Peinado multiplica los frentes del ‘caso Begoña’ sin lograr avances significativos

El juez Juan Carlos Peinado ha convertido lo que se inició como una investigación sobre la actividad profesional de Begoña Gómez en una causa a la que no dejan de sumarse derivadas. Nuevos frentes del caso que el magistrado alimenta apoyado en las acusaciones populares de extrema derecha sin que, por el momento, hayan arrojado avances significativos. Las últimas ramificaciones están dirigidas a escudriñar su relación con la Universidad Complutense, donde llegó a tener dos máster y una cátedra extraordinaria; su contratación en el IE África Center e incluso sus finanzas personales. 

Además de a Gómez, citada el miércoles, el juez interrogará esta semana a la asesora de la Moncloa que hizo gestiones para esa cátedra y al directivo de IE y exconsejero autonómico del PP en Madrid Juan José Güemes. Entre tanto, Peinado también se ha abierto a investigar el patrimonio de Gómez en una investigación que se aleja cada vez más del objeto inicial y que ha dejado atrás las sospechas sobre los contratos de Juan Carlos Barrabés y las cartas de recomendación en las que Manos Limpias centró su denuncia. 

Respecto a la asesora, el magistrado ya tiene identificada a María Cristina Álvarez como la persona que, según informaciones periodísticas, habría mandado correos a empresas que colaboraban con Gómez en su trabajo para la Complutense. Sin embargo, en una providencia fechada el 10 de diciembre, pidió a la Presidencia del Gobierno que aporte una lista detallada de todos los trabajadores y asesores que ejercen en el Palacio de la Moncloa. El magistrado no explica el motivo de la petición de información ni para qué quiere la lista de los cientos de personas, entre funcionarios y puestos de libre designación, que allí trabajan. La asesora está citada para declarar como testigo el próximo viernes 20 de diciembre. 

Dos días antes, el miércoles 18, comparecerá como investigado Güemes, que fue citado como testigo y acabó como imputado tras negar que hubiera dado la orden de contratar a Gómez por ser esposa del presidente del Gobierno. Ante el juez, el que fuera uno de los hombres fuertes de Esperanza Aguirre trató de explicar que la contratación de Gómez se había debido a su experiencia en el ámbito de la captación de fondos. 

Pero eso, según el juez, se contradice con lo afirmado en sede judicial por otra testigo, la directora de Recursos Humanos del IE, Sonsoles Blanca Gil de Antuñano. Esta directiva señaló a Güemes como la persona que le había dado la orden de contratar a Gómez para dirigir el IE África Center. Aseguró que su sueldo ascendía a 55.000 euros al año en 14 pagas. En un tenso interrogatorio, Peinado llegó incluso a plantear un careo entre ambos comparecientes. Finalmente, acordó que el testigo volviera de nuevo, pero como imputado, aunque no especificó ni los hechos que motivan su cambio de condición ni los delitos que le atribuye de forma indiciaria. 

No es la primera vez que Peinado imputa a un testigo después de escuchar sus respuestas en el juzgado. Lo hizo con el empresario Juan Carlos Barrabés, profesor del máster que dirigió Gómez en la Universidad Complutense y al que tiene en el punto de mira por sus adjudicaciones públicas en contratos relacionados con la innovación. Y también con el rector de la Complutense, Joaquín Goyache, que en sus dos comparecencias negó haber dado trato de favor a Gómez y se desvinculó de la creación de la cátedra que la mujer del jefe del Ejecutivo codirigió en el campus madrileño. Al igual que en el caso de Güemes, el juez tampoco ha aclarado de qué les acusa. 

El patrimonio de Gómez

El juez también se ha adentrado recientemente en otro territorio hasta el momento inexplorado: el patrimonio de Gómez. Para ello, se dirigió al Punto Neutro Judicial, que localizó 11 cuentas bancarias en las que supuestamente aparece Gómez con un saldo total de 40,25 euros. En ese listado figuraba que es “titular” en cinco cuentas, “representante” en cuatro y “autorizado” en dos. Las únicas en las que se reflejaba algún saldo son dos en las que aparecía como titular: una con 40,10 euros y otra con 0,15 euros.

La defensa de la mujer de Sánchez advirtió al juez de que esa información bancaria era “absolutamente errónea”, al tiempo que le instó a proteger sus datos personales para evitar que caigan en manos de “terceros”, incluida la prensa. El escrito presentado por su abogado, Antonio Camacho, señalaba los errores de esa información, tanto en lo relativo a la identificación de las cuentas, puesto que aparecían algunas de las que no es titular; como a los saldos, pues insistía en que es “totalmente incierto que estas cuentas tengan casi todas ellas un saldo 0”. 

Por otro lado, Camacho cuestionó que esa información se hubiera unido a la causa “con todos los datos que han sido remitidos”, entre ellos números de cuentas bancarias de los que sí es titular, “incumpliendo con ello principios básicos en materia de protección de datos personales y, con ello, normas esenciales en la tramitación de los procedimientos penales”.

Gómez está citada a declarar de nuevo el próximo miércoles después de que el juez admitiera una nueva querella presentada contra ella por la organización ultra Hazte Oír, que le atribuye los delitos de apropiación indebida e intrusismo profesional en relación con el software de la Complutense que ofrecía sin coste a algunas empresas y “sin ánimo de lucro”. Será la tercera vez que se siente delante del juez tras la apertura de la causa hace nueve meses. En las otras dos ocasiones se ha acogido a su derecho a no declarar.