El juez Santiago Pedraz ha ordenado una batería de diligencias para contrastar las afirmaciones que un investigador de la Guardia Civil hace en una grabación sobre los métodos ilegales de su equipo especializado. Entre esos métodos del Equipo de Delitos Económicos de la Comandancia de Madrid figura la colocación de balizas, instrumentos de geolocalización de vehículos, sin autorización judicial.
En una providencia dictada el pasado viernes, a la que ha tenido acceso elDiario.es, Pedraz ordena recabar datos de la Dirección General de Tráfico, la Policía Municipal, la Policía Nacional y la propia Guardia Civil que ratifiquen o desmientan las afirmaciones del brigada S. B., a quien una mujer con la que mantuvo una relación grabó confesando los métodos ilegales de su Equipo, tal y como publicó este medio.
Pedraz atiende así las solicitudes de las defensas de los investigados en un caso de narcotráfico y blanqueo de capitales. El brigada de la grabación, que está imputado y ha sido apartado de su puesto, era uno de los investigadores de ese caso, si bien habla de posibles ilegalidades cometidas en otras causas.
El brigada y su Equipo redactaron, entre otros, los atestados que culpaban al Gobierno y a la marcha feminista del 8 de marzo de 2020 de la expansión del Covid y que resultaron ser un cúmulo de tergiversaciones y bulos. De acuerdo a esos atestados, una jueza de Madrid llegó a imputar al delegado del Gobierno en una causa que acabó archivada después de un gran terremoto político.
El juez Pedraz se centra en las presuntas actividades ilegales de los guardias civiles en relación con el caso que investiga en su juzgado, el de narcotráfico y blanqueo. Así solicita a la Dirección General de Tráfico y a la Policía Municipal de Madrid las imágenes que guarden de la circulación de una moto de uno de los investigados el 21 de abril de 2023. Los abogados defienden que los agentes registraron esos seguimientos con balizas no oficiales y que no tenían autorización para ello, según reconoce el guardia civil en la grabación.
El brigada y la mujer que le grabó mantuvieron tres encuentros después de hablar durante meses por teléfono. El audio corresponde a la última cita y se produce en distintos escenarios: un restaurante, un coche, la recepción de un hotel… La mujer declaró como testigo y le contó al juez que grabó al guardia civil porque otras veces ha tenido problemas con las mujeres de hombres casados con los que ha mantenido relaciones.
En un momento de la cita, el brigada recibe una llamada de alguien a quien llama “técnico”, una expresión militar para referirse al grado de teniente, su jefe directo. Este le informa presuntamente de que han detectado la moto de un investigado en un gimnasio de Madrid. Al colgar, el brigada aprovecha para explicarle a la mujer detalles de la investigación pese a que supuestamente sabia que la mujer era una enviada de los narcos. También le explica cómo funcionan estos instrumentos de geolocalización, que le envía los posicionamientos a su teléfono móvil. Termina asegurando que las colocan sin autorización judicial y remata: “Yo soy el más ilegal de los ilegales”.
Los nombres de sus compañeros
El brigada, en su declaración como investigado al juez Pedraz, dijo el pasado 12 de septiembre que todo era una invención que utilizó ante la mujer porque sabía que era una enviada de los narcos y él trataba de infiltrarse en la organización. Los abogados de las defensas quieren demostrar que aquellas afirmaciones del guardia civil respondían a la realidad y que él mintió al juez cuando dijo que estaba fingiendo.
Otra de las diligencias acordadas por Pedraz es la identificación de los miembros del Equipo de Delitos Económicos que respondan a los nombres de pila de José, José Antonio o Raúl. El brigada habló a la mujer de ellos con naturalidad. Resulta impensable que un agente en tareas de infiltración ofrezca los nombres reales de sus compañeros. El juez pide a la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil que precise si tres números de identificación profesional corresponde a los citados nombres.
Los investigados encontraron las citadas balizas en un coche y una moto. El brigada y su Equipo de Delitos Económicos aseguran que esas balizas no son oficiales y que no las pusieron ellos. Por este motivo, Pedraz pide a la Policía Nacional que trabaja en la Audiencia Nacional que proceda a la estudio de los citados GPS y que le informe de a qué números de teléfono y tarjetas están asociados, así como los datos de geolocalización y el tráfico de llamadas que registran, entre otros. Con ello sabrá de dónde proceden las balizas y dónde fueron activadas.
Otro de los datos que hacen desconfiar al juez de la versión del guardia civil es que la cita con la supuesta enviada de los narcos acabe en la habitación de un hotel. En la grabación se oye a ambos pagar en la recepción del establecimiento con una tarjeta a nombre del brigada. El juez identifica el hotel, en Rivas-Vaciamadrid, y solicita que le informen de quién es el titular de la tarjeta con la que se pagó la habitación donde se alojaron la testigo y el investigado la “tarde-noche” del 21 de abril de 2023 y la “madrugada” del día siguiente.