Los enfrentamientos abiertos y sobre todo públicos entre tribunales y fiscalías no son muy habituales en España. Cuando dos juzgados o dos fiscales quieren investigar lo mismo, dejan que un organismo superior estudie el asunto y tome una decisión. Los comunicados, las declaraciones públicas y las acusaciones suelen estar reservados, en el mejor de los casos, para cuando se apagan los micrófonos. El choque frontal entre la Fiscalía española y la Fiscalía Europea supone un desencuentro casi inédito entre investigadores por las formas y por el fondo: es el primer conflicto de competencias público entre ambos organismos que va a acabar en manos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de Luxemburgo.
La Fiscalía Europea, tal y como explicó este periódico hace varios días, nació en julio del año pasado con el objetivo de perseguir el crimen que atente contra los fondos comunitarios. El enfrentamiento con la fiscalía española tiene una decena de hitos desde finales de febrero y es de los pocos que el organismo comunitario ha hecho públicos en su página web. Uno de ellos, sostenido en el tiempo, se mantiene con el Ejecutivo de Eslovenia y su negativa a nombrar fiscales delegados. Otro ha surgido por la negativa de Polonia a colaborar con la Fiscalía Europea.
El resto de comunicados son felicitaciones por condenas conseguidas, crónicas de colaboración con policías de otros países y operaciones llevadas a cabo con éxito con varios millones de euros recuperados. Pero el 28 de marzo una nota de prensa en su página web rompía la tendencia: varios párrafos en inglés y español en los que la Fiscalía Europea defendía su interés en investigar el contrato por el que el hermano de Isabel Díaz Ayuso cobró una comisión y en el que ofrecía una salida amistosa: dejar la decisión en manos del TJUE. Pero para entonces las dos fiscalías llevaban casi un mes cruzando comunicaciones en una pelea por quedarse el caso.
El primer asalto tiene lugar el 22 de febrero de este año, cuando la Fiscalía Anticorrupción hace público el decreto con el que decide abrir una investigación sobre el caso. Un documento firmado por el jefe de la unidad especializada, Alejandro Luzón, en el que el Ministerio Público deja claro que, por el momento, no tiene intención de dirigir sus pesquisas a la presidenta de la Comunidad de Madrid y que tampoco menciona en ningún momento la malversación de dinero público. Una semana más tarde, el 1 de marzo, llega el primer aviso de la Fiscalía Europea: un decreto que pedía a Anticorrupción una copia de sus diligencias de investigación para “valorar el ejercicio del derecho de avocación”.
Ya entonces quedaron claras las discrepancias: la Fiscalía Europea quería ir más allá que la española e investigar posibles delitos de fraude a los presupuestos de la Unión Europea y malversación. El motivo: la compra de las mascarillas en la que intervino el hermano de la presidenta pudo estar financiada con dinero del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). El 9 de marzo llegó una nueva petición de la Fiscalía Europea, tercer asalto en el que subía el tono: “A la Fiscalía española no le está legalmente reconocida la potestad de examinar la competencia de esta Fiscalía Europea, sino que debe atender a la petición de remisión de la información sin dilación, reiterando el cumplimiento de lo solicitado” en un plazo de 24 horas.
Un día después, Alejandro Luzón devolvía la pelota a sus compañeros europeos para explicar que estas diligencias, bautizadas como 3/2022, no tenían que ver con los fondos europeos: “Venía referida a conductas que afectan directa y exclusivamente a intereses nacionales, en la órbita del correcto funcionamiento de la Administración pública nacional, sin que apreciara base indiciaria suficiente en relación con los delitos de fraude y malversación”. Seis días después, el 16 de marzo, la Fiscalía Europea reclama de nuevo las diligencias y añade a la lista el delito de cohecho para insistir: “Dicha adquisición habría sido financiada íntegramente con fondos europeos”.
