Pedro González-Trevijano, el 'pacificador' que ha incendiado el Constitucional

Pedro González-Trevijano llegó a la presidencia del Tribunal Constitucional con el horizonte de que su mandato sería solo de seis meses y el objetivo de que los dedicaría a pacificar el tribunal. Un año después ha rebasado ese horizonte e incumplido su objetivo. El legado de este jurista está muy alejado del que él prometió dejar. Cuando acumula seis meses de presidencia caducada ha llevado al Constitucional a sus niveles más bajos de prestigio, en medio de un enfrentamiento abierto con el Gobierno y las dos cámaras legislativas.

Con su decisión de convocar el pleno de urgencia, de no apartarse de la deliberación aunque le afectaba directamente y de votar a favor de paralizar una reforma legislativa, el que fuera rector de la Universidad Rey Juan Carlos ha unido su nombre al de la mayor crisis institucional generada por ese tribunal en democracia.

González-Trevijano tomó posesión como presidente el 20 de noviembre de 2021, después de llevar en el Constitucional desde 2013. Con un mandato inicial de poco más de seis meses por delante –caducaba el pasado 12 de junio–, se esforzó por transmitir a los periodistas que acudieron al acto que sus intenciones eran calmar las aguas dentro del tribunal. No era un objetivo fácil.

El tribunal de garantías había vivido unos meses convulsos. Las resoluciones sobre el estado de alarma que el Gobierno decretó para frenar la expansión del coronavirus habían fracturado el tribunal hasta el punto de que sus magistrados atravesaban un enfrentamiento público. Por un lado estaban quienes imponían su mayoría para censurar al Gobierno; por el otro, quienes emitían votos particulares para mostrar su disconformidad y criticar a su compañeros.

De aquella época son frases como la de la magistrada María Luisa Balaguer, que dijo que algunos de sus compañeros sostenían “posiciones extrajurídicas poco recomendables”. El también magistrado Cándido Conde-Pumpido dijo de quienes habían decretado la inconstitucionalidad del estado de alarma que lo habían hecho con una argumentación “más propia de un lego que del máximo intérprete de la Constitución”. Tuvo que pedir perdón por esas palabras.

En un ambiente de polarización extrema, González-Trevijano asumió la presidencia tras la última renovación de cuatro magistrados del tribunal, hace ahora un año. Trasladó su intención de encabezar una etapa de consenso, que pretendía reunir a sus compañeros en torno a la cultura del acuerdo y el pacto que requiere un órgano cuyas resoluciones se imponen sobre el poder ejecutivo, legislativo y judicial.

Eso sí, su actuación no había ido dirigida a ese fin en su etapa como magistrado. El ejemplo más reciente era que había elaborado una de las ponencias contra el Gobierno, en la que había incluido unos párrafos más comprensivos con el estado de alarma, que llegaba a definir como una medida “adecuada y necesaria”, para buscar el consenso con los magistrados que no veían por qué había que censurarla. Antes de presentar el texto final a sus compañeros, borró esas frases.

En aquella y otras polémicas, González-Trevijano –que se autodefine como un liberal en el sentido estricto del término, no un neoliberal– ha defendido siempre su perfil institucional, que asegura que es el que aplica en cada decisión que toma. Sus detractores ven la otra cara de ese perfil, que afirman que esconde falta de valentía y determinación. Le acusan, por ejemplo, de plegarse al resto de magistrados conservadores en la ponencia sobre el estado de alarma al eliminar las frases que mostraban comprensión con la medida.

La decisión que el Constitucional tomó el lunes ha creado una fractura total en el tribunal, justo lo que González-Trevijano dijo querer evitar. La diferencia es que aquí carga con más responsabilidad que en cualquiera de las otras ocasiones. Ahora es el presidente: él fijó un pleno para interrumpir la reforma a petición de Enrique Arnaldo, él decidió no abstenerse, votó en contra de que se le pudiera recusar y su voto fue decisivo para que el bloque conservador se impusiera a los progresistas.

De la URJC al Constitucional

González-Trevijano era rector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) cuando en 2013 el Gobierno de Mariano Rajoy les nombró a él y al juez Enrique López como magistrados del Constitucional. González-Trevijano ha cumplido ya su mandato de nueve años; López solo duró uno, porque le detuvo la Policía Municipal de Madrid después de saltarse un semáforo con su moto. Luego comprobaron que conducía borracho. Tuvo que dimitir y ahora se desempeña como consejero de Justicia en el Gobierno de la Comunidad de Madrid de Ayuso.

Antes de ser elegido por un gobierno del PP, González-Trevijano ya se había mostrado cercano a ese partido. A lo largo de sus años como gestor, los campus de la URJC acogieron entre su personal a varios familiares de políticos del PP. Entre ellos se incorporaron parientes de los exministros, Alberto Ruiz Gallardón y Jaime Mayor Oreja, del exconsejero de la Comunidad de Madrid Francisco Granados y de la expresidenta autonómica Cristina Cifuentes. Durante su rectorado, además, se produjo el escándalo de los másteres falsos que publicó elDiario.es años después y obligó a dimitir a Cifuentes.

Docentes de esa universidad consultados por este medio —y que prefieren preservar su anonimato— exponen que en la URJC “ha habido mucha familia pero no solo del PP, también de otros partidos”. “Se ha contratado a gente del PSOE para lograr mayor equilibrio y tener mayores apoyos”, añaden. El mandato de González-Trevijano se extendió más de una década, estuvo al frente del rectorado entre 2002 y 2013. Un periodo en el que apostó por “una integración de sectores dentro de la Universidad”, según los profesores entrevistados.

El camino a la presidencia

Los detractores de González-Trevijano ya advertían hace más de un año, tras la polémica sobre el estado de alarma, de que su poder dentro del tribunal estaba creciendo poco a poco, y que en los últimos tiempos se había convertido en el “principal representante de las ideas más conservadoras”. Además, le situaban ya en la carrera para presidir el tribunal.

Sus expectativas para optar a este cargo habían empezado mucho antes, pero se vieron enturbiadas durante los meses en los que el caso Máster estuvo judicializado, ya que a lo largo de su mandato como rector (2002-2013) el polémico Instituto de Derecho Público (IDP) impartió programas de posgrados a Cristina Cifuentes, Pablo Casado y Carmen Montón, entre otros, que aprobaron sin ir a clase, estudiar o entregar trabajos.

Aunque estalló años después de que abandonase su puesto al frente del rectorado de la URJC, el Caso Máster fue el episodio más controvertido que se produjo durante su mandato universitario. El magistrado del Constitucional llegó a pertenecer al comité asesor del IDP, clausurado después de que elDiario.es destapase las irregularidades académicas que se produjeron en su seno. Entre ellas, la modificación de calificaciones de Cifuentes para concederle un máster en derecho autonómico.

Por aquel entonces fuentes del tribunal consideraron que el escándalo académico “le complicaba” sus opciones. Sin embargo, tras el archivo de gran parte de la causa, González-Trevijano recuperó sus aspiraciones de llegar a la cúspide del tribunal.

En ese camino que inició para asumir la máxima responsabilidad en el Constitucional, el exrector de la URJC también jugó en público con una carta de distensión con el Gobierno, una “supuesta interlocución” con la entonces vicepresidenta primera, Carmen Calvo, con la que “entabló cierta complicidad” durante las consultas informales previas a la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Catalunya, añaden fuentes jurídicas.