Pedro Sánchez esboza una veintena de promesas ante la oposición frontal de PP y Ciudadanos y el recelo de sus socios

“Tenemos que hacer encaje de bolillos para poder sacar adelante muchas de las iniciativas que vamos a traer por parte del Gobierno a este Congreso”. Así ha reconocido Pedro Sánchez su debilidad parlamentaria apenas doce horas de su primera derrota en una votación y al zanjar la comparecencia en el Parlamento en la que ha esbozado una veintena de promesas ante la oposición frontal de PP y Ciudadanos y con las que no ha conseguido eliminar los recelos de los grupos que le llevaron a Moncloa hace un mes y medio.

Sánchez ha intentado salir al paso de las críticas a su reconocimiento de que no puede publicar el listado de defraudadores que se acogieron a la amnistía fiscal con el anuncio 'estrella' de la comparecencia: una nueva ley con la que prohibirá que esa figura pueda usarse en el futuro. La propuesta de impedir las amnistías no es nueva ni ha evitado las anteriores, ya la plantearon en su día Cristóbal Montoro en el Gobierno de Mariano Rajoy y Carlos Solchaga en el que presidía Felipe González.

La medida no ha complacido a Unidos Podemos: “No vamos a consentir que usted falte a su palabra”, ha avisado la portavoz adjunta, Ione Belarra, quien le ha advertido de que su grupo “va a demostrar” a través de iniciativas parlamentarias que se puede publicar esa lista de defraudadores fiscales“. Todos los partidos que apoyaron la moción de censura van a registrar la creación de una comisión de investigación sobre las presuntas finanzas irregulares del rey emérito Juan Carlos mientras que el presidente se ha remitido, al menos por ahora, a la comparecencia del director del CNI, Félix Sanz Roldán, en una comisión a puerta cerrada. ”Es una alianza republicana lo que a usted le ha hecho presidente; no nos abandone, no abandone este principio que solo pide la verdad, transparencia y repensarlo todo“, le ha reprochado el líder de IU, Alberto Garzón.

Tampoco le ha parecido suficiente al grupo confederal el compromiso de Sánchez de sacar “en breve” los restos de Franco del Valle de los Caídos. Unidos Podemos le exige que se juzguen los crímenes franquistas, que se retiren las medallas de Billy El Niño y que se entregue a la justicia argentina al Rodolfo Martín Villa. El Gobierno estudia la fórmula para retirar las medallas y ha dicho que estudiará la anulación de los juicios franquistas.

Primera prueba de fuego: el déficit

Y a todo esto, el primer desafío que tendrá Sánchez es la aprobación del objetivo de déficit. Su anuncio de repartir entre las comunidades, las corporaciones locales y el Estado las cinco décimas del déficit que le ha permitido flexibilizar Bruselas se aprobará en el Consejo de Ministras este viernes. Sin embargo, el Gobierno no tiene amarrados los apoyos. Unidos Podemos le ha advertido que su oferta “apenas da aire presupuestario” y tampoco Compromís tiene previsto apoyarlo. El presidente ha tendido la mano al PP con un argumento: la flexibilización llegará también a las autonomías gobernadas por los conservadores.

Si los propios socios de Sánchez se han mostrado escépticos ante sus propuestas, el PP, en pleno proceso de sucesión de Mariano Rajoy, y Ciudadanos se han lanzado directamente a por Sánchez acusándole de estar vendido a los nacionalistas e independentistas. “Los socialistas vuelven a lo de siempre, lo que mejor saben hacer, gastar el dinero de los demás”, le ha reprochado Rafael Hernando.

Albert Rivera le ha echado en cara que esté en Moncloa sin pasar “por las urnas” y que pilote un Gobierno sin rumbo. “Con el sectarismo, con las ocurrencias, con los pactos con los separatistas no se construye un futuro para España”, le ha dicho el líder de Ciudadanos, que también le ha afeado la subida de “ocho impuestos”. A uno de ellos lo ha bautizado Rivera como “el dieselazo”.

Sánchez ha negado que los impuestos vayan a afectar a los “ciudadanos de a pie” y ha defendido un “mayor esfuerzo fiscal” para las grandes empresas, el rediseño del impuesto de sociedades o la nueva “figura impositiva finalista” que afectará a los bancos y con la que pretende complementar las cotizaciones a la Seguridad Social. El compromiso para que las pensiones crezcan conforme al coste de la vida lo ha circunscrito el presidente a un nuevo acuerdo en el marco del Pacto de Toledo.

Anuncios genéricos para las medidas sociales

Sanchez recitó gran parte de los planes que ya habían perfilado los miembros de su gabinete en las comparecencias de las semanas anteriores y en prácticamente ninguno ha profundizado. Sí ha fijado un plazo (“antes de finalizar el mes de julio”) para la aprobación en el Consejo de Ministras de un Plan Director contra la Explotación Laboral con el que pretende erradicar la desregulación y la precariedad así como la puesta en marcha de actuaciones contra “los fraudes en la temporalidad injustificada y la parcialidad abusiva”. En esa misma línea también ha anunciado un Plan de Choque para crear empleo juvenil.

