La Abogacía del Estado, en representación de la institución de la Presidencia del Gobierno, ha presentado una querella por prevaricación contra Juan Carlos Peinado, el juez que ha tomado declaración como testigo este martes a Pedro Sánchez y que instruye la causa por tráfico de influencias contra su mujer. El escrito está firmado por la Abogacía del Estado “en la representación que legalmente ostenta del presidente del Gobierno de España” y considera que Peinado ha adoptado una decisión injusta a sabiendas al impedir a Sánchez declarar por escrito.
La querella hace un repaso de todos los hitos de la instrucción de Peinado, a través de sus autos y providencias, y concluye que “resulta obligado [interponer la querella] como consecuencia de la necesidad de defender la institución que representa, la Presidencia del Gobierno”. La querella ha sido presentada ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por la condición de aforado del juez Peinado.
En la querella, la abogada del Estado alude a la decisión del juez de tomar declaración a Sánchez en Moncloa en lugar de haberlo hecho por escrito, bajo el argumento de que los hechos por los que le iba a preguntar tenían relación con su condición de “esposo” de Begoña Gómez y no como presidente del Gobierno.
“Lo que adquiere relevancia, no se nos llame a engaño, es lo hecho por la investigada en consideración a que su esposo es presidente del Gobierno, esto es, en atención a su cargo. No cabe disociar a una persona y pretender que se le va a preguntar como esposo, cuando lo determinante del objeto de la investigación es la condición de presidente del Gobierno del marido de la investigada”, dice la querella. La argumentación es “palmariamente contraria a lo que dice la ley”, añade la Abogacía.
La abogada del Estado expone abundante jurisprudencia del Tribunal Supremo acerca de qué diferencia un error del juez de una decisión tomada de forma arbitraria por el magistrado, en referencia a la decisión de citar a Sánchez en la providencia del pasado 19 de julio en la que negaba al presidente del Gobierno declarar como testigo. “Si se analiza el contenido de la Providencia de 19 de julio [por la que Peinado citó a Sánchez] no hay una sola línea para motivar o justificar por qué la declaración no ha de hacerse por escrito”, remata.
Más adelante, la querella señala: “Se trata de impedir que el ejercicio del poder judicial altere innecesariamente el discurrir y labor de los demás poderes estatales. No hay duda de ello y no la ha habido desde la aprobación de nuestra sobradamente centenaria Ley de Enjuiciamiento Criminal. A nadie se le escapa la relevancia pública, también la eventual relevancia electoral, que puedan tener las resoluciones judiciales que afectan a los cargos del poder ejecutivo”.
“Ello no supone, ni puede suponer –añade– un ataque al poder judicial, sino el intento de alejamiento del ejercicio puntual de un representante de ese poder, de la arbitrariedad proscrita constitucionalmente, dirigida, no solo respecto de cualquier ciudadano, sino en este caso, respecto del máximo representante de otro de los poderes estatales, esto es, el Ejecutivo, todo lo que parece explicar el injusto proceder del magistrado”, añade la querella.
La Abogacía del Estado solicita que se tome declaración como testigo al juez Carlos Valle, quien rechazó el recurso de la Fiscalía a la petición de que Sánchez declarara por escrito. “Que explique si su contenido lo hace propio o fue expresión del parecer exclusivo del querellado [juez Peinado], como los términos de la propia providencia sugiere”, pide la Abogacía.