La pelea judicial entre las viejas glorias de Ultras Sur llega al Supremo con una condena de dos años de cárcel

La batalla entre viejas glorias de los Ultras Sur del Real Madrid ha llegado hasta el Tribunal Supremo. Los jueces decidirán en los próximos meses si admiten o rechazan el recurso de un antiguo dirigente de la Peña Veteranos, presidida por José Luis Ochaíta y que aglutina a antiguos cabecillas del grupo ultra del Bernabéu, contra su condena de dos años de cárcel por quedarse casi 100.000 euros de la agrupación. La Fiscalía y la asociación han pedido que su sanción sea confirmada mientras el condenado defiende, recurso tras recurso, que Ochaíta y el resto de la asociación sabían y aprobaban que esas decenas de miles de euros salieran de las cuentas de la peña para acabar en las de la madre del acusado.

La peña madridista Veteranos nació después de que el Real Madrid decidiera expulsar a los Ultras Sur de las gradas del estadio. Décadas de violencia y, en ocasiones, amiguismo con el club, terminaron con antiguos cabecillas del grupo de extra derecha aglutinados en torno a una peña que, después de décadas de violencia y de luchas intestinas con nazis más jóvenes por el control de la grada, reniegan de la violencia pero tienen sus propias guerras, aunque económicas.

Fue durante la pandemia de la COVID-19 cuando los antiguos líderes de Ultras Sur se dieron cuenta de que a la Peña Veteranos le faltaba mucho dinero. Concretamente, 98.186,02 euros que, según la investigación desarrollada por la Guardia Civil, fueron sacados en más de 660 transferencias por el acusado, vicepresidente de la asociación, para mandar el dinero a cuentas de un familiar. Lo hizo, según la Justicia, “sin estar autorizado e incorporando dicha cantidad a su patrimonio”.

Varias caras visibles de los Ultras Sur desfilaron por el juzgado en el capítulo más voluminoso que antiguos miembros del grupo de extrema derecha de seguidores del Real Madrid protagonizan desde hace años en los banquillos judiciales. Uno de ellos fue el propio Ochaíta, líder de los ultras durante su etapa de mayor influencia en Chamartín: “Era más que un hermano”, dijo en el juicio al hablar sobre su antiguo compañero.

La Audiencia Provincial de Madrid impuso dos años de prisión por un delito de apropiación indebida al ex vicepresidente de la peña, además de una multa de 1.080 euros y la obligación de devolver los casi 100.000 euros que sacó, poco a poco y en más de 600 transferencias, de las cuentas de la peña. Una condena que confirmó hace varios meses el Tribunal Superior de Justicia de la capital con el caso a la espera de un pronunciamiento del Supremo.

El TSJM madrileño descartó los argumentos del condenado, que alegaba que la gestión de la Peña Madridista Veteranos era un “perfecto desbarajuste”, que ni el presidente ni el tesorero cumplían sus funciones y que todo el dinero que cogió lo hizo “con conocimiento pleno” de la directiva por su trabajo. Esos argumentos “pretendidamente jurídicos”, dijo el tribunal madrileño, no impulsaban su “confusa y deslavazada” exposición de hechos alternativa.

Los integrantes de esta Peña que en el pasado lideraron Ultras Sur perdieron el timón del grupo cuando una facción más joven y con un renovado apetito por la violencia se puso al frente. Señalados entonces por integrarse en la nueva Grada Joven de Florentino Pérez, Ochaíta y los suyos se lanzaron a fundar esta nueva peña, llamada 'Veteranos', que a día de hoy cuenta con más de un millar de socios.

La Fiscalía pide confirmar la condena

La batalla legal entre este antiguo directo de la peña que aglutina a los antiguos líderes de Ultras Sur y sus colegas no se ciñe solo a este proceso penal. Fuentes jurídicas explican a este periódico que José Luis Ochaíta, presidente de la peña y exlíder del grupo ultra, ha declarado como investigado bajo la acusación de difundir la ficha de detención del condenado.

En el caso de la apropiación indebida de casi 100.000 euros de las cuentas de la Peña Madridista Veteranos, tanto la Fiscalía como la acusación han pedido que su condena de dos años de presidio sea confirmada. “La justificación que alega de ser retribuciones por su trabajo ha sido contradicha por varios testigos que realizaban la misma función”, explica el Ministerio Público en su escrito de impugnación.

El Supremo tendrá que decidir en los próximos meses si inadmite el recurso o aceptar estudiar sus alegaciones. Los tres motivos, como en instancias anteriores, pasan por denunciar la falta de pruebas para haber sido condenado, denunciar que la sentencia predeterminó el fallo y también que no se tuvieron en cuenta documentos que aportó el mismo día del juicio.