El pozo sin fondo de Patrimonio Nacional: pagó gastos de la casa de Corinna, a 100 empleados de Zarzuela y la tripulación del Fortuna

La monarquía cuesta mucho más de los 8,4 millones de euros que reflejan los Presupuestos Generales del Estado de 2021, pero es imposible calcular cuánto. Felipe VI dispone de esos fondos para organizar la Casa Real que aparecen cada año en las cuentas públicas y que en cada anualidad son publicados por la prensa que revisa si se congelan o suben por encima del IPC. Pero en esa partida no figuran los pagos por multitud de servicios que asumen otras administraciones y cuyo seguimiento es inescrutable. Están los gastos de seguridad que cubren los ministerios de Interior y Defensa, los actos oficiales y la agenda en el extranjero que paga el de Exteriores y existe, además, el cajón de sastre de Patrimonio Nacional, un organismo dependiente del Ministerio de Presidencia, pensado para proteger y conservar los monumentos y edificios singulares del Estado, convertido desde hace años en un coladero para que la familia real pueda cargar también facturas muy diversas.

Entre ellas, las nóminas del séquito que acompaña a Juan Carlos I en Emiratos Árabes Unidos desde el pasado agosto y también los gastos derivados de sus viajes periódicos al país asiático, tal y como ha desvelado elDiario.es después de que el Gobierno y la Casa Real decretasen un cerrojazo informativo sobre todo lo que tiene que ver con la estancia del rey emérito en ese país.

Pero no solo con cargo al Presupuesto de este organismo se han abonado otro tipo de servicios de lo más exótico: desde indemnizaciones por despido improcedente a la tripulación del yate Fortuna que disfrutó el monarca hasta que decidió venderlo o el mantenimiento de la casa donde se alojaba Corinna Larsen en Madrid.

La ley de 1982 que regula el organismo de Patrimonio Nacional atribuye a su propiedad aquellos bienes “de titularidad del Estado afectados al uso y servicio del Rey y de los miembros de la Real Familia para el ejercicio de la alta representación que la Constitución y las leyes les atribuyen”. La interpretación que se ha hecho para que este departamento pueda correr con gastos de la Corona es que su función es dar “el apoyo a la Jefatura del Estado” contribuyendo no solo al mantenimiento de los edificios que utiliza sino también con la financiación de recursos materiales y personales destinados a la Casa Real.

La Zarzuela cuenta con un extenso plantel de trabajadores —en 2015 eran 122— que no entran dentro de los 3,8 millones en gastos de personal que reflejan sus cuentas sino que se sufraga año tras años a través de Patrimonio Nacional.

Es la Casa del Rey la que organiza a ese personal de servicio y asistencia —amas de llaves, ayudantes de cámara, jardineros, etc.— y lo asigna entre los miembros de la familia real, que está formada por Felipe VI, la reina Letizia, la Princesa de Asturias, la infanta Sofía y los reyes eméritos.

Incluso después de la abdicación, Juan Carlos I y Sofía de Grecia han mantenido ese personal de confianza del que disponían y que les acompaña en sus desplazamientos, también en el extranjero. El ex jefe del Estado cuenta con tres ayudantes de cámara en turnos rotatorios durante su estancia en Emiratos Árabes Unidos, cuyas nóminas y gastos derivados de sus comisiones de servicio costea Patrimonio Nacional. No obstante, es la Casa del Rey la que les asigna esas tareas.

También se desconoce cuál es el importe de las comisiones de servicio correspondientes al personal que asiste a la familia real —de ninguna institución, tampoco de los encargados de su seguridad—. La única pista la dejó el Tribunal de Cuentas en su último informe sobre Patrimonio Nacional correspondiente al ejercicio 2013 en el que cuestionó los pagos adelantados por la Casa Real por un importe de 20.676,59 euros por ese concepto en un episodio puntual. “Estos pagos [recogía el informe] se justifican con facturas de una agencia de viajes a nombre de la Casa de S.M. el Rey, por el coste de billetes de barco, avión y hotel. No se considera justificado este atípico sistema, que distorsiona el procedimiento de pago y la justificación nominal de estos gastos”.

Patrimonio Nacional alegó ante el organismo fiscalizador que “en algunas ocasiones, estos desplazamientos se hacen con total confidencialidad por motivos de seguridad”. “En estos casos no se informa previamente a Patrimonio Nacional de la realización de los mismos e incluso los interesados son avisados de la prestación del servicio con escaso tiempo, por lo que las gestiones y el pago de la reserva de hoteles, barcos y aviones se realizan directamente por la Casa de S.M. el Rey”, finalizaba en su escrito de alegaciones.

