Más de 312 millones de euros fueron lo que ingresaron los partidos políticos en 2008. Así lo indica el último informe de un Tribunal de Cuentas, que ya acumula un retraso de cinco años en lo que respecta a la fiscalización de las cuentas. “El tribunal está pensado para que no funcione”, se queja José Antonio Gómez Yáñez, sociólogo del Instituto de Política y Gobernanza. Lo cierto es que no es extraño ver cómo sus cargos son ocupados por exaltos cargos del PP o del PSOE e incluso algún otro “amigo”.
Los “Bárcenas” y los “ERE” que día tras día protagonizan telediarios y cabeceras evidencian el fracaso de un sistema que hace aguas por todas partes. La opacidad en las cuentas y la connivencia de intereses políticos y privados han sido la tónica general durante más de treinta años de democracia. A ello no ha ayudado una regulación poco estricta, así como el elevado endeudamiento acumulado con las entidades bancarias. Ya en 2008 populares y socialistas debían unos 127 millones de euros a bancos y cajas de ahorro.
“Papá Estado” y “Mamá Banca”
Solamente en el último cuatrimestre de 2012, PSOE y PP ingresaron más de 12 millones de euros de subvención estatal, un 73% del presupuestado para todas las formaciones. “Los partidos siguen teniendo una financiación pública ilimitada, ya que se dotan a sí mismos las subvenciones”, señala Gaspar Ariño, abogado y exvicepresidente del Foro de Sociedad Civil. A su juicio, los partidos se han convertido en grandes estructuras a disposición del Estado, hecho que incrementa la brecha con la ciudadanía: “Aquí los partidos viven en su mundo sin atender a los deseos de la gente. Al no depender económicamente de ellos, tampoco les rinden cuentas”.
Según los datos del último informe del Tribunal de Cuentas, en 2008 los partidos ingresaron un total de 312.188.067,45 euros De esta cantidad, un 76% correspondió a las aportaciones públicas, tanto a nivel estatal como autonómico y local.
Llama la atención el escaso peso que en la contabilidad tienen las aportaciones de los afiliados. Concretamente, dichas cuotas suponen un 17% para los socialistas y un 11% en los populares. Para Ariño, esta situación tiene que ver con que “los partidos no tengan la obligación de recaudar dinero de la sociedad. Viven de las cuentas del Estado, no de las aportaciones ciudadanas”. Algo que además les evita “la necesidad de ahorrar y ser austeros”.
Fuentes públicas-privadas en 2008 | Infographics
Masivas campañas electorales, miles de empleados y cientos de sedes. El enorme gasto que tienen que soportar los partidos políticos no sólo se abastece de dinero público sino de préstamos bancarios. En 2008, cuando los efectos de la crisis aún eran leves, la deuda del PSOE ascendía a más de 67 millones de euros. Mientras, la del PP se quedaba en unos 59 millones, aumentando un 53% respecto a 2004.
¿Qué se esconde tras dicho endeudamiento? José Antonio Gómez Yáñez, sociólogo del Instituto de Política y Gobernanza, lo tiene claro: “La Ley de Cajas 84 supuso la politización de las cajas de ahorro, que se entregaron a los partidos. En los consejos de administración entraron los partidos y las élites sindicales. A partir de ahí todo ha venido rodado: el descontrol de los préstamos y la condonación de las deudas”. En este sentido, Gómez ha señalado que “no es casualidad que ninguno de los Gobiernos haya sido especialmente rígido con los bancos”.
Niveles de endeudamiento (en €) | Create infographics
A pesar de los continuos llamamientos a la transparencia por parte de los poderes públicos, la cuantía de las condonaciones de deuda a los partidos sigue guardándose como un secreto de Estado. Tanto las entidades bancarias como la Comisión Nacional del Mercado de Valores y el Banco de España se han negado a aportar dichos datos a este diario. La nueva Ley de Financiación de Partidos de 2012, que limita las condonaciones a los 100.000 euros anuales, supone para Gómez “un pequeño paso”. Sin embargo, añade que “desde Transparencia Internacional seguimos demandando la erradicación de dichas condonaciones”.
Muchos millones, pocas manos
“En los partidos hay unidad de caja. La subvención no se da a cada sede sino a la cúpula. Cientos de millones de euros pasan por el Bárcenas de turno”. Gaspar Ariño explica así el elevado nivel de corrupción en la clase política española. En la misma línea se manifiesta Gómez Yáñez: “La financiación es un instrumento de control dentro del partido. Por ejemplo, los diputados y senadores no cobran de la institución sino de sus grupos parlamentarios. Así, el dinero siempre pasa por las mismas manos, por las de unos privilegiados”. Los expertos señalan que esta centralización de la financiación fomenta la corrupción, algo que se suma a la falta de transparencia.
