Después de una pregunta de Gabriel Rufián en la sesión de control sobre el coste de la vida, voló la toalla en el hemiciclo. La lanzaron desde el banco azul y tenía los colores de la bandera andaluza. El Gobierno dio una respuesta a través de su presidente a la rotunda victoria del Partido Popular en las elecciones de Andalucía. Consistió en anunciar una nueva reducción del IVA del precio de la luz, esta vez desde el 10% al 5%. Se queda a un solo punto del IVA superreducido, el que se carga a alimentos básicos como el pan, la leche y los huevos.
Pedro Sánchez ha tomado la decisión que le había reclamado el PP, que pide bajadas fiscales generalizadas para que se utilicen fondos públicos con los que financiar los intentos de mitigar los efectos de la crisis, porque los beneficios de las grandes empresas son sagrados.
Es la misma reducción que la vicepresidenta de Transición Ecológica había calificado de “cosmética”. Teresa Ribera lo explicó hace dos semanas: “Afortunadamente, no nos conformamos con medidas cosméticas ni con vaciar las arcas públicas para algo que probablemente será insuficiente en el medio y largo plazo”. Es lo que sucedió con el descenso del IVA de la luz del 21% al 10%. Los gobiernos van con la lengua fuera detrás de los sucesivos aumentos de los precios del gas y el petróleo.
Ahora lo podríamos llamar el IVA de Juanma. Tras la derrota de los dos partidos del Gobierno de coalición en Andalucía y la reelección de Juanma Moreno, la medida de repente resulta muy atractiva y se aprobará en el Consejo de Ministros extraordinario del sábado.
El regalo a los bolsillos de los contribuyentes, de todos con independencia de sus ingresos y que beneficia por igual a un parado o al presidente de Iberdrola (retribución en 2021: trece millones de euros), fue desaconsejado de distintas maneras por la Comisión Europea y el Banco de España. Por su efecto en la deuda o porque su eficacia para bajar precios no se prolonga mucho en el tiempo.
Antes de escuchar la noticia de boca de Sánchez, Rufián ya le dijo que no le parecía suficiente o apropiada. “Basta de parches, basta de cheques. Impuestos a las grandes fortunas, impuestos a las grandes empresas eléctricas y petroleras de este país”. Unidas Podemos fue en la misma línea, aunque defendiendo el cheque de 300 euros a las familias necesitadas del que había hablado el lunes Yolanda Díaz, así como aportar fondos públicos para que un abono transporte cueste diez euros, como se ha hecho en Alemania durante tres meses. “Pensamos que esto lo tienen que pagar las grandes eléctricas y las grandes petroleras con más impuestos”, dijo Pablo Echenique.
El Gobierno conservador británico anunció a finales de mayo una tasa extraordinaria del 25% sobre los beneficios de las empresas petrolíferas y gasísticas. Los fondos obtenidos se emplearán para contribuir a la financiación de un plan de 18.000 millones de euros que ayudará a los hogares de bajos ingresos que no pueden hacer frente al aumento del coste de la vida. El ministro de Hacienda, Rishi Sunak, dijo que el objetivo era gravar esos “beneficios extraordinarios” que esas empresas están recibiendo en los últimos meses gracias al final de las restricciones por el fin de la pandemia y la guerra de Ucrania.
Había una pequeña trampa en el proyecto: incluye amplias deducciones fiscales para las empresas que reinviertan sus beneficios en proyectos de extracción de petróleo y gas en Reino Unido. El Gobierno de Boris Johnson confía en que la tasa le permita recaudar 5.800 millones de euros el próximo año. Esta recaudación especial concluirá a finales de 2025 o cuando los precios de la energía vuelvan a niveles normales.
En materia de impuestos, es muy difícil ser más conservador que los tories británicos. De momento, el Gobierno de Sánchez lo está consiguiendo.
El PP cantó victoria tras escuchar la nueva rebaja fiscal anunciada por Sánchez. “No actúa por los españoles, actúa por lo mal que está él tras las andaluzas”, dijeron fuentes del PP en el Congreso. Así parece que tiene menos mérito. Desde la tribuna, Cuca Gamarra acusó al presidente de “responder con más de lo mismo, con ideología y no con realidad”. Aquí todo el mundo lleva la ideología tan apretada como la ropa interior. Al PP le gusta decir que bajar impuestos no tiene que ver con la ideología. Es tan falso o quizá divertido como cuando Rodríguez Zapatero decía que bajar impuestos es de izquierdas.
En otras ocasiones, en el PP no intentan liarse con estos matices. Es más sencillo inventarse las cifras. El diputado Juan Diego Requena dijo que “España es el país con la gasolina más cara de Europa”. Según los últimos datos, hay doce países europeos con precios mayores que los de España, aunque a estas alturas eso es un consuelo para muy pocos.
No hay Gobierno en Europa que pueda decir que tiene un plan que funcionará para atajar la subida de la inflación porque ese plan perfecto e indoloro no existe. Sin embargo, sí tiene la opción de reducir en lo posible su impacto en los sectores más desfavorecidos. A la parte socialista del Gobierno le gusta decir que también necesita medidas que beneficien a la clase media. No le falta razón por algo evidente: la clase media vota. Pero con el precio del petróleo y el gas a este nivel resulta imposible impedir por completo que los precios hagan daño a las economías familiares.
¿Quién deberá pagar por ello? ¿Sólo el erario público y las familias? ¿También las empresas que están obteniendo beneficios espectaculares con esos precios? Íñigo Errejón tiene una respuesta para entender las consecuencias políticas de esas preguntas: “El Gobierno nunca obtiene el menor alivio por hacer suyas las propuestas de sus adversarios: defrauda a los propios y pierde autoridad con los contrarios, que sólo redoblan su ofensiva”.
Veremos el sábado en el Consejo de Ministros si la cosa se queda en el IVA de Juanma o hay algo más que el Gobierno pueda vender como propio. No le hará ningún daño si convence a las personas que votaron a los dos partidos que lo forman.