El argumento de la seguridad es, a su vez, el que permite que no haya rastro del dinero, ya que a diferencia de lo que pasa con otras partidas secretas, como los fondos reservados que sí examina una comisión parlamentaria que tiene el deber de guardar sigilo, todo lo relacionado con la Casa del Rey no pasa por el Congreso.

Ni la Zarzuela ni Patrimonio ni el Gobierno dan detalles de cuál es el número exacto de trabajadores —en su gran mayoría personal de confianza— que asisten a la familia real ni cuáles son sus funciones concretas. Y hace una semana la vicepresidenta Carmen Calvo defendía, antes de las revelaciones de este diario, que Juan Carlos I “no vive con recursos públicos” en Emiratos Árabes.

El PSOE ya planteó en la oposición durante 2017 hacer los cambios legales y presupuestarios pertinentes para que la Casa Real asumiera a ese personal después de que el Tribunal de Cuentas apuntara en esa dirección, pero una vez en el Gobierno defiende esa prerrogativa al estar prevista “en la legislación vigente”.

Tampoco esas instituciones ofrecen ninguna información sobre qué otro tipo de gastos sufraga Patrimonio Nacional, a pesar de que en muchos gastos de la monarquía exista una frontera sin delimitar entre lo público y lo privado. “Son asuntos que se articulan a través del Portal de Transparencia”, responden en la Casa Real. Sin embargo, es necesario realizar una solicitud de información concreta, porque no está publicada de oficio en esa web. Otras monarquías europeas ponen una lupa sobre sus gastos. La británica, por ejemplo, publica desde cuánto le cuesta el protocolo o el mantenimiento de sus propiedades pasando por gastos como la calefacción, la luz o la comida y la bebida (incluido el vino).

“Tenía que pagar impuestos y entonces la regalé al Estado”

Patrimonio Nacional, que se encarga de la conservación del patrimonio histórico y cultural español, es propietario de los edificios que usa la Corona y, por tanto, responsable de financiar su conservación, como el Palacio Real de Oriente y el Parque de Campo del Moro, el Palacio de la Almudaina (Palma de Mallorca) —en el caso de la residencia de Marivent se encarga el Gobierno balear— y, el monte de El Pardo, donde se encuentran el Palacio de El Pardo, con la Casita del Príncipe y el Palacio Real de la Zarzuela y el predio denominado “La Quinta”, con su Palacio y edificaciones anexas.

A unos 19 kilómetros del Palacio de la Zarzuela, está la finca La Angorrilla (también a nombre de Patrimonio Nacional), donde se instalaron Juan Carlos I y su amante, Corinna Larsen, según la foto que ilustró la entrevista de la revista francesa Paris Match a la aristócrata alemana en la que el entonces monarca, en bermudas amarillas, una camisa de manga corta y la gorra hacia atrás, preparaba una barbacoa junto al hijo de su amante.

Cuando en marzo de 2013 comenzaron las primeras revelaciones sobre la relación de Juan Carlos I con Corinna Larsen, los periodistas preguntaron a la entonces vicepresidenta y ministra de la presidencia, Soraya Sáenz de Santamaría, si era cierto que la “amiga entrañable” del rey se había alojado en esa finca y si se habían acometido obras pero se toparon con un muro. “Es el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional quien tiene legalmente encomendada la conservación, el mantenimiento, la mejora y la administración y seguridad de dichos bienes —respondió la vicepresidenta sobre aquellos edificios de Patrimonio Nacional destinados al uso y al servicio de la Jefatura del Estado—; pero, de conformidad con esta ley y sus reglamentos de desarrollo, existen dos tipos de bienes en Patrimonio Nacional: existen determinados bienes que son susceptibles de compatibilizar esa función al uso y servicio de la Jefatura del Estado con otro tipo de actividad, que entraña el acceso del público a los mismos. Sobre esos bienes, entre el que no está el que usted me indica, es sobre los que el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional puede aportar información, porque la tiene; respecto de los otros y su uso, no”.

Es decir, el Gobierno reconoció que La Angorilla es propiedad de Patrimonio Nacional y que es esta institución la que corre con los gastos de mantenimiento y mejora, pero evitó dar una respuesta concreta. Siete años después, la revista Lecturas aseguraba que Patrimonio Nacional asumió la reforma integral de esa casa, cuyo coste cifraba en dos millones de euros.