Según Manuel Villoria, miembro de la Junta Directiva de Transparencia Internacional España, el problema no es la financiación pública sino “la dependencia de unas empresas que pueden coaccionar a los partidos para conseguir contratos públicos. Una connivencia que hemos visto en el Caso Bárcenas en el PP, entre otros”. Para Villoria, las fundaciones vinculadas a los partidos suelen ser un coladero para la corrupción, dado que no están sometidas a las mismas condiciones.
Cifras que no se corresponden con la realidad
Según el Tribunal de Cuentas, las pasadas elecciones generales supusieron un desembolso de más de 65 millones de euros, de los cuales 43,5 correspondieron a PP y PSOE. Sin embargo, Ismael Crespo, asesor y experto en comunicación política, no se cree esas cuentas ya que “contando únicamente con los partidos mayoritarios, los gastos debieron exceder los 100 millones”. Un coste que Luis Arroyo, presidente de Asesores de Comunicación Política, considera excesivo: “El año pasado El Corte Inglés gastó 87 millones de euros en publicidad. Que un partido pueda gastarse un tercio de esa cifra en un mes es un exceso”. Arroyo también critica la ausencia de controles ya que “es increíble que cualquier mediana empresa tenga que tener disponibles hasta un ticket de comida, y que los partidos políticos no tengan que presentar auditorías de cuentas anuales”.
¿Cómo se explica ese desfase? Para Crespo, la clave está en que “el Tribunal de Cuentas recoge únicamente lo que pasa por tesorería en época de campaña. Habría que contabilizar las aportaciones en especie de amigos o los gastos de desplazamiento. Además, debemos tener en cuenta que la campaña es permanente, abarca más allá del periodo oficial”. Todos esos gastos ocultos hace que sea difícil contabilizar el gasto real de las campañas. “Los partidos declaran hasta el límite de lo legal. Ahí no hay problema. Muestran lo visible, la publicidad, pero esconden los aviones privados, las comidas...”, afirma José Antonio Gómez Yáñez.
Evolución del gasto electoral (en €) | Infographics
¿Ha ganado el espectáculo la batalla a la política? “Creo que la política ha siempre ha sido espectáculo. El desafío hoy es que la política mantenga sus rasgos imprescindibles pero a un coste razonable, sin dispendios, al servicio de la gente y no de los poderosos”, sentencia Arroyo.
1. ¿MODELO PÚBLICO O PRIVADO?
El asesor Ismael Crespo es uno de los que creen que el sistema europeo debería imitar al americano, de preeminencia privada. “No tiene sentido que todos los ciudadanos sostengamos a todos los partidos. Éstos son instituciones privadas y deben buscarse ellos solos la financiación. Ello acompañado, claro está, de mayor flexibilidad y transparencia”, explica el asesor. En un término intermedio, Gaspar Ariño propone un modelo como el alemán: “La regla en Alemania es que no se puede recibir más dinero público de aquel que uno ha conseguido por la vía privada”. En la postura contraria se encuentra el miembro de Transparencia Internacional, Manuel Villoria. Éste cree que “la financiación privada tal y como está estructurada genera más problemas que beneficios. La financiación pública debe seguir siendo importante. Tenemos que asumir que la democracia cuesta”. Es más, a juicio de Villoria “debe prohibirse la financiación partidista de las empresas, limitando la aportación privada a la que se hace a título personal”. Luis Arroyo también es “un convencido de la financiación pública, pero con controles estrictos, cifras generosas pero justificadas. El modelo de EEUU no sirve aquí”.
2. OTRO TRIBUNAL DE CUENTAS.
“El Tribunal de Cuentas está pensado para que no funcione”, se queja Gómez Yáñez. A este respecto, el sociólogo señala que “su supervisión está atrasadísima, llega cuando la mayoría de los delitos ya han prescrito. El otro punto débil es su composición. Exdiputados, extenientes de Alcalde e incluso parientes de políticos ocupan los puestos”. Esto hace que los mecanismos de supervisión actuales sean “una broma”. Como alternativa, Gómez Yáñez propone la obligatoriedad de auditorías externas para la todos los partidos, así como un aumento de las competencias punitivas e independenica del citado tribunal.
3. UN NUEVO MODELO DE PARTIDO.
Muchos coinciden en que una revisión de la financiación de los partidos debe acompañarse de otra manera de hacer política. “Hay que cambiar el modelo de partido. Deben asumir un papel más cívico y menos empresarial. Eso les obligaría a un trabajo más vinculado al ciudadano”, defiende Villoria. A juicio de Gaspar Ariño, los cambios deben circunscribirse en una reforma más amplia: el cambio de la ley electoral y la independencia de la justicia. “Ambas afectan a la financiación de los partidos. Debemos abrir los partidos a la sociedad, a la calle, con listas abiertas. También es una obligación asegurar la independencia de los entes reguladores”, asegura el abogado.