Pedro Sánchez no publicará el listado de personas y sociedades que se acogieron a la amnistía fiscal que aprobó Cristóbal Montoro en 2012, como prometió cuando era líder de la oposición. El Gobierno ha estudiado la fórmula pero ha concluido que no puede hacerlo con carácter retroactivo y que solo podría hacerlo en futuros casos si se modifica la ley.
“No encontramos la capacidad jurídica para cuestiones que se hayan efectuado con anterioridad”, ha dicho la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministras. Según ha explicado la ministra, únicamente “se podría hacer efectivo con una modificación legal para nuevas amnistías fiscales”, que “desde luego no están en la hoja de ruta de este Gobierno”, ha apostillado.
La publicación de ese listado fue una de las promesas de Pedro Sánchez cuando estaba en la oposición y dio pie a una importante campaña del grupo socialista contra Cristóbal Montoro. En 2015, el PSOE llegó a plantear en el Congreso sacar a la luz esa “lista de la vergüenza”, como la calificó entonces Pedro Sánchez. “Publique esa lista, señor Rajoy, o si no lo haremos nosotros cuando lleguemos al Gobierno”, llegó a decir en la Cámara Baja el actual jefe del Ejecutivo.
A la amnistía se acogieron más de 30.000 personas físicas y sociedades y apenas ha aflorado menos de un centenar de nombres gracias a sumarios policiales, investigaciones periodísticas y alguna sentencia en los tribunales.
Preguntada por la posibilidad de aplicar el gravamen inicial del 10% que Montoro planteó para la amnistía de 2012 y que luego rebajó drásticamente (se cobró un 3% de media al dinero negro regularizado), Montero ha asegurado que aunque su Ejecutivo “no abandona ninguna línea para intentar explorar diferentes opciones en relación con la amnistía fiscal”, la retroactividad en las normas tributarias solo se aplica con carácter “excepcional”.
“No abandonamos nada”, ha asegurado Montero, que ha afirmado que el Gobierno actuará “con el derecho en la mano y la Constitución en la mano” y ha insistido en que aplicar medidas con carácter “retroactivo” supone un “problema”.
La cuestión se ha suscitado a raíz de la publicación de las grabaciones de Corinna Zu-Wittegenstein en las que apunta a que el rey Juan Carlos utilizó testaferros para llevar dinero a Suiza y paraísos fiscales. De hecho, la supuesta amante del rey emérito asegura en esas cintas que el monarca se aprovechó de la amnistía fiscal gracias a esas cuentas en el extranjero, una de ellas propiedad del “gestor financiero” de la Gürtel.
El Gobierno calla sobre las grabaciones: “Son antiguas”
El Gobierno ha evitado pronunciarse sobre esas grabaciones que también implican al director del CNI, Félix Sánz Roldán: “Afortunadamente no afectan al jefe del Estado Felipe VI. Son antiguas, ni las consideramos”.
Montero no ha querido decir si la Agencia Tributaria comenzará una investigación sobre un supuesto fraude del monarca emérito. “La Agencia Tributaria no habla de contribuyentes ni de expedientes”, ha sido la escueta respuesta de la ministra.
El Ejecutivo tampoco ha querido pronunciarse sobre la posibilidad de que el Congreso lleve a cabo una comisión de investigación sobre el asunto que afecta a Juan Carlos I, tal y como ha planteado Unidos Podemos. La portavoz, Isabel Celáa, ha despejado la pregunta con un genérico: “Esa cuestión no se ha tratado en el Consejo de Ministros”.