Gobierno y PSOE se dejaron este martes en el Congreso parte de sus argumentos defensivos frente a la oposición sobre su debilidad parlamentaria: hasta ahora los socialistas presumían de haber sacado adelante todos los decretos ley que aprobaba el Consejo de Ministros. Hasta el martes, en que fracasó la convalidación del que regulaba el alquiler. Unidos Podemos se desmarcó por considerar insuficientes las medidas que incluye y por dejar fuera el establecimiento de un precio máximo a los alquileres. Se trata de una medida pactada entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez en el documento de presupuestos, si bien la letra pequeña establece que debe hacerse en 2019.
Los aliados parlamentarios de Pedro Sánchez en la moción de censura han vuelto a darle un toque de atención en el hemiciclo, aunque no dan por rota la relación, justo cuando se acerca la crucial negociación de los Presupuestos Generales del Estado.
Gobierno y PSOE restan importancia al varapalo parlamentario que se ha llevado Sánchez, personificado en el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, a quien además el PP amenaza con reprobar por la gestión de las protestas de los taxistas. En Moncloa tiran de estadística para argumentar que Sánchez no se ve debilitado tras encajar su tercera derrota parlamentaria en casi ocho meses y prefieren ver el vaso medio lleno: “En total, de los 25 reales decretos ley aprobados por el Consejo de Ministros durante 2018, el Congreso de los Diputados ha convalidado 24, lo que supone un 96 por ciento de la actividad política del Gobierno a través de este instrumento normativo. Y tres de cada cuatro han recibido menos de cinco votos en contra”.
“El Gobierno está satisfecho con este balance porque le ha permitido desarrollar parte de su agenda del cambio, la más urgente –agregan esas fuentes, que recalcan que siete iniciativas de las ocho que se debatieron este martes salieron adelante–. El Gobierno ha demostrado su capacidad para generar zonas de consenso en beneficio de la ciudadanía”.
Además, el Ejecutivo no da por perdida la alianza con Unidos Podemos: “Es una mala noticia si no sale adelante, pero seguiremos trabajando”, expresó la portavoz socialista, Adriana Lastra, que desvinculó la votación de este martes del decreto sobre vivienda de la de los Presupuestos, para los que Sánchez tampoco tienen amarrados los apoyos.
“Si ustedes cumplen, pueden contar con nuestro apoyo”, le dijo la diputada del grupo confederal Yolanda Díaz a la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, con la que negoció hasta el último momento la aprobación del decreto de subida de pensiones. Su apoyo estaba en el aire porque recortaba las de incapacidad permanente, pero finalmente llegaron a un entendimiento. Unidos Podemos arrancó dos concesiones del Ejecutivo: el aumento de la pensión mínima por incapacidad permanente total y una bonificación de parte de las cuotas de los jornaleros en periodos de inactividad.
“Mala imagen” mientras la derecha se rearma
Fuentes gubernamentales cargan el peso de la responsabilidad del fracaso en el decreto de los alquileres sobre Unidos Podemos, a quienes acusan de no haberse avenido a negociar ninguna fórmula para llegar a un entendimiento. Desde el Gobierno consideran que el choque de este martes da “mala imagen” a la izquierda en un momento en el que la derecha se está rearmando, tal y como ha sucedido en Andalucía. “La derecha carga con carros y carretas y en la izquierda no se pasa el pelo de una gamba”, lamentaban esas fuentes.
“Es muy difícil explicar el voto en contra”, señala una ministra sobre el rechazo del grupo confederal al decreto que ampliaba los contratos de tres a cinco años. Quienes firmaran acuerdos desde que el Consejo de Ministros aprobó el decreto ley el 14 de diciembre mantendrán esas condiciones, pero a partir de ahora los arrendamientos seguirán las normas anteriores.
El Ejecutivo descarta por ahora impulsar un nuevo decreto con medidas urgentes y dejarán la regulación en materia de vivienda para una ley que la portavoz parlamentaria cree que estará lista en 15 días. Esa normativa incluiría “la creación de una estadística oficial de alquiler más transparente e instrumentos legales que eviten que los fondos buitre se queden con las viviendas sociales, así como la movilización de suelo público para la creación de 20.000 nuevas viviendas públicas”, según fuentes de Moncloa, que no mencionan la limitación de los precios de los alquileres que a los socialistas tienen dudas de poder aplicar.
“¿Por qué no llaman para preguntar?”
