales y trabajos para la formación en las localidades citadas. “No sabemos ni el qué, ni el quién, ni el cuándo, ni el cómo, ni el dónde” de esos gastos, se ha quejado el letrado. “Alegamos plena indefensión efectiva”, ha añadido Santos.
En el caso de que el proceso siga adelante, ha seguido el abogado, el PP debe ser excluido de inmediato. Según el letrado, la responsabilidad civil que se le reclama debería volverse contra los grupos parlamentarios del PP en los citados ayuntamientos y, en ningún caso, contra el partido.
“Los grupos parlamentarios, autonómicos, municipales, son entidades conceptual, ontológica y jurídicamente plenamente diferentes de los partidos políticos. Los partidos tienen personalidad jurídica, los grupos municipales no, pero tienen capacidad procesal”, ha desarrollado el abogado del PP.