La decisión está tomada y la comunicará el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este viernes. Tras celebrar el habitual Consejo de Ministros comunicará que las elecciones se celebrarán el 28 de abril, el primer domingo tras las vacaciones de Semana Santa. El núcleo duro del presidente perfiló la fecha el pasado lunes en la resaca de la concentración de las tres derechas en la Plaza de Colón y seguro de que el Gobierno ya no iba a ser capaz de sacar adelante los presupuestos tras haber roto las negociaciones con los partidos independentistas el viernes.
Sánchez decidió la semana pasada poner freno al desgaste que le estaba suponiendo las conversaciones con el Govern y dio un ultimátum a los independentistas el pasado jueves. El viernes la vicepresidenta del Gobierno comunicó en el grupo de whatsApp en que negociaba con representantes del PDeCAT y de Esquerra Republicana de Cataluña que todo estaba roto a mediodía y comunicó después a los medios de comunicación que la negociación con el independentismo había acabado.
Desde ese momento, el gabinete del presidente empezó a valorar la idea del adelanto electoral. Pero la decisión la tomó el lunes Pedro Sánchez junto a su núcleo duro. Aunque se valoraron otras fechas, la elegida fue el 28 de abril. Entre los dirigentes con carné del PSOE la idea del 14 de abril, que había propuesto en el gabinete, levantaba suspicacias por varios motivos: la coincidencia con la conmemoración del 88º aniversario de la Segunda República, una efeméride delicada para un partido que defiende la monarquía parlamentaria y sobre todo porque coincide con el Domingo de Ramos, el inicio de las vacaciones de Semana Santa y que podría dificultar la movilización de sus bases. El 14 de abril tampoco convencía en Ferraz porque complicaría la puesta en marcha de la maquinaria electoral.
El fin de la legislatura ha sobrevolado durante todo el debate de Presupuestos en el Congreso. Una vez que la mayoría de las derechas y los partidos independentistas tumbaron las cuentas, en el Gobierno y en el PSOE se dio por hecho que la suerte estaba echada. En un documento remitido a última hora del miércoles a los medios de comunicación desde Moncloa, el Gobierno ya da por muerta la legislatura al renunciar a proyectos estratégicos que se están tramitando en el Congreso, como la reforma de la ley mordaza o la del voto rogado.