Respecto a la recuperación de derechos, el presidente socialista se ha limitado a ofrecer diálogo para acabar con la 'ley mordaza'. Resultó más específica su promesa de eliminar del artículo 315 del Código Penal con el que fue posible perseguir a piquetes.

En materia judicial, también ha anunciado que acabará con la polémica reforma que llevó a cabo Rafael Catalá para imponer plazos máximos a las instrucciones de las causas judiciales. De forma más genérica se ha referido a la reforma del reglamento de la asistencia gratuita o al impulso a la mediación y, como ejecutivos anteriores, se ha mostrado convencido de que mejorará los medios técnicos y humanos para la Justicia, la gran tarea pendiente que reclaman todas las asociaciones de jueces y fiscales. También ha insistido en la propuesta que presentó el PSOE en el Congreso para la formación en materia de violencia machista a jueces y fiscales, que ha ampliado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Ha reiterado el compromiso de su ministro Pedro Duque de aumentar los fondos para ciencia e I+D+I. No obstante, ese incremento dependería de unas cuentas públicas para las que, a día de hoy, el Gobierno no tiene apoyos suficientes. Al igual que hizo Duque, Sánchez ha defendido la necesidad de “avanzar en la colaboración público-privada” en investigación, aunque no ha concretado más.

También ha insistido en su intención de fortalecer la Formación Profesional para tender hacia un sistema dual. Llegar al 5% del PIB en inversión educativa es otra de las promesas para las que Sánchez precisa acuerdos parlamentarios. En el ámbito de la lucha contra la pobreza infantil, el presidente ha asegurado que recuperará el programa PROA de refuerzo escolar y ha presumido del ya aprobado Programa VECA con el que ha duplicado los fondos destinados a comidas y campamentos para menores este verano.

Sánchez también se ha comprometido a estrechar los controles sobre la vivienda turística y ha repetido el anuncio del ministro de Fomento de prorrogar los arrendamientos de tres a cinco años y el de incrementar el parque de vivienda de alquiler. Para el Gobierno la transición ecológica de la Economía es una prioridad a la que ha otorgado un ministerio propio, pero Sánchez se ha limitado a enumerar “tres grandes prioridades normativas”: una Ley de Cambio Climático y Transición Energética, un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y un Plan Integral de Innovación Tecnológica y Desarrollo Económico.

Sánchez se ha felicitado por la recuperación del Ministerio de Cultura del que saldrán iniciativas, según ha dicho, como la reactivación del Plan de Acción Cultural Exterior o una ley de mecenazgo. El reconocimiento y difusión de las lenguas cooficiales es el reto que le ha puesto el presidente al Instituto Cervantes en su nueva etapa.

Una votación en Catalunya: el Estatut

Catalunya tardó más de una hora en aparecer en el discurso de Sánchez quien dejó claro que es “objetivo prioritario” de su Gobierno y ha celebrado que se vayan a retomar las comisiones bilaterales entre la comunidad y la administración central, suspendidas desde 2011. Sin embargo, el presidente ha reconocido que la solución no será fácil.

Tanto ERC como PDeCAT han planteado en sede parlamentaria que el Gobierno mueva ficha ante la Fiscalía General del Estado para que cambie su posición en el proceso judicial contra los líderes independentistas, un extremo al que el Ejecutivo se niega. Joan Tardà ha planteado a Sánchez que si pone como condición que no se hable del referéndum condenará a las fuerzas independentistas a “volver a desobedecer”. Carles Campuzano le recordó que llegó a Moncloa gracias al apoyo de los independentistas y le advirtió de que sus votos “solo van estar con el Gobierno si ese diálogo bilateral da resultados concretos”. ERC sumó la necesidad de que el Ejecutivo lleve a cabo políticas progresistas sin “tomarles el pelo”.

Sánchez contestó que la solución para Catalunya será una votación, pero no de un referéndum por la independencia sino de un nuevo Estatut. En el otro lado del hemiciclo, PP y Ciudadanos le reprochaban las “facturas” que iba que tener que pagarles a los nacionalistas por el “alquiler” de Moncloa.

Defensa y migraciones, entre los reproches

Otro de los encontronazos de Sánchez con el que pretende ser su “socio confiable” ha sido a propósito del incremento del gasto para Defensa al que se comprometió con la OTAN. En materia de Defensa Sánchez ha abogado por el reforzamiento de las capacidades, por la contribución a la lucha contra el terrorismo o potenciar la diplomacia de la Defensa, y ha salido al paso de las críticas por comprometer un 2% del PIB para gasto militar aduciendo que Donald Trump llegó a Bruselas con la exigencia de un 4%. “De izquierdas también es asegurar y garantizar la paz en el mundo”, ha respondido Sánchez.

La política migratoria que salió del Consejo Europeo ha sido otro de los reproches que ha recibido Sánchez, que ha reconocido que “no es el acuerdo que hubiera gustado al Gobierno. ”Volvemos a casa con un acuerdo que pide más CIE en países de tránsito, como pedía el bloque de Visegrado, y más CIE en Europa –ha espetado la portavoz del grupo confederal–. Da igual como se llamen y dónde estén: los CIE son CIE y lo que hay que hacer es cerrarlos. Sánchez ha dado una respuesta intermedia que es insuficiente para sus socios: “revisará” esos centros de internamiento.