También ERC rechazó el decreto y advirtió a los de Sánchez de que no pueden dar por hecho el apoyo de sus nueve diputados. “Es un tanto antiguo considerar que por el hecho de que hay unas siglas en las que se incluye la palabra socialista, el resto de las izquierdas tengamos que votar todo de recibo”, expresó el portavoz, Joan Tardà, que aseguró que el PSOE solo les ha llamado una vez “y para nada” con motivo del Pleno de este martes. Tardà recordó a los socialistas su debilidad: “Es una forma de hacer muy chapucera que no se corresponde con la fuerza que tienen”.
Esa misma crítica se la repitieron desde el grupo confederal a lo largo de las cerca de siete horas de debate: “No entiendo por qué no llaman para preguntar nuestra consideración; el PP y De Guindos lo hacían de forma permanente. Ustedes vienen sin levantar el teléfono y sin apelar al diálogo. No sé si lo que quieren ahorrar en la factura de teléfono es lo que se gasta en combustible del Falcon”, espetó a los socialistas el diputado de Unidos Podemos Alberto Montero en su intervención sobre la creación de una herramienta macroprudencial para controlar al sector financiero. A pesar del reproche, votaron a favor de esa iniciativa.
El de vivienda no fue el único decreto en el que Unidos Podemos se desmarcó de los socialistas. También votaron en contra del decreto que permite competencia empresarial en los trenes de alta velocidad a partir de 2020 en cumplimiento con una directiva europea. PP y Ciudadanos respaldaron al PSOE en esa votación. La abstención de los de Pablo Casado salvó al Ejecutivo en la convalidación del plan para las cuencas mineras al que Unidos Podemos también votó en blanco. Los socialistas enfatizan que de los ocho decretos el Congreso dio luz verde a siete.
PSOE: “No es fácil” gobernar con 84 diputados
La subida del sueldo de los funcionarios y el decreto de mejoras fiscales para los artistas fueron respaldados por casi todo el arco parlamentario, a excepción de la diputada de En Comú Marta Sibina, que anunció que rechazaría todas las propuestas de Sánchez hasta que el Gobierno desbloquee el barco de rescate Open Arms, que permanece en el Puerto de Barcelona. Esa voto negativo no cambió ningún resultado este martes pero puede ser decisivo en votaciones muy ajustadas.
Los socialistas insisten en recordar a Unidos Podemos que algunas de sus medidas tienen que ser menos ambiciosas para que las apoyen el resto de aliados parlamentarios en la moción de censura que son, en realidad, fuerzas de derechas, como PDeCAT y PNV. “Un real decreto necesita que lo apoyen otras fuerzas políticas que probablemente no estarían dispuestas a apoyarlo con todas las medidas de Unidos Podemos. Sabíamos que no iba a ser fácil gobernar en esta situación”, admitió Lastra, que aseguró, no obstante, que siguen adelante.
“No podíamos ir a máximos porque había grupos que no lo iban a apoyar. Lo que coses por un lado lo deshaces por el otro”, señalan fuentes gubernamentales que sentencian: “El Gobierno está tranquilo porque ha hecho lo que tenía que hacer, que era buscar consenso”.
Reunión con En Marea ante el rechazo a los PGE
El grueso de los esfuerzos de los socialistas se centrará ahora en sacar adelante las cuentas públicas, que marcarán el punto de inflexión sobre la duración de la legislatura. El jefe de gabinete de Meritxell Batet, Eduardo Roig, se reunió con representantes de En Marea para abordar las inversiones presupuestarias en Galicia. Los diputados de la alianza gallega de Podemos aseguraron que votarían en contra de los presupuestos que recortan un 19% la inversión territorializada para esa comunidad. Desde el Gobierno argumentan que la bajada se debe al fin de las obras del AVE. Compromís, por su parte, también espera la llamada de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
La vicepresidenta, Carmen Calvo, se reunirá este viernes con su homólogo catalán, Pere Aragonès, y con la portavoz del Govern, Elsa Artadi, para seguir avanzando en la negociación entablada en busca de una solución para el conflicto territorial. ERC y PDeCAT circunscriben su posición a la hora de permitir la tramitación de los presupuestos al resultado de ese encuentro con Calvo en el que queda pendiente la conformación de una mesa de partidos para encauzar la respuesta política.
No obstante, el Gobierno sostiene que se trataría de formaciones catalanas, a pesar de que ya existe esa figura en el marco del Parlament. A lo que no responden en Moncloa, además, es a si aceptarían la figura de un mediador, como reclama la Generalitat. Además, los de Sánchez sostienen que la negociación presupuestaria solo versará sobre las cuentas.