La última comunicación de la Fiscalía Anticorrupción española, sexto asalto de este combate, llegó el 21 de marzo, cuando aún la opinión pública no sabía nada de este enfrentamiento. En vez de enviar las diligencias a Luxemburgo, tal y como reclamaban sus colegas europeos, ponía el caso en manos de la fiscal general, Dolores Delgado. Cuatro días después, la situación trasciende por fin a los medios de comunicación.
Sabadell contra su antiguo jefe
Los protagonistas de esta historia tienen nombres, apellidos y trayectorias muy dilatadas en la lucha contra la corrupción en España. La Fiscalía Europea tiene como representante española a Concepción Sabadell, integrante de la Fiscalía Anticorrupción antes de dar el salto a Luxemburgo. Una fiscal que destacó en las jornadas del juicio contra la trama Gürtel en la Audiencia Nacional y que hasta hace un año trabajaba a las órdenes de Alejandro Luzón. El jefe Anticorrupción que encabeza la oposición a que Europa se haga cargo del caso.
El séptimo y el octavo asalto tienen lugar el mismo lunes 28 de marzo, cuando Dolores Delgado había convocado a la junta de fiscales de sala para tomar una decisión. Esa misma mañana la Fiscalía Europea emite un comunicado que, según reconocía en su primer párrafo, era algo excepcional: “Como norma general, la Fiscalía Europea no comenta casos concretos, pero considera que éste en particular tiene implicaciones más amplias”, decía antes de insistir en que el caso del contrato de Ayuso tenía ramificaciones comunitarias y que, en todo caso, la decisión podía ponerse en manos del TJUE.
La respuesta llegó esa misma tarde. La junta de fiscales de sala había decidido respaldar a Luzón y proponía una salida inexplorada: la Fiscalía española investigaría por un lado y la europea, si quería, por otro. Dos días después llegaba la respuesta de la Fiscalía Europea, esta vez en un tono más duro y con la firma de la Fiscal Jefe Europea, Laura Kövesi: una misiva en la que llegaban a acusar a la fiscal general, Dolores Delgado, de poner en entredicho la supremacía de las leyes comunitarias con su decisión. Anunciaba también que la Fiscalía Europea “seguirá con su investigación”.
Mientras, desde el Partido Popular y el entorno de la presidenta madrileña se hace pasar esta pelea competencial por una maniobra de distintas personas colocadas por el Gobierno en sus respectivos cargos. Lo hizo el portavoz parlamentario del PP en la Asamblea de Madrid en un tuit que aludía a “Lola Delgado” y “su amiga Concha Sabadell”. El conflicto ha alcanzado unas cotas inéditas en la corta vida de este organismo.
El décimo asalto llegó este viernes, cuando la Fiscalía Europea dio un paso más. La Fiscal General Europea, Laura Kövesi, remitía una carta al comisario europeo de Justicia, Didier Reynders. “La Fiscalía Europea considera que esta decisión no se ajusta a la legislación de la UE” dice sobre la última negativa de Delgado a entregar las diligencias. En Bruselas, entienden que “correspondería en última instancia al Tribunal de Justicia de la UE decidir, y debe existir un mecanismo que permita que las cuestiones preliminares lleguen al Tribunal”, informa Andrés Gil.
El resultado es que la Fiscalía española sigue investigando el caso: si el contrato de más de millón y medio de euros adjudicado a dedo en lo peor de la pandemia a un amigo de Isabel Díaz Ayuso y con su hermano como comisionista tuvo alguna irregularidad. De momento, la presidenta madrileña ya ha admitido que su hermano cobró 283.000 euros de la firma a la que su gobierno adjudicó a dedo un contrato de mascarillas y que pertenece a un amigo de la familia sin relación con el sector sanitario. El asunto ya costó la carrera política a Pablo Casado y ahora sobrevuela una posible decisión de Europa que cuestione la decisión de Dolores Delgado y la junta de fiscales de sala de monopolizar el grueso de las diligencias y proponer incluso una doble instrucción entre Madrid y Luxemburgo.