Otro de los inmuebles de Patrimonio Nacional que ha usado la familia real, en este caso como destino de vacaciones, es la residencia de La Mareta en Lanzarote —de la que también han disfrutado presidentes del Gobierno, entre ellos Pedro Sánchez—. Aunque es propiedad y, por tanto, responsabilidad de Patrimonio Nacional, no fue la idea inicial de Juan Carlos I. Según recogió el exministro José Bono en sus memorias, el ex jefe del Estado le dijo: “El único bien importante que me han regalado siendo rey es la finca de La Mareta en Canarias. Me la regaló el rey de Jordania y yo pregunté a Carlos Solchaga [exministro de Economía con Felipe González] qué debía hacer con ella; me respondió que tenía que pagar impuestos y entonces la regalé al Estado”.

Fue el mejor regalo, pero no el único. A lo largo de su reinado, Juan Carlos I recibió numerosos obsequios que supusieron un gasto para el Estado. Un conjunto de empresarios le regalaron en el año 2000 el yate 'Fortuna' (que solo en combustible suponía unos 26.000 euros por depósito) al que renunció en 2013, cuando su popularidad comenzó a caer en picado por escándalos como el de la cacería de Botsuana. Patrimonio procedió entonces a su devolución, pero los gastos no acabaron ahí: tuvo que indemnizar por despido improcedente a los trabajadores del barco. La justicia determinó que la institución pública y la empresa adjudicataria del mantenimiento y gestión del buque pagaran a medias los 1,23 millones de euros del despido de la tripulación. A Patrimonio le correspondía, por tanto, 671.720 euros. Según recogió la Agencia Efe, en el juicio, tanto Unión Naval Valencia, concesionaria del servicio, como Patrimonio Nacional aceptaron los hechos planteados por los diez empleados demandantes.

También fueron a parar al patrimonio públicos los dos Ferrari que Juan Carlos de Borbón recibió del jeque de Dubai, ya que la ley establece que le pertenecen las “donaciones hechas al Estado a través del Rey y los demás bienes y derechos que se afecten al uso y servicio de la Corona”. Posteriormente se vendieron en una subasta. La Guardia Real alberga una colección de 55 automóviles que incluyen desde Mercedes-Benz, Ford, Cadillac y Rolls-Royce a motos Harley-Davidson y BMW y que son propiedad del ejército. Algunos de ellos se pertenecen a Patrimonio Nacional y los custodia la Guardia Real.

Según relató Expansión, la Guardia Real tiene una Unidad de Mantenimiento compuesta por 42 militares y 11 civiles que se encarga del mantenimiento de esa flota. “Todos los automóviles de la Sala Histórica se revisan dos veces al año. Según el tipo de vehículo, estos trabajos pueden durar cuatro días, como es el caso de los Rolls-Royce. Para el resto suelen durar entre dos y tres días”, explicó el comandante encargado, Vicente Mateos de San Bernabé, al diario económico, que reflejaba que era necesario tener especialistas en mecánica, pintura, chapa, guarnicionería y electricidad, entre otros. Entre esos vehículos está el Rolls Royce Phantom IV descapotable que Francisco Franco adquirió en 1952 para la jefatura del Estado y que los reyes utilizan en ocasiones especiales, como la Coronación de Felipe VI.

Felipe VI impone control sobre los regalos

En su informe preliminar publicado en 2016, el Tribunal de Cuentas cuestionó que se utilizaran espacios de Patrimonio Nacional para almacenar bienes privados de la familia real. “El Tribunal considera que, de acuerdo con la naturaleza privada de estos bienes, la utilización de recursos del Consejo de Administración de Patrimonio Nacional (CAPN) para su custodia y gestión no está explícitamente amparada”, expresaba el órgano fiscalizador. En sus alegaciones, Patrimonio argumentó: “Llevados a sus últimas consecuencias, el razonamiento del informe es esencialmente contradictorio con la razón de ser del CAPN, pues habría que colegir que los miembros de la familia real no podrían tener guardado ningún bien privativo, ni siquiera los de uso personal, en el Palacio de la Zarzuela, sino depositado en un inmueble no perteneciente al CAPN. Este planteamiento del informe conllevaría al absurdo de que la familia real no pudiera residir en inmueble alguno del CAPN”.

Desde la llegada al trono de Felipe VI, la Casa Real ha dado tímidos pasos en transparencia: publica la información relativa a sus altos cargos y los documentos presupuestarios en los mismos términos que el resto de administraciones del Estado, aunque en su caso no es obligatorio. Por ejemplo, trimestralmente cuelga en la web el nivel de ejecución presupuestaria, pero de las cuentas que corresponden exclusivamente a la Zarzuela. También aprobó un código de conducta que hace una referencia expresa a la recepción de regalos por parte de los miembros de la Casa del Rey en la misma línea de lo que dispone la ley para cualquier empleado público: “Rechazará cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vaya más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía”. En el caso de la familia real, y ante los escándalos precedentes, Felipe VI optó por que se difundiera anualmente el listado de regalos institucionales recibidos.