El Partido Popular se está sirviendo de un instrumento heredado de su mayoría absoluta, el control del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), para ocupar con afines la cúpula judicial, a pesar de gobernar en minoría y mientras proliferan grandes investigaciones por corrupción en su contra.
En un plazo de ocho días, los vocales del CGPJ propuestos por el PP en 2013 han votado a favor de ubicar en dos de los puestos más importantes de la Audiencia Nacional a Concepción Espejel y Enrique López, magistrados que comparten haber sido apartados a la vez por sus propios compañeros de los tribunales que están juzgando y juzgarán casos de corrupción del PP, con el argumento de su proximidad a la formación política en el Gobierno.
En el método empleado para elegir a Concepción Espejel no ha habido rodeos por tratarse de un nombramiento discrecional. Aspiraban seis magistrados y el bloque mayoritario ha optado, entre los jueces conservadores, por aquella a la que la secretaria general del PP llamó “querida Concha”, durante discurso con motivo de una condecoración.
Solo Vicente Guilarte, propuesto como vocal por el PP, ha optado por Carmen Lamela, una candidata que desde el bloque progresista se apreciaba de consenso. Los otros 11 conservadores, incluido el juez que el Gobierno de Mariano Rajoy designó para presidir el Poder Judicial, Carlos Lesmes, han votado a Concepción Espejel. La magistrada Manuela Fernández de Prado, con 25 años de experiencia “ininterrumpida” en la Audiencia Nacional, como ha recordado Jueces para la Democracia (JpD), ha recibido el apoyo de 8 vocales progresistas. JpD ha calificado de “demoledor” el mensaje que se envía a los jueces con el nombramiento de Espejel.
La presidenta de la Sala de lo Penal está facultada para abocar a pleno las resoluciones que considere, arrebatando así la decisión a una sección determinada y poniéndola en manos del conjunto de magistrados de esa Sala, de mayoría conservadora. Espejel, hasta ahora presidenta de la Sección Segunda, integrará la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional, influirá con sus decisiones sobre el reparto de los asuntos entre unas secciones y otras y presidirá ella misma la Primera. También influirá en los señalamientos de juicios, una cuestión aparentemente administrativa, pero que puede resultar determinante en qué magistrados integren un tribunal, según su disposición en ese momento.
Ingeniería administrativa para López
La elección de Enrique López ha necesitado de otra ingeniería más complicada que en el caso de Espejel. La Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional era una exigencia de los organismos internacionales desde casi su fundación. El Partido Popular hizo un amago de creación al final del mandato de Aznar, pero no ha sido hasta los últimos meses cuando éste se ha concretado.
En medios jurídicos cunde la indignación por los elegidos para ocupar un tribunal con tanto poder y de tanta exigencia jurídica apenas tengan experiencia en poner sentencias. La Sala de Apelaciones revisará en sus fallos todos los que haya dictado previamente la Sala de lo Penal de los casos que comiencen a instruirse a partir del próximo 1 de junio.
El criterio impuesto desde el Gobierno para que López y Velasco hayan llegado a la Sala de Apelaciones es que los magistrados que integren el tribunal tengan la especialidad en penal. En la polémica abunda que esa especialidad solo se les reconoce a aquellos que superaron una oposición menor hace veinte años, frente a otros que aprobaron una mucho más exigente y anónima en 2011, pero que fue anulada en parte por el Tribunal Supremo.
El número uno de esta convocatoria fue Ramón Sáez, magistrado progresista de gran experiencia, exvocal del CGPJ a propuesta de IU y ponente en los últimos tiempos del fallo que absolvió en la Audiencia Nacional a los manifestantes que rodearon el Parlament de Cataluña en mayo de 2011. El CGPJ debió convocar después una nueva oposición, pero nunca llegó a hacerlo.
Por tanto, entre los doce que ostentan la única especialidad en penal reconocida están Enrique López y Eloy Velasco. Una vez convocada la plaza, solo restaba que ambos se presentaran para aplicar el criterio de selección y que fueran los elegidos. En el caso de Velasco, su ascenso implica que deja de instruir los casos de corrupción más graves que afectan al PP y cuya investigación está abierta: la pieza del caso Púnica que investiga su financiación irregular en Madrid y la Operación Lezo, con el expresidente autonómico Ignacio González en el centro.
Segundo ascenso con una renuncia de por medio
La insistencia del PP con Enrique López se remonta a la pelea que durante años mantuvo por ubicarle en el Tribunal Constitucional, a pesar de la oposición frontal del PSOE, que alegaba no reunía los méritos exigidos. En 2013, con la mayoría absoluta del PP, llegó el momento de su desembarco en el Constitucional, pero un año después el magistrado se vio obligado a dimitir tras ser sorprendido conduciendo borracho su moto y sin casco por el centro de Madrid. La Ley permitía su reingreso inmediato en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
En dos años y medio, López ha vuelto a ascender, ahora a la nueva Sala de Apelaciones, de la que resta por elegir a su presidente. Será, como en el caso de Espejel, una elección discrecional. Hasta entonces, el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, presidirá provisionalmente el tribunal. Navarro aparece en la fotografía que ilustra esta información detrás de Espejel, aplaudiendo como Cospedal. En aquel entonces era presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
En los próximos meses cabe un nuevo movimiento que afecta a otra ubicación clave en el sistema judicial español, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, la que se encarga de investigar a los cargos políticos y otros aforados. Dos puestos están vacantes ya, uno más lo estará en las próximas semanas y en noviembre se marcharán cuatro magistrados eméritos, tres de ellos progresistas. Si la mayoría conservadora del CGPJ impone a sus candidatos en las tres plazas a cubrir, la Sala de lo Penal del Alto Tribunal se escorará todavía más a la derecha.
Marchena, el 'cerebro' en la sombra
El presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, es considerado desde el sector progresista de la judicatura la cabeza pensante detrás de todos los movimientos de piezas que se están produciendo en el sector judicial. Según fuentes del caso, Marchena llamó al teléfono móvil del juez Eloy Velasco mientras tomaba las primeras declaraciones de detenidos en la Operación Lezo para advertirle de que iban a intentar apartarle del caso por el puesto que desempeñó su mujer en la Comunidad de Madrid en tiempos de Ignacio González. Como consecuencia de ello, Velasco preguntó a González y su defensa si querían que se apartara.
Una de las plazas pendientes de convocar el Tribunal Supremo es la de José Manuel Maza, el primer fiscal general del Estado reprobado en la historia de la democracia española, tan solo seis meses después de ser nombrado por el Gobierno. Maza no era la primera opción para el Ejecutivo, que pretendía renovar en el puesto a Consuelo Madrigal. Sin embargo, la negativa de ésta a designar puestos claves en el Ministerio Público hizo cambiar de postura al ministro de Justicia, Rafael Catalá.
Uno de esos puestos era el de la jefatura de la Fiscalía Anticorrupción, para el que fue elegido Manuel Moix. Antes de nombrarlo, Maza fue advertido por la teniente fiscal de Anticorrupción y por la Unión Progresista de Fiscales de que iba a nombrar alguien a quien el principal acusado de la Operación Lezo, Ignacio González, alababa en las intervenciones telefónicas y del que sabía que iba a ocupar el puesto tres meses antes. Maza ignoró el aviso. La pasada semana Moix fue reprobado en el mismo pleno que Maza y el ministro Catalá, el pasado 16 de mayo.